La Fiscalía desiste de recurrir la prescripción de delitos de los nueve del 'Caso PGOU'

El juicio, que tenía que haberse celebrado desde el pasado día 18 de septiembre, había quedado paralizado después de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial dictara la prescripción de delitos para diez de los catorce encausados y la Fiscalía de Valladolid, disconforme con tal postura, anunciara recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, ahora la Fiscalía del Alto Tribunal ha comunicado que desiste de seguir adelante con el recurso al no encontrar base para ello, con lo que han quedado definitivamente fuera del proceso los nueve afectados, los empresarios Gonzalo Jolín, Ramón Herrero Merino, María Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán, José Ángel Astorga, Antonio Roberto Pastrana, los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo, que se enfrentaban inicialmente a posibles penas de entre dos años y medio y ocho años de cárcel.

Un décimo procesado, para el que también se había aplicado la prescripción, el religioso Lino Collazos, ya había quedado fuera del anunciado recurso de la acusación pública debido a que tan sólo estaba acusado por la acción popular, ejercida por la Federación de Vecinos Antonio Machado, cuyo letrado había optado por no recurrir.

Lo acordado por la Fiscalía del Supremo evita que el juicio no pueda celebrarse antes de un año, plazo estimado para la resolución del recurso que finalmente no se sustanciará, con lo que el tribunal sentenciador, la Sección Cuarta de lo Penal, podrá ahora fijar nueva fecha de juicio, lógicamente ya para 2019.

El juicio seguirá contra la cúpula de Urbanismo por aquel entonces del Ayuntamiento de Valladolid, compuesta por el que fuera concejal de este departamento, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada.

A los tres primeros, Fiscalía solicita cuatro años de prisión, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional, en calidad de autores de un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio.

Por su parte, al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien la acusación pública pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

La acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.

Se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.