Renault asegura que el traslado de su filial comercial no afecta a la tributación en la región

Se refería a Renault España Comercial, una filial del gigante francés de la automoción que el pasado 18 de junio dejó de estar residenciada en la avenida de Madrid, 72 de Valladolid para instalarse en el complejo que tiene el grupo en la avenida de Europa, 1 de Alcobendas. Así figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) del día 25 de ese mes, donde se especifica además que tiene 278 empleados y que se constituyó hace 31 años, el 1 de diciembre de 1993. A la vista de la alarma generada, la multinacional francesa se apresuró a aclarar que la sede social de Renault España SA, que gestiona las fábricas de Villamuriel de Cerrato (Palencia) y Valladolid capital, con alrededor de 8.000 empleados, seguirá donde está. Es decir, en esta última ciudad y por tanto en la comunidad.

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Y ha ido más allá. «El cambio de domicilio fiscal de Renault España Comercial (RECSA) no ha afectado a la tributación de la compañía en Castilla y León», aseguran fuentes de la empresa. E insisten en que se trata de «una pequeña filial que siempre ha estado en Madrid» y que es allí donde desarrollan su labor sus «250 empleados, que nunca han estado en Valladolid». La modificación responde, según la firma del rombo, al deseo de «tener la sociedad en el registro mercantil correcto, el que corresponde», o lo que es lo mismo, en acomodarla al lugar «donde realmente está la actividad».

En la misma línea se ha manifestado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha rechazado los cálculos socialistas: «Me fío mucho más de Renault y del compromiso de Renault con esta tierra», ha dicho. En este sentido, ha sentenciado que el impacto en las arcas públicas del traslado de RECSA «es neutro, cero, no tiene ningún efecto sobre ningún tributo de los que afectan al sistema de financiación autonómica». Así, ha recordado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) se paga en la comunidad donde se efectúa el traspaso del bien, «y no donde el ciudadano está censado»; el IVA en fase minorista, que es el que se transfiere al 50% a las autonomías, allí donde se realiza cada operación, y el Impuesto sobre la Renta (IRPF) lo abonan los trabajadores donde tienen su domicilio fiscal, y «no ha habido ningún cambio de ninguna persona física, como se ha señalado expresamente por parte de la empresa».

Estas explicaciones no convencen a los socialistas, que siguen empeñados en llegar hasta el fondo del asunto. De ahí que los procuradores José Francisco Martín y Rosa Rubio hayan registrado una pregunta escrita a la Junta para dilucidar, entre otras cuestiones, «qué gestiones ha realizado para evitar el cambio de domicilio social de la empresa Renault España Comercial SA». Junto a esto, exigen conocer «cuál es el impacto sobre la economía de Castilla y León» y sus repercusiones «en la financiación de la comunidad autónoma».

«El volumen de ventas que publicó esta empresa en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el último ejercicio cerrado que fue el año 2023, dice que facturó 2.683 millones de euros en ventas. ¿Qué cálculo hacemos nosotros? Si esas son las ventas de vehículos que hace, eso tributa al 21% de IVA. De ese 21% de IVA el 50% está cedido, revierte a la comunidad autónoma», detalla Rosa Rubio, lo que da como resultado los 282 millones a los que aludió Tudanca. Más allá de esa cantidad, expresa su preocupación pro el «impacto negativo» que tendrá en el Índice de Producción Industrial y en las exportaciones«. Y vuelve a dejar la pelota en el tejado del presidente Mañueco y el consejero Carriedo: «Si nosotros estamos equivocados y hemos hecho mal las cuentas, que sean ellos quienes lo digan, que por otra parte deberían haberlo hecho público (el cambio de domicilio) ellos. ¿O no lo sabían?», se pregunta.