La Policía Nacional de Valladolid sigue sin poder utilizar las taser que recibió hace un año

Las Taser asignadas al cuerpo de seguridad de Valladolid se encuentran actualmente paralizadas a falta de que los agentes de la Nacional completen un segundo curso práctico de empleabilidad de este arma, dependiente de Madrid. Durante el 2022 se remató la formación teórica, a la espera de impartir el resto de conocimientos para que los policías salgan a la calle con un nuevo elemento destinado a mejorar la seguridad ciudadana, pero, sobre todo, para evitar la posibilidad de emplear armas de fuego.

A todo esto se añade la falta de la autorización final desde Madrid para su utilización, la cual se espera que no llegue antes del verano de este año. «Todo el material ya lo hemos recibido, pero aún no podemos utilizarlas», recalcan fuentes de la Policía Nacional.

Precisamente, hace unos meses, las comisarías de toda España ya recibieron también unas cámaras que grabarán la actuación de los agentes si necesitasen emplearlas. Las cámaras se activan automáticamente al inicio de la intervención y puede captar incluso hasta dos minutos antes de que comience la actuación policial, por lo que esa documentación puede presentarse como prueba en un proceso judicial al no ser manipulables.

Nuevo armamento que en este caso no sería personalizado al contar solo con seis dispositivos en Valladolid, pues «la idea es que salga una Taser en cada turno».

Durante este tiempo, la Policía ha elaborado un protocolo con las condiciones de uso y ha formado a más de un centenar de instructores, quienes a su vez serán los encargados de enseñar en su manejo a los integrantes de las plantillas que recibirán esta dotación. Formación que aún no han recibido los agentes de Valladolid.

Estos dispositivos de electrochoque son armas con forma de pistola que, al activarlas, disparan dos dardos que aplican una descarga eléctrica al hacer impacto en el cuerpo de la persona, que la incapacita temporalmente. La descarga es un impulso eléctrico de unos 50.000 voltios y una duración limitada, normalmente de unos 5 segundos, que confunde al sistema nervioso y produce una paralización muscular, provocando una incapacitación temporal de la persona.

La descarga puede ser continua y prolongada si se mantiene el gatillo apretado o reiteradas tantas veces como se presione y suelte el gatillo, o puede interrumpirse. También se pueden utilizar como arma de contacto directo, pues hace saltar una chispa entre los electrodos que en contacto con el cuerpo de la persona produce una descarga eléctrica localizada.

Por estas situaciones, Amnistía Internacional ya ha pedido la prohibición del uso de las armas de electrochoque en modo de contacto directo, pues «entraña considerable riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como el uso de descargas reiteradas o prolongadas».

Ante esta situación y ante la posibilidad de riesgos en personas vulnerables, con carácter general, no se podrá hacer uso de este recurso con mujeres embarazadas ni con menores de 14 años, con personas de edad avanzada o de débil salud, en centros penitenciarios salvo en caso de motín o de toma de rehenes, en manifestaciones o concentraciones que congreguen a multitudes y cerca de sustancias y gases inflamables, refleja el protocolo.

Este tipo armas, según Amnistía Internacional, deberían ser parte del armamento policial solo si existe una necesidad operativa real y su uso se limite, al igual que ocurre con las armas de fuego, a aquellas situaciones en las que exista un riesgo para la vida o la integridad física del agente o de terceras personas, riesgo que no pueda contenerse por medios menos extremos y como último recurso, evitando los medios letales, como las armas de fuego. «Por tanto, las armas de electrochoque no deberían utilizarse para el día a día de la actividad policial», recalca.

De hecho, este movimiento global ya se interesó por pistolas de este tipo a disposición de tres plantillas de tres policías municipales, Burgos, Aguilar de Campoo (Palencia) y Toral de los Vados (León).

Aunque Amnistía Internacional no se opone a que este tipo de armas de electrochoque puedan formar parte de la equipación de algunos cuerpos policiales, debido a las consecuencias que tiene su empleo, la organización sí tiene algunas preocupaciones en relación a su uso y el respeto a los derechos humanos, por lo que se pide que estén sujetas al mismo criterio que se aplica al uso de armas de fuego, debido a los riesgos que pueden tener sobre la integridad física y mental de la persona sobre la que se emplean.