El Sacyl, obligado a abonar un tratamiento de rodilla en una clínica privada

Desde enero de 2011, cuando M.G.M, contaba con 27 años, comenzó a presentar inestabilidad en la rodilla. Dicha inestabilidad la llevó a someterse hasta en cinco ocasiones a diferentes intervenciones quirúrgicas, entre 2011 y 2017, en la sanidad pública de Valladolid, con el consiguiente tratamiento de rehabilitación, analgésicos, etc...

Aun así, la inestabilidad no solo continuó, sino que se fue agravando con rotura de ligamentos, caídas...La afectada, representada por la Asociación 'El Defensor del Paciente', intentó ser derivada a centros especializados dentro del sistema público sanitario, sin conseguirlo y sin que le dieran una motivación para el rechazo. Desde el Sacyl se ofrecía, vez tras vez, la misma intervención que había resultado antes infructuosa en reiteradas ocasiones, según informaron a Europa Press fuentes del colectivo.

Mientras tanto, pasó casi siete años de sufrimiento, caídas, pérdida de movilidad..., toda su juventud dependiendo de dos muletas y una ortesis mecánica de pantorrilla a muslo. De hecho, le fue reconocida una discapacidad en mayo de 2018.

La sentencia reconoce que «desde 2011 hasta 2017 su calidad de vida ha sido claramente deficitaria, que el sistema utilizado por la sanidad pública no resultó efectivo, no fue debidamente atendida», máxime teniendo en cuenta que fue el propio facultativo que le atendía en el Sacyl quien recomendó asistencia externa tras las sucesivas intervenciones quirúrgicas; y que la intervención que se le propuso en el 2017 en el Sacyl era una más de las ya intentadas, sin esperanzas de evolución.

Se reconoce que el tratamiento que recibió la paciente en la Clínica CEMTRO de Madrid fue la única solución, ante la ineficaz intervención de los servicios públicos. Y tanto es así que la intervención ha sido un éxito a todos los efectos ya que a fecha actual ha abandonado las muletas y la ortesis mecánica, de pantorrilla a muslo con la que llevaba desde el año 2013 con carácter continuado que la limitaba para todas las actividades.

La presidenta de la Asociación 'El Defensor del Paciente', Carmen Flores, considera «digno de encomio que los jueces sean valientes y se pronuncien a favor de los pacientes, defendiendo y protegiendo los derechos de los mismos en casos como el que nos ocupa».

La defensa del caso ha sido tramitada por el letrado Santiago Díez Martínez, de SDS Legal, especialistas en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente'.