Las subastas judiciales 'on line' adjudican en un lustro pisos de Valladolid por 49,5 millones

Indica la letrada Almudena Alonso, en cuyo despacho están especializados en este tipo de adjudicaciones, que desde la crisis de 2008 la mayoría de subastas judiciales proceden de deudas hipotecarias impagadas tanto de compra de viviendas de particulares como de inmuebles de empresas donde desarrollaban su actividad y que el banco ejecuta y saca a subasta. Son los secretarios judiciales y los procuradores de los tribunales los que se ocupan de tramitar y realizar el seguimiento de estas subastas judiciales. El hecho de que sean 'on line', señala Alonso, «es más cómodo pero también más incontrolable que antes, cuando la subasta se realizaba en un acto presencial en el juzgado». Normalmente el porcentaje de puja es muy bajo y al final los bienes se los adjudica el propio banco en pago de la deuda. Una explicación a este bajo nivel de puja en las subastas puede obedecer, apunta esta abogada, «a que la mayoría de las viviendas que salen a subasta judicial es por impago de las hipotecas y las viviendas habituales se protegen, es decir, no pueden salir por un precio inferior al 70% del valor de tasación, luego no se trata de gangas».

La provincia de Burgos sigue a Valladolid en número de subastas (1.026) pero le supera en valor de los bienes adjudicados, con un monto total superior a los 75 millones de euros y casi un 43% de pujas. En volumen económico de estas pujas, a Burgos le sigue Salamanca, con adjudicaciones de 794 bienes por valor de 63,7 millones. León es la tercera provincia en cuanto a bienes subastados, 995, por un valor de 38,7 millones de euros. De Ávila solo se produjeron 405 subastas por 14,5 millones desde que se estrenó el portal; En Palencia fueron 258 bienes adjudicados por 10,5 millones de euros; 483 en Segovia, por 17,7 millones; 146 en Soria, por 3,1 millones; y se subastaron 349 embargos por 13,1 millones. La mayoría de los bienes subastados en Castilla y León fueron inmuebles y, en menor medida, joyas y vehículos.

En el último lustro se han registrado 110.537 subastas en toda España, con un volumen adjudicado que suma más de 7.114 millones de euros y 130.370 postores, según los datos estadísticos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática facilitados por el Ministerio de Justicia. Más del 66% del total de estas subastas judiciales electrónicas concluyeron sin postor.

La subasta judicial es uno de los medios que permiten transformar en dinero los bienes hipotecados o embargados a particulares o empresas, con el fin de que el demandado pueda pagar la deuda reclamada con la cantidad que se obtenga en ella. Puede subastarse todo lo que tenga un valor económico: inmuebles, vehículos, muebles (joyas, cuadros, maquinaria) y cualquier otra clase de bienes o derechos. En octubre del 2015, con el fin principal de dar salida a las ejecuciones hipotecarias producto de la crisis económica sobrevenida tras el 'boom' de la construcción, se puso en marcha el sistema de subastas electrónicas a través de un portal único de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El procedimiento se contempla en laLey 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y pretende hacer más transparente el sistema (antes en manos de subasteros profesionales) y obtener el mayor rendimiento posible de la venta de los bienes. Pero el sistema 'on line' sigue siendo bastante desconocido. Los ciudadanos pueden intervenir directamente una vez registrados en el portal sin necesidad de desplazarse a las sedes u oficinas para realizar las pujas. Además pueden recibir alertas sobre subastas de bienes en las que pudiera estar interesado, tanto inmuebles (viviendas, garajes, solares), como muebles (maquinaria, mobiliario) y vehículos (automóviles, vehículos industriales y otros).

El artículo 645.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, después de la modificación introducida por la Ley 19/2015, de 13 de julio establece que la convocatoria de la subasta se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, y este anuncio sirve de notificación al ejecutado no personado. Son los letrados de la Administración de Justicia (secretarios) de cada juzgado que lleven los procedimientos de ejecución los encargados de ordenar la publicación del anuncio de la convocatoria de la subasta y de forma telemática, al BOE. Solo a efectos informativos el anuncio de la subasta se publica en el portal de la Administración de Justicia. Salvo supuestos de justicia gratuita, para acreditar la participación en una subasta es necesario consignar el 5% del valor de tasación de los bienes a través de la pasarela de pagos de la Agencia Tributaria.