Sanidad prohíbe el acceso a las plantas sin uso del viejo Río Hortega con carteles a mano

Esos documentos (en algunos casos con placas radiográficas incluidas) descansaban en viejos despachos, sin ningún tipo de custodia ni control, accesibles a cualquier persona que subiera hasta las dos últimas plantas del inmueble y curioseara por pasillos, viejos quirófanos y salas abiertas de par en par, sin cerrojo ni cerradura. Ayer, la dirección del Clínico colocó unos carteles en el elevador que dirige directamente a estas plantas. «Ascensor uso exclusivo personal autorizado», dicen unos folios pegados en la planta baja. En los otros pisos, a media mañana eran carteles a mano los que prohibían a los pacientes el uso de estos ascensores.

Es la única respuesta pública que las autoridades sanitarias han dado ante esta situación, puesto que –48 horas después de que El Norte advirtiera de la existencia de estos papeles con datos sin custodia de pacientes– la consejería de Sanidad no ha informado aún de las medidas emprendidas respecto a la destrucción o archivo de estos documentos, que incluyen los nombres y apellidos de enfermos, los motivos por los que fueron hospitalizados, el diagnóstico médico que recibieron e incluso la habitación en la que tuvieron que ser ingresados.

La asociación El Defensor del Paciente –ante el silencio de Sanidad– calificó los hechos como «muy graves». «Los expedientes sanitarios de los ciudadanos tienen que tener la máxima protección posible. Es la información pública más sensible de cualquier persona y las leyes de protección de datos obligan a que no estén expuestos de ninguna manera.

El hospital tiene muy bien establecido el deber de custodia», asegura Santiago Díez, abogado de la asociación en Castilla y León, quien recuerda que la información sanitaria, junto con la fiscal, es la que requiere mayor exigencia de vigilancia. «Se podría decir que su protección está tan solo por debajo de la de los secretos de Estado», asegura el letrado, quien entiende que se trata de una falta grave (artículo 73 de la ley) que recibiría una sanción inmediata si se presentara una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La sanción, con una multa administrativa, podría alcanzar los diez millones de euros.

Precisamente, la AEPD presentó el pasado jueves una guía para pacientes y usuarios de la Sanidad sobre sus derechos respecto al uso de datos personales. Así, por ejemplo, se recuerda que «el médico o el centro sanitario, público o privado» tienen la obligación de elaborar, custodiar e implantar las medidas de seguridad necesarias para que [la historia clínica] no se extravíe o sea accedida por terceros», con lo que están «obligados a aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado», desde el punto de vista de la «confidencialidad, integridad y disponibilidad» de esos datos. Tanto al Agencia Española de Protección de Datos como la consejería de Sanidad han elaborado un decálogo con normas que han de cumplir sus trabajadores.

Entre ellas, figura «no tirar documentos con datos personales a la papelera, sino destruirlos», así como «cerrar con llave los armarios o archivadores que contengan documentación clínica». En esas plantas había listados de pacientes en bolsas de basura rasgadas y cajas de cartón, en despachos abiertos y accesibles con solo subir en ascensor.

Este lunes, la dirección del hospital colocó los carteles que prohíben el uso de esos elevadores (ya había un biombo que impedía subir por las escaleras hasta esas plantas). Sanidad no ha precisado aún si esos documentos con datos de pacientes ya se han destruido o se han almacenado bajo llave.