Seis personas extranjeras solicitan cada día protección internacional en Valladolid

Hace justo diez años, Valladolid recibió doce solicitudes de protección internacional. Solo doce (de Marruecos, Eritrea, Pakistán o Senegal).

El año pasado fueron 2.155 (931 hombres y 867 mujeres), con varios países de América Latina en cabeza, según los datos recién publicados por el Ministerio del Interior. Suponen 357 más que las del año inmediatamente anterior (2023), hasta alcanzar, de media, las seis peticiones diarias en la provincia, que se sitúa como la número 22 de todo el país.

Los datos, pese al espectacular crecimiento, están muy lejos de los que se registran en otras zonas. En cabeza y a gran distancia del resto se sitúa Madrid (47.439), después viene Barcelona (12.745) y en tercera posición se coloca Málaga (8.020). Valladolid está por detrás de Cantabria o Huesca y ligeramente por encima de Badajoz. Es, en todo caso, la provincia con más peticiones de toda Castilla y León.

Y es, además, el año con más solicitudes tramitadas. «La protección internacional es un derecho que contempla varias figuras jurídicas», explica Cebas, quien establece dos tipos básicos. Por un lado está el estatuto de refugiado, pensado para quienes son víctimas de una persecución personal en sus países de origen motivada por su raza, género, religión, posiciones políticas o su orientación sexual. Pero también está la protección subsidiaria, donde no se trata de una cuestión personal, sino que está vinculada con los conflictos armados y que afecta a un número importante y generalizado de la población.

Una vez que las personas han huido de sus países, pueden presentar en el lugar al que emigran una solicitud para el reconocimiento de esta protección internacional. No todas se admiten a trámite y muchas son rechazadas. Los casos más evidentes se tramitan con relativa celeridad, pero el estudio de otras situaciones se puede prolongar incluso durante meses. El año pasado, de todas las solicitudes presentadas en el conjunto del país (167.366), apenas se admitieron 31.255 (hay 133.102 pendientes de admisión y 108.954 que aún no se han resuelto). El tapón parece evidente, porque en 2024 se arrastran resoluciones de años anteriores. Hay más de 242.000 expedientes (y hay que recordar que detrás de cada uno de ellos hay personas) que están a la espera de una respuesta.

De los que tuvieron suerte, el año pasado, en todo el país, hubo 6.355 resoluciones favorables para el estatuto de refugiado y 11.453 en el caso de protección subsidiaria. También se atendieron 33.535 por razones humanitarias. Y se rechazaron 38.686, lo que empuja a estas personas a situación de irregularidad en el país. En total, se resolvieron 96.251 expedientes de protección internacional en todo el país (el 4,2% más que el año anterior) lo que convierte a España en el segundo país receptor de la Unión Europea, por detrás de Alemania.

Por nacionalidades, los mayores reconocimientos de refugiados fueron para los ciudadanos procedentes de Nicaragua (1.177), seguidos de Siria (1.020), Afganistán (724), Colombia (675) y Honduras (438). De protección internacional, destacan Mali (9.327), Somalia (821), Palestina (326), Sudán (248) y Siria (222). Por razones humanitarias, en cabeza está Venezuela (32.786) y muy por detrás Colombia (334) y Perú (165). Entre los expedientes desfavorables, la mayoría fueron presentados por ciudadanos de Colombia (17.294), seguidos de Perú (334) y Marruecos (6.611). Estos son los datos generales, correspondientes a todo el país, puesto que el Ministerio de Interior todavía no ha desglosado las cifras por provincias. Para el dato concreto de Valladolid en 2024, hay que conformarse, de momento, con esa cifra de 2.155 solicitudes presentadas en la provincia. Desde la Oficina de Asilo y Refugio del Gobierno no ofrecen información más detallada, pero la radiografía general sí que se puede trasladar a Valladolid. Por ejemplo, en el caso de los ciudadanos que más solicitudes presentan (procedentes de Colombia y Venezuela, los principales países de origen de los foráneos que llegan a Valladolid).

Para comprobarlo, se pueden recurrir a los datos pormenorizados más recientes, correspondientes al año 2023 y recogidos en el informe 'Asilo en cifras'. Allí, se consigna que 790 personas procedentes de Colombia solicitaron protección internacional en Valladolid durante 2023 (el año anterior fueron 470). La población colombiana se situó en cabeza en la provincia, después de superar a los llegados desde Venezuela (que fueron mayoría en 2022). En tercera posición, por detrás de estos dos países, se sitúa Perú (136). Y ya en menor número están los de Cuba (33) y El Salvador (30).

A estos habría que sumar los 73 ciudadanos de Ucrania, que debido a la invasión de Rusia pudieron optar a un tipo de protección temporal especial (hubo 555 peticiones en 2022).

Este crecimiento brutal de expedientes (de 12 a más de 2.000 en más de una década) hace que no siempre se resuelvan los expedientes con celeridad. «Existe una web para pedir cita en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, pero casi siempre es imposible conseguir cita. De hecho, sospechamos que hay quien consigue piratear esta web para acumular citas y luego mercadear con ellas», asegura Cebas, quien recuerda que, en todo caso, la interlocución de la Policía con las ONG que trabajan en Valladolid es fluida, «muy buena», lo que hace que se puedan solventar problemas.

Desde la subdelegación del Gobierno reconocen que el incremento de solicitudes se traduce en que las resoluciones de expedientes «hayan sufrido una tendencia ascendente», pero recuerdan que, en todos los procedimientos vinculados con extranjería, los plazos están «dentro de los procedimientos adquiridos, en una media general de 59,77 días».

Además, la última reforma normativa, que ofrece nuevas posibilidades de regularizar la situación en España a través del arraigo, contribuirá seguramente a rebajar estas solicitudes de protección internacional, ya que para acceder a ese arraigo social, sociolaboral o socioformativo uno de los requisitos es no ser solicitantes de protección.

«Las ONG nos tenemos que adaptar a esta situación de más trabajo, con la filosofía de que trabajamos con personas, y que con independencia de que sean una o mil debemos atenderlas con dignidad y salvaguardando sus derechos», resume Cebas.