Retirar el amianto de más de 5.000 edificios de Valladolid costará 15,3 millones

La concejalía de Medio Ambiente encargó a la firma Agforest la elaboración de este mapa del amianto en Valladolid. El trabajo de prospección (con herramientas de inteligencia artificial) ha localizado amianto en 5.162 referencias catastrales, sobre el total de 17.189 que existen en la capital. Esto supone que el 30% de los inmuebles del término municipal están afectados por amianto, aunque el porcentaje baja al 10,3% cuando se atiende exclusivamente al área que ocupan estas construcciones. Suponen 1.123.018,23 metros cuadrados, cuando la superficie total de las inscripciones en el catastro del municipio es de 10.882.829,71 metros cuadrados. Si se sumaran todos los espacios donde hay presencia de amianto en Valladolid, se llegaría a los 6.738,11 metros cúbicos.

En el siguiente mapa, puedes ver cómo está repartido el amianto por la ciudad (en la zonas más oscurecidas). El plano incluye un buscador, donde se puede introducir el nombre de cada calle.

Uno de los materiales donde hay más presencia del amianto es el fibrocemento, una solución constructiva prohibida desde el año 2002, pero que fue muy utilizada con anterioridad. «Era muy ligero, económico, de fácil montaje y que planteaba una larga vida útil», explica Félix Antonio Jové Sandoval, profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid.

Así, se ha empleado para las «placas onduladas en tejados (uralita), persianas, tuberías y canalizaciones de agua, depósitos de almacenamiento de agua o elementos de jardinería y decoración) como maceteros», indican desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Otro material con amianto es un tipo de vinilo usado «en pavimentos, masillas sellantes y semejantes», añaden desde la administración regional.

«El material no es peligroso en sí mismo, pero puede serlo cuando se rompe o manipula», asegura Jové. En ese caso, pueden liberarse las fibras de amianto «en forma de partículas microscópicas, que se expanden por el aire y, por inhalación, se introducen en los pulmones pudiendo originar diversas enfermedades que suelen tardar varios años en manifestarse», indican desde la consejería de Medio Ambiente. Entre otras, cáncer de pulmón.

Así, la presencia del amianto no reviste mayores problemas en las construcciones estables, pero si se plantea su retirada (algo hacia lo que empuja la Unión Europea), hay que recurrir a empresas especializadas.

Y el coste de esta operación no es barato. Agforest ha calculado cuánto supondría la eliminación de todo el amianto presente en Valladolid. La factura total se elevaría hasta los 15.368.855,18 euros. El coste medio para cada inmueble implicado sería de 2.977,31 euros y la mediana del coste, 1.357,61.

Este último dato es más ajustado a la realidad que el de la media, ya que el desembolso total está vinculado (solo en parte) con el número de metros cuadrados en los que hay que intervenir. «Si son menos de cien metros cuadrados, la operación es tremendamente cara», asegura Pablo Quesada, director técnico de Agforest, empresa encargada de elaborar el censo. Para ello, han consultado con varias firmas especializadas de Castilla y León en este tipo de operaciones y poder establecer así un cálculo, tanto para el total de la ciudad, como para cada uno de los edificios (y estos datos también están en el censo).

Los operarios deben tomar una serie de precauciones (en equipo, dotaciones, instrumental, aislamiento del entorno) que conllevan un coste fijo con independencia de la superficie en la que se actúa. Y este es el mayor desembolso. El resto, se aplica en función, sí, de la superficie. Pero estos 15 millones aluden solo al coste de las retirada. A él habría que sumar el de la mano de obra, las pertinentes licencias y la colocación de la nueva cubierta. «Puede ser de teja, tipo sándwich… y en algunos casos también ha sido factible sellar la estructura actual, para evitar roturas», indica Jové.

Toda esta información sobre presencia, costes y urgencia de la intervención está recogida en este mapa, elaborado durante los últimos meses con tecnología geoespacial (imágenes por satélite) e inteligencia artificial. «El uso de satélites nos permite ver franjas del espectro electromagnético que no ve el ojo humano, y es el caso del crisotilo (amianto blanco), material de alta absorción y refractario de la luz», indica Pablo Quesada, director técnico de Agorest, la 'start up' (con sede en Málaga y Madrid) encargada de redactar ese informe.

Para garantizar la eficacia de este sistema «no invasivo» de teledetección, se rastrearon 35.000 puntos de referencia en varias localidades de la península, que luego fueron corroborados con una comprobación física, 'in situ', para ver que efectivamente en esas construcciones detectadas por el satélite había piezas con amianto. De esos 35.000 puntos, diez mil estaban en Medina del Campo, que se ha convertido en un enclave vital para la eficacia de este sistema en todo el país.

Una vez constatado que el dato virtual y el físico casaban (que había amianto allí donde se había detectado por satélite), a través de herramientas de inteligencia artificial se han podido manejar «ingentes cantidades de datos» para afinar en la elaboración de este mapa, que, dicen sus creadores, supera el 90% de precisión.

En todo caso, el Ayuntamiento ha abierto un buzón para que las aportaciones vecinal ayuden a afinar aún más el censo, bien con aclaraciones sobre los espacios ya marcados, bien con nuevos emplazamientos donde haya amianto no detectado (por ejemplo, porque se encuentran en bajantes en el interior de una construcción). Una vez comprobadas estas matizaciones, se actualizará el censo. Durante los primeros días, ya hubo notificaciones vinculadas con construcciones situadas en Nicolás Salmerón, Pilarica, la calle León o San Diego.

El censo establece además el año de antigüedad del inmueble en el que se ha detectado esta presencia de amianto. La mayor parte de ellos son edificios construidos durante la etapa del gran desarrollo urbano vinculado con la industrialización. Así, el 34% se corresponde con construcciones levantadas en los años 50 (un total de 1.756). Hay 1.185 fechadas en la década de 1960 (el 22,9%) y 1.211 de los años 70 (el 23,4%). A partir de los años 70, su uso baja de una forma extraordinaria. Hay 671 edificios construidos en los años 80 con presencia de amianto, 247 en los 90 y apenas 94 durante los dos primeros años de los 2000, hasta que su uso fue prohibido.

«Este mapa es una buena herramienta para planificar la retirada del amianto en Valladolid», asegura Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente, quien recuerda que este material ha desaparecido ya de todos los edificios municipales, incluidos colegios, almacenes, oficinas o centros de personas mayores. «Solo queda una pequeña parte en la sala de exposiciones de la Pasión», cuenta el edil, quien recuerda que una de las grandes operaciones para la eliminación del amianto tuvo lugar el año pasado, para adecuar la piscina de Riosol, que no pudo abrir en el verano de 2023, como estaba previsto, después de que se hallara fibrocemento (inicialmente no catalogado) en las instalaciones.

Una directiva de la UE dice que el territorio europeo debe estar libre de amianto antes del año 2032, por considerar que se trata de un problema de salud pública en el que hay que intervenir, ya que se estima que esta es el principal origen del cáncer profesional en Europa, con cerca de 88.000 muertes al año, según las estimaciones de la Comisión Internacional de Medicina del Trabajo (CIMT). Representan entre el 55% y el 85% de los casos de cáncer de pulmón desarrollados en el trabajo.

Con ese horizonte para la retirada del amianto, el Gobierno aprobó en abril de 2022 la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En ella se incluye una disposición adicional, la número 14, que establece que los ayuntamientos deberán contar con un «censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada».

Este es el mapa con el que ahora ya dispone Valladolid, y que será remitido a «las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de la comunidad autónoma», que deberán «inspeccionar para verificar que se han retirado y enviado a un gestor autorizado». Esta misma normativa fija el año 2028 como el horizonte tope para la retirada de amianto en «instalaciones o emplazamientos de carácter publico con mayor riesgo». Aquí, Valladolid ya ha cumplido, subraya García Pellitero.