El segundo embarazo de la menor de 14 años de Valladolid «no fue forzado», pero tampoco es legal

La Policía Nacional informó de que el pasado 23 de enero se detuvo a A. C. B., de 27 años y con «varias detenciones» en su biografía, según el comunicado del Cuerpo Nacional de Policía, «como presunto autor de un delito de abusos sexuales». Una semana antes, la Policía había recibido una llamada desde el hospital Río Hortega de la capital en la que se comunicaba que una joven sin identificar, puesto que había mentido sobre sus datos personales, incluida su edad, había dado a luz a una niña. Al parecer, había parido un año antes a otro niño. Entonces, dice la Policía, «intentó hacerse pasar por su hermana, pero no logró su objetivo y los Servicios Sociales se hicieron cargo de su bebé».

Lo mismo ha ocurrido en este caso, pero con algunos giros de guion más. En su segundo parto, la menor acudió acompañada de su madre –abuela del bebé– y de su pareja (el padre de los dos recién nacidos). Al acudir los investigadores supieron que la abuela tenía una «requisitoria de detención en vigor», por lo que la pasaron a disposición judicial. Para cuando fue puesta en libertad y volvió al hospital, ni su hija, ni su 'marido' –aunque unidos por el rito gitano, pero no jurídicamente– ni el bebé estaban ya en la habitación.

La recién nacida, de hecho, se encontraba bajo vigilancia continuada en la unidad de neonatos. El padre, al conocer que se iba a entregar a la niña a Servicios Sociales, acudió allí el pasado 23 de enero para reclamar a su hija, lo que le denegaron. Este hecho propició que la Policía Nacional se personara allí para detenerle por un «presunto delito de abuso sexual» sobre la madre, su pareja, de 14 años de edad.

Y es que el consentimiento no exime de por sí del delito. El artículo 183 del Código Penal establece penas de 8 a 12 años de prisión para delitos de abusos sexuales «cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías» si no media el uso de la violencia o la intimidación.

El artículo 183 quater señala que el «consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos, cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez».

Sin embargo, en un caso reciente cuya sentencia se conoció en julio de 2018 en Vitoria, el tribunal consideró que la diferencia de edad entonces –26 años él, 14 ella– no permitía considerar que se encontraran «próximos en edad» ni «en grado de madurez». Al adulto le condenaron a diez años de cárcel.

El hecho de que pueda tratarse, como explicaron fuentes del colectivo, de un «matrimonio gitano» y de que ambos «estén juntos» se intentará hacer valer como atenuante, en todo caso, cuando llegue el momento. De hecho, fuentes cercanas a la investigación explicaron que el padre del bebé mostró su incredulidad en Servicios Sociales cuando le explicaron que no podían entregarle a su hija y que esta iría a una familia de acogida.

En el primer semestre de 2019, último del que hay datos en el Instituto Nacional de Estadística, nacieron en España 155 bebés de adolescentes menores de «15 años y menos». De madres de 16 años, edad mínima de consentimiento, nacieron 253 hijos. En 2017, en España se registraron 114 nacimientos de menores de 15 años y 289 de quinceañeras. De esos 403 casos, en 184 los padres tenían menos de 20 años y en otros 70, de 20 a 24. En una gran parte de esos hijos de madres menores de edad (y menores para el consentimiento legal) no consta la edad de los padres, 128.

En Castilla y León, en el año 2017, se tuvo constancia de 7 nacimientos de madres menores de 15 años, otros 12 de quinceañeras y 27 de chicas de 16, edad mínima legal para el consentimiento en relaciones sexuales.Solo en 12 de esos 46 casos se pudo comprobar que los padres eran menores de 20 años.