La súperinflación se come en un año casi 500 millones del ahorro de los vallisoletanos

La cantidad de dinero que los hogares y empresas de la comunidad pueden llegar a tener depositada en las entidades financieras parece no tener límite. En diciembre de 2019 ascendía a 70.000 millones de euros, un año después escalaba a 76.500 y en 2021 superaba los 79.000 millones. En años anteriores crecía a un ritmo del 1% o 2% anual, pero desde el estallido de la pandemia ha registrado incrementos del 9% y el 3% en los dos últimos ejercicios, según la información proporcionada por el Banco de España.

El miedo y la incertidumbre de los últimos tiempos pesan más que el interés de los ahorradores por correr algún riesgo mediante la búsqueda de instrumentos con los que rentabilizar su dinero. Los últimos datos disponibles de inversión de los castellanos y leoneses en fondos de inversión colectiva son del cierre de 2020 y revelan que ascendían a 20.296 millones de euros. Si los confrontamos con los 76.459 millones en depósitos, la conclusión es que la población tiene el 21,7% de su patrimonio monetario en instrumentos de inversión y el 88,3%, en cuentas de ahorro. Además, ante lo cambiante de la situación económica, los ciudadanos de la región tienen ocho veces más dinero en depósitos a la vista que en depósitos a plazo.

El hiperencarecimiento de los precios de la electricidad y del gas ha impactado con dureza en todo tipo de productos y servicios y se traduce en un Índice de Precios de Consumo (IPC) que se encuentra en niveles desconocidos desde hace tres décadas. En diciembre de 2021 se registraba en España una tasa interanual del 6,5% y mes tras mes sube otro escalón. El último dato, de febrero, marcaba un 7,6% en el conjunto del país y casi un punto más, el 8,5% en Castilla y León. Esta escalada está empobreciendo a familias y empresas a grandes zancadas. Algunas de las últimas buscan descolgarse de sus convenios colectivos por tener pactadas subidas salariales vinculadas a la inflación o, incluso, con décimas de mejora.

La consecuencia más directa de la cabalgada de los precios es la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos. La subida pactada en los convenios colectivos que se firmaron el año pasado o que estuvieron vigentes en 2021 se situó en Castilla y León en el 1,40%. La provincia con incremento más elevado fue Segovia, con el 2,13%, mientras que Valladolid fue la que menor alza registró, con el 1,02%, según la estadística del Ministerio de Trabajo. Si se acude a la Encuesta de Coste Laboral del INE y se extrae la media salarial de los cuatro trimestres del año pasado, el resultado es un salario autonómico medio de 1.830 euros brutos por trabajador y mes. La cifra es un 5,1% superior a la del ejercicio de 2020, si bien hay que tener en cuenta que en el año del estallido de la pandemia cientos de miles de trabajadores estuvieron en ERTE en algún momento, con una pérdida salarial de hasta el 30% en dicho periodo.

El mordisco de la inflación también llega al ahorro bancario. El tipo de interés medio con el que las entidades de crédito remuneraron los depósitos a la vista (cuentas y libretas) en 2021 fue del 0,02%, según el Banco de España. Por efecto del incremento de la inflación, tener el dinero en un depósito para que esté disponible inmediatamente si fuera necesario y para protegerlo de los vaivenes de los mercados se traduce también en este caso en una pérdida de poder adquisitivo y una devaluación del ahorro. Si se toma el dato de inflación media del conjunto del año pasado, 3,1%, y se resta del dinero depositado en fondos, el resultado es demoledor.

Los vallisoletanos, que tienen depositados en sus cuentas corrientes 15.760 millones de euros al cierre de 2021, han perdido 488,5 millones de poder de compra. Los palentinos, con 5.096 millones en el banco, sufren una merma de 158 millones. Los segovianos, con 4.599 millones atesorados, soportan una devaluación de 142,5 millones. Y el conjunto de castellanos y leoneses, con sus 79.000 millones de euros, habrían visto 'evaporarse' 2.450 millones de su capacidad de gasto.