El sospechoso del crimen de la niña Sara está fichado por malos tratos

Al menos, en el haber de este hombre constan dos procedimientos: el primero, por un caso de malos tratos fechado en 2007 en su lugar de nacimiento, Medina del Campo, que, según ha manifestado, «no llegó a nada»; y otro, por delitos contra la propiedad, que podrían estar relacionados con la supuesta venta de las piezas que tenía que colocar en los vehículos de sus clientes, lo que he habría generado varias denuncias. Fuentes próximas a la investigación indicaron ayer que ha nacido en el seno de una «familia normal y muy conocida», que había sido «un chico como todos hasta los 20 años, cuando se marchó del pueblo, se juntó con malas compañías y empezaron a achacarle fama de persona conflictiva». En su entorno explicaban que la familia, que ha declinado realizar declaraciones sobre el caso, «está completamente destrozada y en estado de shock, y que se enteraron por el periódico». Lo que sí apuntan es que solo llevaba con Davinia M. G. «poco más de 20 días de relación, ni un mes», aunque de la investigación se desprende que la convivencia era de bastante más tiempo y que se conocían y relacionaban a través de las redes sociales desde hace al menos seis meses.

Roberto H. H. tiene tres hermanos y, aunque ha tenido sus más y sus menos con su familia, siempre ha mantenido los vínculos con su pueblo natal, aunque desde muy joven estuvo fuera, en Madrid, Galicia y Valladolid. Al parecer, durante su vida de militar habría protagonizado incidentes y peleas y se le atribuyen, incluso, relaciones con grupos de neonazis y radicales de ultraderecha.

Una personalidad bastante alejada de la que muestra en público su pareja, Davinia M. G., quien, según fuentes de su entorno laboral, parece «sumisa, inestable, con un carácter muy alejado del prototipo de militar profesional». Les sorprende, indican, que pasara las pruebas para el Ejército, «porque no podría participar en una misión, ni llevar armas». Sin embargo, fuentes vecinales comentaron el día del fallecimiento de la pequeña que habían denunciado en varias ocasiones a la Policía los gritos y lloros de las niñas que oían, y que dejaron de hacerlo porque ella les amenazó. Sostienen que era ella quien podía hacer daño a las niñas porque cuando el padre de la pequeña Sara estaba en casa, todo se apaciguaba.

La madre de Sara y de A. (de 12 años, hija de una relación anterior, que en la actualidad está tutelada por la Junta en un centro de acogida de la provincia de Valladolid) es cabo del Ejército de Tierra destinada a Comunicaciones y en servicio activo en el Palacio Real de la capital vallisoletana. En su puesto estaba cuando Roberto H. H. le avisó para que fuera al Clínico el fatídico 2 de agosto, porque su hija pequeña había ingresado en estado crítico. Por eso llegó a Urgencias Pediátricas vestida de militar. Y allí fue donde estaba, en el hospital, cuando la llamaron los técnicos de Servicios Sociales de la Junta para recriminarla porque había vuelto a dejarlas plantadas en la cita que habían acordado en el domilio de la Rondilla para comprobar las condiciones en las que vivía la pequeña. Fue ese día cuando le retiraron la tutela de las dos menores, pero la medida de protección llegaba tarde para la pequeña de 4 años. Falleció a la mañana siguiente, el 3 de agosto. En el hospital, sanitarios muy curtidos que han visto de todo, han confesado después que se les congeló el alma cuando vieron el estado en el que ingresó la niña en el hospital.

La madre y su pareja fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, en funciones de guardia. La magistrada, María Teresa Javato Martín, ordenó el ingreso en prisión de los detenidos, que entraron en Villanubla al día siguiente. Llevan 28 días en prisión preventiva, comunicada y sin fianza a petición de la Fiscalía, por considerar que puede existir riesgo de fuga o destrucción de pruebas y porque las penas a las que se exponen superan los dos años de prisión. Sin embargo, el letrado del exmilitar ha solicitado la libertad para su defendido. Está a expensas, como el resto de las partes, de que se levante el secreto de sumario. El próximo domingo día 3 de septiembre se cumple un mes desde que la jueza ordenara el secreto de las actuaciones, y tiene la potestad de prorrogarlo. En la actualidad, un procedimiento de estas características tiene un plazo de conclusión de seis meses, a no ser que el fiscal solicite la declaración de causa de especial complejidad para poder exceder ese tiempo.

También la Asociación Clara Campoamor, que solicitaba el pasado 7 de agosto al Juzgado poder personarse como acusación popular en el caso de Sara, espera respuesta de la magistrada. Los tíos de la pequeña asesinada, asesorados por el gabinete jurídico de la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales, estudian personarse como acusación particular en el procedimiento, según indicaron en la rueda de prensa del pasado sábado. Culpan al novio de su hermana, a quien conocieron el pasado 14 de julio, del asesinato. Pedro M. G. acudió el pasado 28 de julio al domicilio de La Rondilla para visitar a sus sobrinas y, según relató, se encontró con el novio de su hermana «semidesnudo», aplicándole hielo a la pequeña sobre un ojo, que lo tenía amoratado e hinchado. Tras intentar convencerles sin éxito para que llevaran a la niña al hospital, aseguran que llamaron a Servicios Sociales sin obtener respuesta y que la Policía Nacional y Municipal «se pasaron la pelota». Ayuntamiento y Delegación del Gobierno han publicado las grabaciones, en las que los familiares niegan que se tratara de maltrato.

destinada a Comunicaciones y en servicio activo en el Palacio Real de la capital vallisoletana. En su puesto estaba cuando Roberto H. H. le avisó para que fuera al Clínico el fatídico 2 de agosto, porque su hija pequeña había ingresado en estado crítico. Por eso llegó a Urgencias Pediátricas vestida de militar. Y allí fue donde estaba, en el hospital, cuando la llamaron los técnicos de Servicios Sociales de la Junta para recriminar a la mujer su conducta porque había vuelto a dejarlas plantadas en la cita que habían acordado en el domilio de la Rondilla, dirigida a comprobar las condiciones en las que vivía la pequeña. Fue ese día cuando le retiraron la tutela de las dos menores, pero la medida de protección llegaba tarde para la pequeña de 4 años. Falleció a la mañana siguiente, el 3 de agosto.

La madre y su pareja fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, en funciones de guardia. La magistrada, María Teresa Javato Martín, ordenó el ingreso en prisión de los detenidos, que entraron en Villanubla al día siguiente. Llevan 28 días en prisión preventiva, comunicada y sin fianza a petición de la Fiscalía, por considerar que puede existir riesgo de fuga o destrucción de pruebas y porque las penas a las que se exponen superan los dos años de prisión. Sin embargo, el letrado del exmilitar ha solicitado la libertad para su defendido. Está a expensas, como el resto de las partes, de que se levante el secreto de sumario. El próximo domingo día 3 de septiembre se cumplirá un mes desde que la jueza ordenara el secreto de las actuaciones, y tiene la potestad de prorrogarlo.

También la Asociación Clara Campoamor, que solicitaba el pasado 7 de agosto al Juzgado poder personarse como acusación popular en el caso de Sara, espera respuesta de la magistrada. Los tíos de la pequeña asesinada, asesorados por el gabinete jurídico de la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales, estudian personarse como acusación particular en el procedimiento. Culpan al novio de su hermana, a quien conocieron el pasado 14 de julio, del asesinato. Pedro M. G. acudió el 28 de julio al domicilio de La Rondilla para visitar a sus sobrinas y, según relató, se encontró con el novio de su hermana «semidesnudo», aplicándole hielo a la pequeña sobre un ojo, que lo tenía amoratado e hinchado. Tras intentar convencerles sin éxito para que llevaran a la niña al hospital, aseguran que llamaron a Servicios Sociales sin obtener respuesta y que la Policía Nacional y Municipal «se pasaron la pelota». Ayuntamiento y Delegación del Gobierno han hecho públicas después las grabaciones, en las que los familiares, a la pregunta expresa de si se trataba de malos tratos, lo negaron. Por eso, justifican, no fue ninguna patrulla.