Una llamada de un vecino alertó el pasado viernes a la Policía Municipal de Valladolid de las pésimas condiciones en las que sobrevivía un perro en una finca del Paseo Juan Carlos I de la capital.
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Los agentes que acudieron al lugar se toparon con el animal -«un perro mestizo, negro, de 30 kilos»- atado a una pared con una cadena de 10 metros con «un corte profundo en el cuello, con pérdida de cuero cabelludo y secreciones purulentas» producido por los anillos del collar (también metálico).
El dueño, un anciano de 79 años, según explican desde la Policía Municipal, no solo permitió la entrada a los agentes y aportó el pasaporte del perro (en regla), sino que aseguró que «no lo había llevado al veterinario por lo caro del servicio» y que «había forrado con cinta aislante el collar» para evitar que la herida empeorara.
«El olor a queso que desprendía el perro -relatan los agentes- evidenciaba una infección grave que podía poner en peligro la vida del animal» y decidieron avisar al veterinario de urgencias de la clínica Huellas, que después de corroborar la infección en la finca se llevó al can al centro veterinario para tratarle adecuadamente.
Horas después, aseguran en la clínica, el dueño recogió al perro, abonó la consulta, el tratamiento y la vacuna de la rabia (el perro no estaba inmunizado) y se lo llevó de vuelta a la finca con una pauta de siete días de antibiótico y cuatro de antiinflamatorios. Además, el propietario deberá pagar una tasa en el Ayuntamiento por la recogida.
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La Policía Municipal ha pasado el acta de lo ocurrido al grupo cuarto de la Policía Nacional de Delicias para que estudien si el caso incurre en un delito de maltrato animal. No obstante, el dueño puede enfrentarse a una multa económica importante. Según recoge la ordenanza reguladora de la convivencia responsable y protección animal actualizada en abril del pasado año por el Ayuntamiento de Valladolid las sanciones podrán llegar hasta los 3.000 euros en los casos muy graves.
Para quienes incumplan las normas, como este señor, se establece un régimen sancionador que distingue entre infracciones leves, como la no recogida de excrementos, no limpiar con agua jabonosa las micciones o no comunicar la existencia de perros abandonados, las cuales se castigarán con multas de entre 150 y 600 euros; graves, para quienes dejen atados a sus animales más de ocho horas consecutivas, no les presten atención veterinaria o se nieguen a facilitar la documentación de sus mascotas en el caso de que estas ataquen a otras personas, con multas de entre 601 y 1.500 euros, y muy graves, cuando se imponga a los animales comportamientos ajenos a su condición animal o se les brinde un trato vejatorio, con multas de entre 1.501 y 3.000 euros.
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