La Sección Cuarta de la Audiencia de Valladolid estrena su primer juicio con mascarillas y distancia social

El juicio, salvo por las medidas anticontagio que serán lo normal a partir de ahora, fue muy breve, lo mismo que todos los que se celebran por conformidad de las partes, a partir de una tarea previa para alcanzar acuerdos en la que tiene un papel preponderante la Fiscalía y que en estas semanas de pandemia es un trabajo que se va a intensificar para intentar agilizar en los procedimientos y aligerar las agendas de señalamientos ante la avalancha de asuntos que se avecina derivada de la crisis del coronavirus.

Los acusados, S. E. B. y su esposa F. S., también pertrechados con mascarillas y guantes, dijeron «sí» cuando el presidente del tribunal les preguntó si aceptaban la condena, que es firme porque los abogados de la defensa y de la Seguridad Social, así como el fiscal, se comprometieron a no recurrir. Así, el principal acusado ha sido condenado como autor responsable de un delito de fraude a la Seguridad Social a dos años de prisión y una multa de 165.000 euros con arresto sustitutorio de seis meses en caso de impago, mientras que su pareja ha sido condenada, como cooperadora necesaria, a un año de prisión, 81.131 euros de multa con arresto sustitutorio de tres meses.

Ambos acusados tendrán que asumir el pago de una indemnización solidaria a la Seguridad Social de 81.131 euros más los intereses moratorios.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, S. E. B., que ha realizado diversos trabajos de recolección y cultivo para varios agricultores urdió en agosto de 2012 un plan directamente encaminado a defraudar a la Tesorería de la Seguridad Social «al generar una deuda con esta a la que no pensaba hacer frente». Para ello, creó sucesivas empresas individuales con similar plantilla y actividad, el desarrollo de tareas agrarias, «poniéndolas a nombre de distintas personas, a las que daba de alta como autónomos y empresarios individuales», con lo que evitaba aparecer como deudor «pese a que seguía siendo el administrador de hecho de tales empresas». Señala el fiscal que «una vez que esas empresas y empresarios individuales acumulaban deudas, las cerraba o dejaba sin actividad de hecho, y continuaba con la actividad bajo la apariencia de otra empresa o empresario individual«. Para ello utilizó a su esposa, también acusada en esta causa.

Otras personas que participaron en estos hechos como empresarios individuales a cambio de compensaciones no han sido localizadas y por eso no se ha formulado acusación contra ellas. La acusación pública solicitaba inicialmente para el principal acusado cuatro años de prisión y 325.000 euros de multa y un año y 11 meses de prisión, con multa de 81.000 euros para la cooperadora necesaria. La responsabilidad civil conjunta y solidaria solicitada es la misma, 81.131 euros.