Los dos agentes de la Policía Local destinados en el depósito pasean por delante de los vehículos intervenidos por orden judicial. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Un tercio de los vehículos del depósito municipal, intervenidos por orden judicial

Los embargos de Hacienda y las implicaciones en algún tipo de delito alargan la estancia de los coches en las dependencias gestionadas por la Policía Local

Álvaro Muñoz

Valladolid

Martes, 6 de junio 2023, 00:08

Ruedas desinfladas y baterías, se supone porque los vehículos no se arrancan, descargadas. Es la imagen que ofrece el estado de los vehículos intervenidos por orden judicial en el depósito municipal de Valladolid. El tiempo hace sus estragos y deja estos coches prácticamente inhabilitados ... para un funcionamiento futuro. No hay procedimiento breve en la justicia y eso los vehículos lo sufren.

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De esta forma, el 33% del total de los vehículos aparcados en las dependencias del Camino Viejo de Simancas tienen una orden judicial que imposibilita que no sean devueltos a sus propietarios, a no ser que otra orden judicial diga lo contrario. Ese porcentaje supone que de los 1.100 coches que hay, 360 tengan el distintivo de vehículo intervenido en los salpicaderos. Y ahondando en esa cifra, 268 están en el depósito por orden de los juzgados y los restantes por embargos o deudas cuya ejecución supone la entrega del coche.

Con estos antecedentes, el trabajo para la pareja de agentes de la Policía Municipal de Valladolid destinados en el depósito se ha disparado. Gestionar las plazas libres les ha dado algún quebradero de cabeza, pero en los últimos meses han despejado espacio con la elaboración de más de cien informes remitidos a juzgados de toda la geografía nacional. Desde los de Valladolid y Medina del Campo hasta los de Bilbao, por poner un ejemplo. ¿El objetivo? Dar salida a los coches, algunos de gran cilindrada y otros un poco más destartalados, que acumulaban más de una década sin moverse de la misma plaza.

Más de cien escritos remitidos de los que tan solo han obtenido respuesta el 40%. Y de ese porcentaje, el 20% ha dado una solución. «Sin ninguna duda el Juzgado que más se ha implicado es el de Instrucción 3 de Valladolid. El peor no lo vamos a decir», comenta esta pareja de policías que han preferido omitir su identidad.

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Un BMW Z3, una reliquia desde 2006

Su estado, obviando la luna trasera, es impecable. Se mantiene en buenas condiciones a pesar de sumar 17 años sin ser arrancado. Desde 2006. Un BMW Z3 atesora en estos momentos el récord de permanencia en el depósito municipal. Y todo esto sin visos de abandonar la zona. Una situación que ha propiciado que el vehículo, catalogado de alta gama, haya pasado ya por tres depósitos municipales diferentes.

Porque día sí y día también han destinado su jornada laboral a buscar una solución a todos esos coches que acumulaban más de diez años en el depósito. «Es complejo. Es un proceso muy garantista y en algunos casos no sabemos en qué juzgado está», apuntan. De hecho, después de despejar espacio quedan actualmente en el depósito 75 coches que llegaron antes del 2011 y quién sabe si en un futuro acabarán en un desguace tras declararse, tras un tedioso procedimiento burocrático, en residuo sólido urbano o si salen a subasta.

Rodrigo Jiménez

Tras abordar la situación hasta el año 2011, su trabajo, además del que desempeñan diariamente con la entrada y salida de vehículos retirados por las grúas, se centrará en las próximas semanas en analizar cómo se encuentra el depósito con esos coches que llegaron en 2012 en adelante. Son el grueso del depósito, aunque son conocedores de la complejidad del asunto.

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De los coches a las armas

Los vehículos intervenidos por algún delito son un ejemplo de las denominadas piezas de convicción (aquellas que son objeto de ocupación, retención y custodia por los juzgados). Armas, drogas y todo bien en una escena del delito se interviene y sigue su cauce particular.

Por su parte, a lo que concierne las drogas el supuesto normal debe ser la destrucción inmediata. Unas normas que se aplican también a los efectos intervenidos en relación a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, una vez examinados pericialmente.

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Sobre las armas de fuego, el reglamento prevé que la autoridad judicial las puede mantener en los locales de los Juzgados mientras dure el procedimiento, pero que si consideran que no pueden ser custodiadas en este lugar con las condiciones adecuadas de seguridad, las podrá remitir a la intervención de las armas de la Guardia Civil, como es el caso en Castilla y León.

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