De rehén de las maras a libre en Valladolid

Si Honduras es uno de los países más violentos del mundo, San Pedro Sula es su capital del crimen. Las maras (bandas) gobiernan su realidad y convierten la violencia y la muerte en una teatralización de su poder. De allí salieron huyendo en octubre de 2019 Yaritza y su pareja, Daniel.

Sobrevivían con un pequeño negocio, una mototaxi. Pagaban el «impuesto de guerra» (extorsión) a la Mara 18, el ejército del crimen más importante de toda Centroamérica. Hasta que decidieron obligarles a vender combustible robado. «Ahí empezó el dolor. De pagar el impuesto a trabajar para ellos. Te convierten en delincuente. Estás atrapado pero, si lo dejas, te matan».

A Yaritza le cuesta contar su historia. Pero cuando se arranca, se siente liberada y no ahorra detalles. «Sentías la muerte rondándote a cada rato». Daniel intentó con ayuda de un 'coyote' (traficante de personas en la frontera) cruzar a Estados Unidos, pero fue detenido y deportado.

La vida de Yaritza, la primera persona de su familia que llegó a la universidad (Ingeniería de Sistemas), «explotó psicológicamente». Gracias a la ayuda de Cruz Roja ambos pudieron salir del país. Después, en Acnur (ayuda al refugiado) les hablaron del Programa de Protección Internacional español y así aterrizaron en Madrid. el 16 de octubre de 2019.

Fueron días de dormir en iglesias esperando plaza en algún albergue. Después, una mujer generosa «nos metió en su casa», hasta que les ofrecieron una de las 100 plazas del programa de Primera Acogida en Valladolid.

La pandemia de covid que se desató nada más llegar a la ciudad lo hizo todo aún más difícil. En estos dos años largos, Yaritza cita la retahíla de trabajos que ha realizado: temporera en el campo, teleoperadora, panadera, monitora escolar, limpiezas varias...

Es una de las cientos de extranjeros que cada año llegan a Castilla y León en condiciones precarias y se benefician del Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En especial de la Red Ariadna, que 'teje hilos' entre la precariedad inicial y la búsqueda de un futuro aquí, en la región de la despoblación.

«Es un programa de atención muy intensivo porque vienen en situaciones muy vulnerables», explica Laura Trejo, técnico de Accem. Es la organización que más expedientes gestiona en la comunidad. Solo en el primer semestre de 2021, recibió a 1.832 personas (834 en Valladolid) en sus programas de Protección Internacional.

Otras cuatro organizaciones (Cruz Roja, Cepaim, Procomar y Progestión Peñafiel) ofertan estos servicios de apoyo al migrante. «La covid ha cambiado el perfil del demandante. El cierre de aeropuertos hizo que se impongan los que llegan por tierra: afganos, sirios...», ratifica la técnico de Cruz Roja, Natalia Martín.

A todos los que nada más llegar solicitan esa Protección Internacional se les incluye en un trayecto que dura de 18 a 24 meses. Las cinco organizaciones han creado una mesa sectorial para coordinar sus labores. «Tratamos de evitar las situaciones de colapso de las peticiones, los cuellos de botella que se producen en algunas épocas», resalta la coordinadora autonómica de Accem, Noelia Martínez.

Una ayuda que comienza por lo más básico, la búsqueda de un piso que les saque del anonimato de los albergues. Así, entre estas organizaciones tutelan algo más de 100 plazas en pisos compartidos por familias o personas individuales.

Las cinco organizaciones confirman que la menor movilidad provocada por la covid apenas incide en la llegada de inmigrantes, la mayoría marcados por la necesidad. O, como en el caso de Yaritza, la desesperación. «Nuestras plazas están llenas casi siempre», confirman Natalia Martín y el responsable de Cepaim Valladolid, Raúl Vara.

Son casas independientes, supervisadas por los técnicos pero en las que se intenta respetar la convivencia familiar y clasificarlos por afinidades idiomáticas o culturales. Hombres o mujeres solas no comparten vivienda.

«El sistema está muy rodado -asegura Raúl Vara-. El ministerio ve las plazas libres, las asigna a cada centro y se hace la monitorización».

Esta organización se instaló en el centro de Valladolid justo al comienzo de la pandemia de covid. Su sede es un hervidero de técnicos muy jóvenes con todo tipo de perfiles profesionales para responder a las necesidades de una 'clientela' muy cambiante y variable.

Unos y otros diseñan unos itinerarios de integración como el que vivieron Yaritza y Daniel. España ha alargado y humanizado los periodos de permanencia en los sistemas de acogida para evitar caer en la ilegalidad.

Un riesgo que agudizó el cerrojazo de las oficinas para hacer trámites, que condenó a muchos inmigrantes a la indigencia del papeleo. «Nos llegaban bastantes que no pueden acceder al entramado tecnológico porque carecían de ordenador», advierte Trejo. Aunque, el programa de Protección Internacional «ha traído estabilidad a las personas que buscan una estancia legal en España», concluye desde Cruz Roja, Natalia Martín.

Aunque no faltan los casos en los que los solicitantes «se volatilizan porque nos ven como un lugar de paso hacia otro destino. Entonces toca activar el protocolo de abandono», relata Vara.

La ley impide que las personas que piden ser incluidas en este programa puedan trabajar durante los primeros seis meses de estancia en España. Según avanzan en su adaptación se les van renovando los permisos de estancia cada seis meses.

«Es en este momento cuando más necesitan ayuda social, asesoramiento, clases para conocer el idioma y, aparte de vivienda, alimentos e incluso algo de dinero de bolsillo para su día a día», resume la técnico Laura Trejo.

«Cuando llegué a Valladolid me dediqué a conocer la ciudad y hacer papeles para empezar mi inserción laboral», relata Yaritza. La palabra clave es la 'tarjeta roja'. El papel que permite buscar las primeras experiencias laborales y que, en el caso de esta joven hondureña fue más rápido gracias a que se ahorró el abismo del dominio del castellano.

Hay que personalizar lo mejor posible cada aventura de integración ya que hay una ley que siempre se cumple. «Una documentación o una estancia precaria conduce a trabajos precarios», sentencia Laura Trejo.

Cerca del 8% de los vecinos de Valladolid son foraneos, una cifra que se acerca ya a las 40.000 personas, según el último dato del Observatorio Permanente de la Inmigración. Una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos cinco años (solo el año previo a la pandemia creció un 18%) .

En todo caso y a diferencia de lo que ha pasado con el resto de la sociedad, las restricciones a la movilidad por la crisis del coronavirus ni mucho menos han reducido la demanda de ayuda en 2020 y 2021.

Accem, la única de las cinco instituciones que ofrece todo el abanico de servicios a los inmigrantes, atendió solo en el primer semestre de 2021 (último del que tienen datos), a 1.832 personas dentro de su programa e Protección Internacional. Sus técnicos insisten en «la alta tasa de integración e inserción laboral sin apenas conflictos».

Progestión en Peñafiel un Centro de Protección Internacional y ha dedicado una jornada a analizar sus programas de inclusión laboral y protección Internacional. En ella se abordó la temática del empleo como pilar fundamental en los procesos de inclusión de los migrantes en España.   

Progestión abrió sus puertas en octubre de 2020, y ofrece 40 plazas. Las demandan personas que huyen de sus países porque ven comprometida su integridad física, e incluso su vida, por la vulneración de los derechos fundamentales. Hoy día atienden a 35 personas de países como Nepal, Afganistán, Colombia, Argelia, Túnez, Marruecos, Mali, Senegal, Guinea Conakri, Camerún y Haití.

Un equipo de juristas, psicólogos, técnicos de empleo, profesor de idiomas,... cubre las necesidades de estas personas en situación vulnerable.

Sara de la Pinta es una de las técnica de empleo del Proyecto Pasos, de acompañamiento para la integración laboral que en abril cumplirá un año de vida. Desde entonces han atendido a 33 personas de las que 31 eran varones. Más del 65% son jóvenes menores de 25 años.

«Durante la ejecución de Pasos en Peñafiel se han incorporado al mercado de trabajo 19 personas del total de las 23 que finalizaron su itinerario», explica De la Pinta, que abunda en las estadísticas: «un 82,6% de las personas que finalizaron su itinerario se incorporaron a un puesto de trabajo, entre ellos 14 eran menores de 25 años». 

En cuanto a los sectores profesionales de incorporación destacan el agrícola, la hostelero, la industria alimentaria y la construcción. «De los 19 que se incorporaron al mercado laboral 12 accedieron a través del servicio de intermediación laboral».