Sancionada con tres días de empleo y sueldo la única perito judicial de Valladolid

La empleada, que es delegada de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (Csif) y estos días está enfrascada en los preparativos de las elecciones sindicales que se celebran este miércoles, tiene que reintegrarse a su oficina el 30 de junio, aunque ella está valorando solicitar una baja, dada la situación que está viviendo, explica, de «hostigamiento y acoso», desde que declinó hacer un peritaje en un caso de manipulación de cuentakilómetros en doscientos vehículos, que finalmente se quedó en ochenta. «En ningún momento me negué a hacer el trabajo, sino que manifesté la imposibilidad de hacerlo de forma adecuada», puntualiza. «Desde el primer momento comuniqué la penosa situación en la que se encontraba la oficina pericial, sin personal, sin cualificación, sin cubrirse las bajas de los anteriores peritos, ni mis sustituciones, amortizándose los puestos de trabajo y dejando las oficinas periciales sin cubrir por empleados públicos», se lamenta.

Miriam L. I., palentina, personal laboral de la Administración General del Estado desde 2010, que estaba ejerciendo de administrativo en Santa Cruz de Tenerife, decidió concursar para el puesto de perito judicial de Valladolid, para el que se solicitaba la titulación de Bachillerato. Ella pensaba que su trabajo iba a ser de auxiliar administrativo, pero cuando llegó en marzo de 2018 a la oficina vallisoletana, se encontró con «numerosos peritajes acumulados y pendientes que se reclamaban, muchos muy complejos y laboriosos, que nadie hasta la fecha había realizado, herencia de abandono de la oficina». Peritajes que supone realizar informes y defenderlos también ante el juez. Reconoce que se vio superada. En medio de esta acumulación de trabajo, la empleada, que tiene un 33% de discapacidad en una pierna, tuvo que pasar por una intervención quirúrgica al mes de empezar a trabajar, de manera que estuvo de baja de abril a julio. «Ni una persona sana, ella sola, puede poner al día esta oficina», sostiene Miriam, en tratamiento desde entonces.

El gerente de Justicia en Valladolid, Francisco José de Lucas, manifestó que, de momento, hasta que la situación de las vacantes se resuelva por parte del Ministerio de Justicia, los informes los están realizando peritos externos. «El Ministerio conoce la situación de esta trabajadora que, por otra parte, ha concursado y sabía a lo que venía. No obstante, es al Ministerio al que le corresponde decidir sobre estas plazas, pues conocen perfectamente la carga de trabajo que hay», indicó De Lucas, sin entrar a valorar el expediente a la perito.

Ya en 2001, recuerda la afectada, la Administración de Justicia solicitó la reclasificación de los peritos judiciales para que fueran técnicos con grados en las diferentes áreas y especialidades, como ocurre en los colegios profesionales y otros sectores de la Administración. «Esta especialización existe, por ejemplo en Hacienda, pero en otros sectores no recaudatorios no la consideran».

Mientras tanto, de las periciales de bienes muebles y vehículos se ocupa un perito externo a los juzgados, «que no da abasto y cobra tarde y mal». El magistrado Emilio Vega, decano de los jueces vallisoletanos, señaló que el problema de fondo es, por una parte, la falta de regulación que existe respecto de los peritos judiciales y, por otra, la falta de provisión de las plazas por parte de la Administración central. En Valladolid serían necesarios, al menos tres peritos: de bienes muebles, inmuebles y joyas.

El pasado febrero, el presidente del TSJ, José Luis Concepción, solicitó al secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, la provisión «con la mayor urgencia posible» de las vacantes de peritos judiciales en los Juzgados de Valladolid, donde existen tres plazas asignadas y un espacio habilitado con tres puestos de trabajo que están sin ocupar. No se sabe nada desde entonces, confirma el magistrado decano.

Estas carencias de personal se traducen en retrasos de meses en aquellos procedimientos judiciales que precisan de estos informes periciales, fundamentales para determinar la cuantía del daño. «Tanto que, sin el peritaje adecuado, estos asuntos se archivan», indica el sindicato.

Según los últimos datos facilitados por el TSJ, cerca de 200 expedientes están pendientes del pertinente peritaje en los seis Juzgados de Instrucción de Valladolid.

Para Csif, la Administración de Justicia ha buscado una cabeza de turco y penalizado al eslabón más débil de la cadena, «una trabajadora que no es responsable de las frustraciones y problemas que sufre la gestión judicial, consecuencia de una carencia grave de recursos materiales y personales en los juzgados de la provincia de Valladolid». Subraya que, hasta que Miriam L. I. se incorporó por concurso de traslados desde un puesto como administrativo en Canarias, la plaza llevaba desde diciembre de 2016 sin peritos, pues los dos que había decidieron concursar para otros puestos, ante la sobrecarga de trabajo asignado y la recién llegada se encontró con cientos de expedientes pendientes. La presidenta de Csif Valladolid, María José San Román, denuncia que «es intolerable que se castigue a una empleada pública por querer hacer bien su trabajo y reclamar al Ministerio de Justicia empleados públicos formados y suficientes para que los ciudadanos tengan las garantías jurídicas que merecen».

Entiende que se está descargando en la trabajadora expedientada «toda la frustración de la Adminsitración de Justicia ante una carencia de medios de la que no es culpable» y que el mensaje que se transmite a los trabajadores públicos es que «se haga lo que nos piden, sea legal y ético, o no, para evitar problemas, lo que abre la puerta a prevaricaciones y otros delitos que desvirtúan la figura del empleado público y lo desprestigian.

Desde este sindicato se solicita al nuevo gerente de Justicia de Valladolid, Francisco José de Lucas, que se incorporó al cargo el pasado abril, después de que el Ministerio de Justicia cursara el expediente, «que encuentre una solución a este absurdo e incomprensible atropello laboral».