Solo el 8% de las 5.257 sanciones por saltarse las normas covid en Valladolid están pagadas
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La Junta ha finalizado 684 de los expedientes, de los cuales ha cobrado 459 por un importe de 41.041 euros, el 64% de lo propuestoseguridad y salud ·
La Junta ha finalizado 684 de los expedientes, de los cuales ha cobrado 459 por un importe de 41.041 euros, el 64% de lo propuestoLa recaudación de las miles de sanciones impuestas desde el primer estado de alarma hasta hoy va a ritmo lento. La Junta de Castilla y León, que es la administración competente en la tramitación y ejecución de estas sanciones, tiene abiertos en Valladolid con propuesta ... de sanción por incumplimiento de las medidas covid 5.257 expedientes a ciudadanos, empresarios y administraciones, de los que se han iniciado, hasta el pasado 7 de abril, 2.048, el 69,6% del total, según los datos facilitados por la Delegación Territorial. Hasta la fecha solo 684 de estos expedientes sancionadores han concluido (el 33% sobre los iniciados) con una propuesta de sanciones que asciende en total a 63.248 euros, de los cuales, se han pagado 459 multas, con las que se han recaudado 41.041 euros, el 64,8 % de lo previsto.
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Cuarentenas
Los motivos son varios. 57 de las penalizaciones formuladas han sido por incumplir la cuarentena y en 35 de estos casos ya está en marcha el procedimiento sancionador. En el grupo de las multas por vulnerar la normativa sanitaria, como saltarse el aislamiento domiciliario o el confinamiento perimetral conlleva una de las sanciones propuestas de mayor gravedad, 3.001 euros. Mientras que no utilizar mascarillas o no guardar la distancia interpersonal obligatoria, superar el aforo o el número de personas en una mesa supone multas de 100 euros.
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Respecto de las sanciones notificadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se han recogido 64 propuestas de multas especialmente graves por infracción del artículo 4.2 b del Decreto Ley 7/2020 por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19 en la comunidad de Castilla y León. Este artículo penaliza la apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente prohibidas o suspendidas por las medidas acordadas u orden, resolución o acto de la autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por esta en los casos en los que sea exigible. La mayoría de los casos penalizados están relacionados con la apertura de establecimientos cuando está prohibido.
57 expedientes de sanción son por incumplir la cuarentena y 35 de ellos están en trámite.
64 propuestas de sanción más graves son por realizar actividades expresamente prohibidas en el decreto como abrir locales o celebrar actos multitudinarios en la vía pública, como las cabalgatas de Reyes.
La multa más grave propuesta hasta el momento ha sido de 5.000 euros por la celebración de la Cabalgata de Reyes por las calles de Valladolid, que fue expresamente prohibida por la Junta. La celebración de otras cabalgatas en la provincia también está sancionada con 3.000 euros. Estas multas están recurridas en fase de alegaciones, a la espera de una resolución por parte de la Administración autonómica.
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Entre las vulneraciones de la normativa covid más habituales y que están penalizadas con 500 o 600 euros están los incumplimientos del horario de cierre y la cuantía a imponer va en función del tiempo transcurrido. Lo más frecuente es que se acumulen varios incumplimientos de medidas, con una sanción media propuesta que se sitúa en torno a quinientos euros, indican desde la Administración regional.
Antes de que la Junta asumiera las competencias sancionadoras por la vulneración de la Ley de Salud Pública, el mando único del Gobierno, a través de las Delegaciones del Gobierno bajo competencia del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se ocupó de tramitar las denuncias formuladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil por la Ley de Seguridad Ciudadana en los tres meses de la primera ola.
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Desobediencia
En Valladolid, todos los procedimientos abiertos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el primer estado de alarma, 3.413, han sido notificados o están en trámite y suponen casi la mitad de las propuestas de sanción realizadas por los agentes de la Policía y la Guardia Civil (6.039).
Así, de las multas puestas del 14 de marzo al 21 de junio de 2020 en la provincia, se han pagado 787 y han sido recurridas 672 de ellas. En ese periodo hubo 29 detenciones en Valladolid, la mayoría, por desobediencia a la autoridad. En Castilla y León son 25.263 los expedientes de sanción de este periodo ya notificados, se han pagado 7.909 sanciones y se han recurrido 2.855.
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Durante el segundo estado de alarma, desde el 26 de octubre de 2020 al 8 de abril de 2021, se ha detenido a cuatro personas en Valladolid y se han realizado 1.535 propuestas de sanción por los agentes. Estas se cuentan entre las tramitadas por la Junta.
La Policía Municipal se ocupa desde el 20 de junio de 2020 de tramitar las multas por incumplimiento de la norma obligatoria de llevar puesta la mascarilla en espacios públicos. Hasta la fecha ha realizado 4.381 denuncias y tramitado 3.518 expedientes. Solo en 141 de estos casos el infractor ha decidido plantear alegaciones y recurrir la sanción, según los datos facilitados por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Salud Pública, que subraya que el resto de actas de infracción que levantan los agentes municipales son tramitadas por la Junta.
Las infracciones que los agentes locales detectaron durante el primer estado de alarma, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 6 de mayo fueron 3.663 y se practicaron 13 detenciones. Del 7 de mayo al 19 de junio siguiente fueron 1.379 las denuncias. La mayor parte, 1.095, por el incumplimiento de las normas sobre actividades autorizadas en espacios públicos y, de estas, 587 fueron por estar fuera de horario. Le siguen las infracciones por superar el número autorizado en grupos de personas y la falta de distancia intergrupal (296). Otras sanciones fueron por vulnerar las normas en el desplazamiento de personas en vehículo (132); o realizar actividades no autorizadas en espacios públicos (105).
«La crisis sanitaria no puede servir de excusa para restringir gratuitamente el derecho de defensa de los ciudadanos». Así lo señala la magistrada del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Valladolid en una sentencia en la que penaliza al Ayuntamiento porque un policía municipal decidió «de manera arbitraria» no notificar debidamente una multa de tráfico a una conductora el 2 de junio de 2020, cuando circulaba por el Camino Viejo de Simancas. El agente argumentó que no le entregó el papel como medida de protección ante la covid, cuando se acababa de salir del confinamiento. El Ayuntamiento tendrá que devolver a la joven los 200 euros de la multa y pagar 100 más por las costas.
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