Los tres crímenes de ETA que se cerraron sin justicia para las víctimas de Valladolid

Los números pueden ser exactos, pero son injustos.

Una cifra no cuenta una historia por sí sola.

Por ejemplo, 853.

Es un dato frío, sin contexto, pero que se muestra horroroso, intolerable, en cuanto se le pone un apellido. 853 asesinatos, 853 asesinados.

Es el cruel reguero de dolor que la banda terrorista ETA ha impuesto a la reciente historia de España. 853 víctimas mortales. Y hay más números. «Al menos 2.500 personas heridas, un centenar de secuestros, varios miles de empresarios exterminados», enumeran Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y la periodista María Jiménez Ramos. Juntos han escrito 'Sin justicia', un libro que acaba de publicar Espasa y que suma otra cifra al sangriento legado de ETA: más de 300 asesinatos sin resolver.

Más de 300 víctimas que fallecieron sin que sus familias, sus amigos, recibieran una reparación por parte de la justicia. Hay casos en los que la investigación se topó con un callejón sin salida. Otros en los que no hubo pruebas suficientes para llegar a una condena (en ocasiones, porque las técnicas forenses y de ADN no estaban tan desarrolladas como en la actualidad). Muchos que han prescrito o quedaron impunes por la Ley de Amnistía de 1977. «En el 42% de los casos no se ha podido identificar a los autores», explica Domínguez, quien recuerda que casi tres cuartas partes corresponden a los años de plomo, finales de los 70 y principios de los 80, «con una ETA rampante, con una actividad muy potente». «En aquel tiempo, las fuerzas de seguridad estaban a la defensiva. No tenían recursos suficientes, ni coches blindados, ni chalecos antibalas. Y a esto se unía que carecían de colaboración ciudadana. No había testigos. Nadie veía nada», explica el autor de 'Sin justicia'.

Hay otros casos en los que los autores de los asesinatos fallecieron. «Y con eso acabó el procedimiento penal». En 21 murieron todos los terroristas. En 60 casos, alguno de los autores implicados. Hay situaciones en la que se llegó a juicio, pero sin indicios suficientes para alcanzar una condena. Y otras en las que no se contó con la colaboración de otros países. En 50 casos, la detención no fue posible porque se denegaron las extradiciones (desde Francia, Venezuela, Cuba o Cabo Verde).

«Para las familias afectadas, que no haya justicia es todo. Pero si nos comparamos con otros países que sufrieron o sufren violencia extrema, estamos mejor. En Irlanda del Norte hay un 80% de impunidad. En Córcega también», cuenta Domínguez.

Son heridas nunca cerradas porque la «ausencia de justicia» impidió que cicatrizaran. Y entre esas 300 llagas, esos 300 asesinatos que quedaron impunes, los de tres vallisoletanos (70 en toda Castilla y León). Luis Martínez Marín, un agente comercial retirado que fue víctima de una masacre en una cafetería en Madrid. Benito Arroyo Gutiérrez, un guardia civil con raíces en La Seca a quien pegaron dos disparos cuando iba en su coche a trabajar. Jesús Ildefonso García Vadillo, un alcazareño que trabajaba en Galdácano a quien acribillaron a tiros ante los ojos de su hija de cinco años. Luis, Benito y Jesús Ildefonso, sin justicia.

Con su libro, Domínguez y Jiménez Ramos completan la vertiente judicial con otra mirada: la verdad histórica. «Tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto tienen derecho a conocer las circunstancias en las que alguien perdió la vida y, en la medida de lo posible, arrojar luz sobre ellas. Este es el objetivo de la verdad histórica». Y esta es la historia verdadera de tres personas (vallisoletanas o con raíces en la provincia) que fueron asesinadas por ETA con unos crímenes por los que nadie pagó.

Al principio, nadie vio nada sospechoso en esa joven pareja que entró, minutos antes de las 14:30 horas, en la cafetería Rolando, en la calle Correo de Madrid. Al ladito de la Puerta del Sol. Llegaron con una bolsa de plástico, dijeron los testigos después. Seguro que también con una mochila. Se sentaron en una de las mesas que había libre en el local. Uno de ellos tal vez dijo: 'Voy un segundo al baño'. Se levantó, bajó las escaleras hasta los servicios (que estaban en el sótano) y al poco volvió.

Era la hora de comer y un local concurrido en el centro de Madrid. Allí trabajaban once personas, entre ellas, Manuel Llanos Gancedo, un joven camarero criado en Villablino. Allí había muchos clientes, como María de los Ángeles Rey Martínez, una estudiante burgalesa, de veinte años, que acudió a comer con un grupo de amigas. Allí estaba también Luis Martínez Marín, 78 años, un agente comercial jubilado, nacido en Valladolid en 1896, que llevaba ya años en Madrid.

Vivía en la calle Fernández de los Ríos, en Chamberí. Se había acercado a la cafetería Rolando (antigua cervecería La Tropical) justo el peor día para hacerlo y en la peor hora posible. El 13 de septiembre de 1974. A las 14:30 horas. Más o menos en ese momento, una persona regresó de los baños y se sentó en la mesa donde le esperaba su pareja.

Dijeron con aspavientos que se marchaban, sin pedir y sin consumir, apenas unos minutos después de haber entrado en el local, indignados porque nadie les había atendido. Instantes después, una bomba explotaba y destrozaba el local. El techo de la cafetería cayó sobre los clientes. Murieron trece personas. Hubo 73 heridos. Fue el atentado de ETA con más víctimas hasta el coche bomba del Hipercor de Barcelona, en 1987. La investigación posterior calculó que se habían usado treinta kilos de dinamita y tuercas de dos centímetros de diámetro que hicieron las veces de metralla. La onda expansiva provocó daños hasta la segunda planta del inmueble.

El periodista Enric González, que analizó esta masacre para un reportaje, lo bautizó como el atentado fallido de ETA. Domínguez y Jiménez Ramos recuerdan en su libro que esta acción terrorista enfrentó a dos sectores, con la escisión de ETA militar. La banda no reconoció la autoría, aunque al día siguiente los medios ya apuntaban a ella. Solo 44 años después, en 2018, en 'Zutabe', el último boletín interno antes de su disolución, ETA se responsabilizó de un atentado en el que nada resultó como los asesinos esperaban.

Desde hacía meses, tres terroristas peinaban Madrid para trazar el mejor plan con el que matar a Carrero Blanco, presidente del Gobierno durante la dictadura. Eran Domingo Iturbe Abasolo 'Txomin', José Manuel Pagoaga Gallastegui 'Peixoto' y José Ignacio Múgica Aguirre 'Ezkerra'. En su informe, contaron que cerca de la Dirección General de Seguridad había un bar donde solían acudir los policías a comer y tomar algo porque la cantina del organismo oficial no ofrecía menús de buena calidad.

ETA vio ahí la oportunidad de provocar una masacre que matara a varios agentes.

Al final, de las trece víctimas mortales, solo una era policía, el inspector Félix Ayuso Pinel (quien falleció en 1977 a consecuencia de las heridas de la explosión). El resto, como el vallisoletano Luis Martínez Marín, nada tenían que ver con las fuerzas de seguridad. Y eso no fue visto con buenos ojos por la cúpula de ETA.

¿Pero quiénes fueron aquellos dos jóvenes autores de la matanza? ¿Quién era aquella pareja que entró en el bar, dejó una bomba y luego se marchó? Él era Beñat Oyarzábal Bidegorri, alias 'Albert', 24 años, un 'cachorro' que había participado en una operación frustrada para secuestrar a Juan de Borbón en la Costa Azul. Ella, María Lourdes Cristóbal (alias 'La Pompadour'), 21 años, hija de un militante comunista de Irún.

El 9 de septiembre de 1974, cuatro días antes de la explosión, salieron de Bayona en un coche con diez kilos de explosivos en el maletero. En Madrid, en la plaza de la Cibeles, se reunieron con la escritora y psiquiatra Genoveva Forest (esposa del dramaturgo Alfonso Sastre), quien los acogió durante varios días en su casa. Los terroristas habían hecho un croquis de la cafetería Rolando, habían apuntado las horas de mayor afluencia, habían pensado que seguramente los baños eran el mejor lugar para dejar los explosivos.

Eso hicieron.

Murieron trece personas.

González cuenta en su reportaje que Beñat y Lourdes se quedaron por los alrededores, que se fundieron con los muchos curiosos que se acercaron a la zona después de la explosión. Dice que Lourdes incluso lloró. La pareja se refugió después en el mismo piso franco de Alcorcón en el que meses antes se escondieron los autores del atentado contra Carrero Blanco. Después se marcharon a Barcelona en tren y de ahí pasaron a Francia.

La mayor parte de estos datos están en el sumario 2/77, una investigación que se cerró en 1978 en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Por ella, «se paralizaron las investigaciones en curso, anularon las órdenes de búsqueda y captura, se puso en libertad a los acusados a la espera de juicio y se extinguió definitivamente la responsabilidad penal sobre 62 asesinatos que llevaban el sello de ETA», cuentan los autores de 'Sin justicia'. Entre esos 62 crímenes estaba el de la cafetería Rolando, donde murió el vallisoletano Luis Martínez Marín, 78 años, antiguo agente comercial. Los culpables nunca fueron juzgados ni acusados.

Cada día, a la nueve de la mañana, Benito Arroyo Gutiérrez cogía su coche, un Mini Morris de color rojo, para ir a trabajar. Tampoco tenía que hacer muchos kilómetros. Apenas la distancia que separaba su casa, en Itziar (Guipúzcoa), del cuartel de Deba, donde llevaba ya veinte años destinado, justo desde que salió de la academia. Porque Benito Arroyo Gutiérrez, con raíces salmantinas y en la localidad vallisoletana de La Seca, era guardia civil.

El 23 de febrero de 1979, Benito cumplió con su rutina. Salió de casa. Se había despedido de Maite Alcibar, su mujer, natural de Itziar y fundadora de la ikastola de la localidad. También de sus dos hijos, de 12 y 14 años. Se montó en el coche, recorrió los primeros 300 metros y se detuvo al llegar al cruce con la Nacional-634 (San Sebastián-La Coruña). Un stop y la prudencia le obligaron a parar. Como hacía todos los días. Como no volvió a hacer nunca más.

Frente a ese cruce había una explanada que se utilizaba como aparcamiento. Muchos vecinos de la localidad dejaban allí sus turismos. Allí estaba estacionado un Seat 124 del que se bajaron dos terroristas. Metralleta en mano, se acercaron al lateral izquierdo del vehículo de Benito. Y empezaron a disparar. Una bala en el pecho. Otra en la cabeza. Durante la investigación posterior, se contaron 16 impactos en el coche. La Guardia Civil encontró catorce casquillos. Y certificó los disparos en el cuerpo de Benito. El atestado dice que el coche, por inercia, avanzó durante unos metros sin control, atravesó la carretera y se estrelló contra un talud. Después de vaciar los cargadores de sus metralletas, los asesinos huyeron a pie para esconderse en la sala de fiestas Txitxarro, a escasos 50 metros del lugar, y que en septiembre de 2000, 21 años después, fue destruida en otro atentado de ETA.

Benito perdió la vida en el acto. Un grupo de personas que estaba por la zona y que lo conocían cogieron el cadáver y lo llevaron a su casa, donde su viuda instaló la capilla ardiente. Al día siguiente, la foto de Maite, velando el cuerpo de su marido, se publicó en los periódicos locales. El dolor en portada.

Horas después, ETA se hacía responsable del atentado. En un comunicado decía que Benito Arroyo tenía «un puesto significativo» dentro de la Guardia Civil, «donde se dedicaba a tareas de información, seguimiento e infiltración respecto a personas y grupos claramente posicionados con las organizaciones políticas y de la izquierda abertzale». Que Benito, de origen castellano, supiera euskera y llevara veinte años plenamente integrado en la sociedad vasca, era visto con sospecha. Un infiltrado, lo veían. En realidad, el agente estaba destinado en la intervención de armas y, entre otras tareas administrativas, se encargaba de tramitar los permisos de los cazadores para tener escopetas.

La investigación penal del caso recayó en el juzgado de instrucción central número 2. Los datos están recogidos en el sumario 69/79. Cinco meses después del asesinato, el caso fue sobreseido, ante la incapacidad de identificar a los asesinos. «El caso, ya prescrito, quedó sin resolver», resumen Domínguez y Jiménez Ramos.

Jesús Ildefonso y su esposa Idoia estaban felices. Tenían una cría de cinco años y nada parecía ir mal en el nuevo embarazo de la pareja. Ya habían llegado a la mitad, faltaban cuatro meses para que la familia se ampliara con un nuevo miembro. Pero el bebé nunca llegaría a conocer a su padre. Antes, ETA lo mató.

Fue la tarde del 29 de abril de 1985, en Galdácano (Vizcaya), donde Jesús Ildefonso, de 32 años, trabajaba como analista químico, en la empresa Aceros Echevarría. Natural de Alcazarén, se había mudado hace casi seis años. Primero vivió en Bilbao. Luego, en Galdácano.

Aquel día, sobre las 18:00 horas, se había acercado hasta la parada del autobús para recoger a su hija, a la salida del colegio. Seguro que se besaron. Caminaban rumbo a casa, cogidos de la mano, cuando una pareja armada se les acercó. El hombre disparó a Jesús Ildefonso, que, herido, cayó al suelo. La víctima empezó a pegar patadas a su agresor y consiguió que el segundo de los disparos no le alcanzara. Pero la mujer dio dos pasos adelante y disparó dos veces más.

Los testigos contaron que Jesús Ildefonso gritaba 'No soy yo, no soy yo', que su hija, la niña de cinco años, imploraba 'Dejad en paz a mi papá'. Jesús Ildefonso tuvo todavía fuerza para levantarse e intentar huir. Quiso correr, tropezó, cayó al suelo, se arrastró durante cerca de treinta metros hasta apoyarse, ya sin fuerzas, en la fachada de un supermercado cercano. Allí, en el suelo, los terroristas lo remataron.

Recibió cuatro impactos de bala: dos en la cabeza, otro en un omóplato, otro más en el cuello. En la zona se encontraron seis casquillos (de balas marca FN y calibre 9 mm parabellum). Cuentan los testigos que la hija se quedó junto al cuerpo de su padre hasta que una mujer la llevó a una farmacia. Una ambulancia trasladó a Jesús Ildefonso hasta el hospital de Basurto. Llegó muerto. Los periódicos del día siguiente publicaban que la viuda no dejaba de repetir: «Tienen que haberse confundido».

Y todo parece indicar que así fue, que los etarras pensaron que Jesús Ildefonso era un policía del cuartel de Basauri al que se parecía. «Ha sido una de las víctimas más absurdas e inhumanas que se ha cobrado el terrorismo», dijo al día siguiente Ignacio López, gobernador civil de Vizcaya, durante el funeral, celebrado en la parroquia de Santa María de la Asunción, en Galdácano. Sus compañeros de trabajo convocaron un paro y una manifestación por las calles de la localidad. En la acera donde lo asesinaron, colocaron una corona de flores. Días después, el 8 de mayo, hubo una misa funeral en Alcazarén, su localidad natal.

¿Qué pasó con sus asesinos? Meses más tarde, el 2 de julio, agentes de la Policía Nacional interceptaron un coche robado que conducía José Félix Zabarte Jainaga, un liberado del comando Vizcaya. Lo detuvieron e interrogaron. El informe que los agentes enviaron al juzgado decía que Zabarte había reconocido que el asesinato de García Vadillo era obra del comando al que pertenecía, y en el que también estaban Carmen Gisasola y Armando Ribeiro Tormo. Dijo también que pensaban que la víctima era un policía y que se habían equivocado, aunque ETA siempre defendió en público que «colaboraba con el enemigo».

Zabarte no firmó su declaración. Negó ante el juez haber dicho esas palabras. Y las pruebas tampoco ayudaron mucho. Cuando lo detuvieron en ese coche robado, el etarra llevaba encima una pistola que había sido utilizada en cinco asesinatos. Eso sirvió para que le cayeran cuatro condenas. Pero no fue el arma con la que se había disparado a García Vadillo. Ante la falta de más pruebas, la causa quedó sin resolver.

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