Valladolid

La ruptura del contrato con la empresa retrasa dos años más la obra del Clínico

El plan actual contemplaba un bloque con 220 locales, de los cuales 167 eran para consultas y 53 para espacios técnicos o de apoyo, distribuidos en cuatro plantas –la quinta para las instalaciones de climatización–. Unas dimensiones pensadas para responder a las previsiones del plan funcional, con un flujo diario de unas tres mil personas, entre pacientes y familiares.

El hospital ya estrenó en 2015 buena parte de su ampliación y acceso por Real de Burgos que incluyó quirófanos, Anatomía Patológica, Rehabilitación y Urgencias, entre otras muchas instalaciones y ahora tocaba levantar, previsto ya desde 2019, el edificio de la calle Sanz y Forés. Pero tras las demoliciones, la obra se paró y se mantiene congelada meses. Por ello, la Consejería de Sanidad, «ante la falta de avance y las nulas explicaciones por parte de la empresa contratista, ha decidido resolver el contrato de la obra de ejecución del bloque de consultas externas». Esta obra fue adjudicada a Joca Ingeniería y Construcciones S. A. por un importe de 24.362.850 de euros y un plazo de ejecución de 26 meses, que deberían concluirse el próximo octubre de 2024. Sin embargo, pese a que el contrato fue firmado el 7 de junio de 2022, «desde el pasado verano se constató la falta de avances en la misma. La mencionada empresa fue adquirida en el pasado por el Grupo Urbas, responsable de haber abandonado otras obras contratadas con la administración pública en toda España y en el caso concreto de nuestra comunidad, el Auditorio de Música de León y el Centro de Salud García Lorca en Burgos», explica Sacyl.

Supone un nuevo parón a los muchos que suma la ampliación y reforma del Clínico, hasta el punto de que la fecha anunciada inicialmente para la finalización de las cinco fases fue la de 2013.

Tras levantar las consultas, quedarían dos etapas más pendientes que fundamentalmente afectarán al vestíbulo principal y lo más complejo, a las otras tres torres de ingreso que contarán con el apoyo del edificio Rondilla. Para ello obviamente no hay fechas.

Fuentes de la Consejería de Sanidad han manifestado asimismo que de manera periódica y reiterada han exigido el cumplimiento del contrato y explicaciones escritas a la contratista, que «en ningún momento ha ofrecido respuesta o argumentos creíbles. En relación a por qué no se ha procedido antes a la resolución del contrato, se ha expresado que la legislación de carácter estatal, en concreto la Ley 9/2017 de contratación pública, establece que la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista es causa de resolución del contrato cuando se supera un plazo superior a un tercio de la duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas, por lo que hasta el momento actual, no era posible legalmente tomar esa decisión».

Como perjudicada de esta situación, la Consejería de Sanidad defiende la incautación de la garantía económica que la empresa debe ingresar antes del inicio de la ejecución de una obra, que suele ser el 5% del importe de esta.

Una vez iniciada la resolución del contrato, la normativa exige abrir un plazo para que la contratista estime en su defensa las alegaciones que estime oportunas, tras lo cual, es preceptivo que se pronuncie el Consejo Consultivo de Castilla y León. Desde ese momento se abre otro plazo para realizar las actuaciones de comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas conforme al proyecto, para que se proceda cuanto antes a la licitación de un nuevo expediente destinado a la terminación de la obra pendiente. Es por lo tanto un proceso que sumará meses porque, según explica la Consejería de Sanidad, el proceso de licitación no ha comenzado todavía dado que el contrato aún está pendiente del citado pronunciamiento del Consejo Consultivo y, aunque a la empresa ya se le ha comunicado, «aún no ha presentado sus alegaciones». Y si la empresa recurriera al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, la nueva licitación aún se retrasaría más.

Añade la Junta que «fuentes del ámbito de la construcción han expresado en diferentes ocasiones las dificultades que experimenta el sector derivado del incremento de costes de los materiales como el aluminio, el hormigón y el acero, así como el coste de la energía, no ofreciendo la legislación de marco estatal, posibilidades para afrontarlo». Desde la Consejería de Sanidad, «como muestra del compromiso con este y otros proyectos, se han referido a la información de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) según la cual, durante el primer trimestre del año 2023, la Junta fue la administración pública que más obra sanitaria licitó, alcanzando una cantidad de 206,64 millones de euros.

Como próximos pasos, tras proceder a la resolución del contrato, se llevará a cabo la citada actualización del proyecto y del contrato, todo ello «sin perjuicio de seguir invirtiendo en mejoras para el centro, como fueron durante 2023 la incorporación del primer robot de cirugía traumatológica de Castilla y León, el exoesqueleto de rehabilitación pediátrica, la renovación de un equipo TAC y de una Resonancia Magnética o la incorporación de un nuevo PET-TAC y Acelerador Lineal para el diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos», destaca la gerencia Regional de Salud.