Siete ERTES para 24 trabajadores en Valladolid, las cifras más bajas de la comunidad

El dato es anecdótico porque el terremoto está por venir, pero las empresas de Valladolid fueron las que menos expedientes de regulación de empleo temporal presentaron el martes ante la autoridad laboral de Castilla y León debido a la crisis de coronavirus por vía telemática, la única disponible. En un solo día, 321 ERTES con más de 2.890 trabajadores afectados en la comunidad. Por si las cifras desnudas no dicen suficiente, el número de personas que vieron suspendido su empleo de forma temporal durante todo el año pasado fue de 3.850. Y por si ahora parecen decir mucho, en estos datos no se encuentra todavía el ERTE anunciado el lunes por Renault España, que en Valladolid y Palencia mandará a casa mientras dure el estado de alarma a cerca de 10.000 empleados.

Los expedientes de regulación de empleo temporal con el coronavirus Covid-19 como causa solo pueden presentarse a través de la sede electrónica de la Junta y los datos porporcionados por la Consejería de Empleo e Industria corresponden a las solicitudes recibidas entre las 00:00 y las 13.30 horas del martes. En el cómputo están incluidos los expedientes de León pero no el número de trabajadores afectados en esa provincia.

En Ávila se formalizaron cuatro expedientes para 301 trabajadores; en Burgos, 20 ERTES y 252 afectados; en León, 85 ERTE; en Palencia, 58 y 366; en Salamanca, 29 y 298; en Segovia, 73 y 360;en Soria, 30 y 362; en Valladolid, siete y 24; y en Zamora, 10 y 31. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales recibió cinco solicitudes para 896 trabajadores.

A estas cifras hay que sumar los solicitados el viernes y el lunes, cuando la tramitación podía realizarse de forma presencial en cualquier registro administrativo oficial y que Trabajo estaba computando en la tarde ayer. El recuento se complica dado que las vías difieren si los trabajadores afectados desarrollan su actividad en centros ubicados en provincia; si un solo expediente afecta a más de 200 trabajadores; si los afectados pertenecen a una empresa con centros en dos o más provincias de Castilla y León; o si hay dos o más comunidades autónomas involucradas.

La Junta recuerda a las empresas que desde el lunes es obligatorio solicitar los ERTES por vía telemática en la web tramitacastillayleon.es y que cualquier duda se puede formular el teléfono 012. Las gestiones administrativas se han simplificado y si la empresa afectada pertenece a un sector incluido en el decretao del estado de alarma (RD 463/2020, de 14 de marzo) no hace falta presentar memoria justificativa de la causa alegada, algo obligatorio en el procedimiento ordinario. Sigue siendo preciso comunicar la presentación del ERTE a los comités de empresa o, de no existir, a los propios trabajadores.

El terremoto laboral no ha hecho más que empezar y CC OO cifra en más de un millón de trabajadores los que se van a ver afectados por expedientes de regulación de empleo temporales en España a raíz de la crisis del coronavirus, lo que en la comunidad podría traducirse en más de 45.000 personas.

Los sindicatos consideran que el ERTE es la mejor medida, o la menos mala, que pueden adoptar las empresas golpeadas por la crisis del coronavirus, máxime después de que el Gobierno anunciase ayer que eximirá de pagar las cotizaciones a las empresas que presenten ERTES y no despidan. Los trabajadores afectados tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido. Los servicios jurídicos de UGT recuerdan que es ilegal tratar de imponer periodos de vacaciones a los empleados debido a los cierres o desplomes de actividad.

Por otro lado, el cierre al público de las oficinas de Empleo (se mantienen en funcionamiento a puerta cerrada, tramitando las prestaciones por desempleo a marchas forzadas) ha motivado un aluvión de llamadas telefónicas que colapsó el sistema. Desde el Ecyl explicaron que se está trabajando para reforzar la atención telefónica y el Sepe recordó que la suspensión de términos y la interrupción de plazos de los procedimientos administrativos salvaguardan los derechos de los afectados.