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Aquel éxodo, que se prolongó durante dos ejercicios, supuso «un palo muy gordo» en el entorno de la céntrica plaza de Madrid. Lo confirman quienes lo sufrieron de lleno: los comerciantes y hosteleros, que hasta 2014 mantuvieron estables sus cajas gracias al tráfico de funcionarios ... y administrados. Primero Hacienda, que en septiembre de aquel año se trasladó a la nueva sede de Villa de Prado, y después la Seguridad Social, que en diciembre de 2015 cerraba Gamazo para mudarse a la Ciudad de la Comunicación, dejaron vacantes dos de los edificios públicos con más actividad del casco histórico. Cerca de un millar de empleados del Estado y otros tantos visitantes diarios se esfumaron. Ocho años después, la nutrida presencia de obreros en el inmueble de la que fue la oficina principal de la Agencia Tributaria devuelve el optimismo y genera expectativas a las tiendas y bares que resisten. Porque otros echaron el cierre.
Constructora San José trabaja desde septiembre en el principal edificio de esta plaza –inaugurado en 1933 y diseñado por el arquitecto Manuel Cuadrillero y Sáez– para rehabilitarlo y adaptarlo a las necesidades del siglo XXI. Treinta meses de obras y una inversión de 14 millones de euros permitirán devolver el uso a esta propiedad de la Junta, que trasladará a él diferentes servicios que ahora están de alquiler en la capital y en los que trabajan 300 empleados públicos. El objetivo: ahorrar, según estima el Gobierno regional, los 720.000 euros al año que ahora paga en concepto de rentas.
José Pérez, estanquero
Gracia Higelmo, peluquería Pacheco
El tajo ya está lanzado. Si uno se asoma a la entrada principal, puede ver los primeros trabajos de demolición y retirada de material. Las casetas de obra se sitúan en la calle Muro, mientras que parte de la acera de Dos de Mayo se ha vallado para facilitar las labores de la adjudicataria.
7.200 metros cuadrados tiene la antigua sede de Hacienda, inaugurada en 1933.
14 millones es el coste de la rehabilitación, de los que seis provienen de fondos europeos.
300 funcionarios ocuparán el edificio tras su reforma.
Asegura José Pérez, propietario del estanco, que aquella operación de reubicación de sedes promovida por el Ejecutivo central convirtió la plaza de Madrid en «un barrio dentro del centro». «Aquí trabajaban cerca de mil personas y otras mil que venían a diario a hacer sus gestiones, las ventas cayeron entre un 20% y un 30% como mínimo», señala. Y desde entonces nada ha sido igual. «No tenéis más que ver la de locales cerrados que hay en Divina Pastora, el daño fue muy importante», apuntala Inmaculada Hijosa, propietaria de la floristería Orquídea, ubicada en esa calle.
Álvaro Romero, bar romero
Miguel Ángel González, Almacenes González
Pedro González, El Rincón de Lagunilla
De aquel funeral se ha pasado a la esperanza de la resurrección. Miguel Ángel González, de Almacenes González, con más medio siglo de presencia en la plaza, confía en que la puesta en marcha de la futura sede de la Junta reactive el tráfico de transeúntes y potenciales clientes tras la caída en el negocio que provocó la mudanza de ambos organismos. «Genera optimismo, se ven buenas posibilidades de futuro, lo único es que hay que esperar todavía a que termine la obra», valora este profesional, quien teme, no obstante, las consecuencias que pueda acarrear la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, que vetará el acceso de los vehículos más contaminantes al centro de la ciudad desde 2024.
La operación de rehabilitación del inmueble afectará a sus 7.200 metros cuadrados para adaptar sus espacios a las nuevas funciones administrativas. Eso sí, el proyecto respeta los elementos más reconocibles del edificio, como su fachada y su patio interior, cubierto por una espectacular vidriera, que también se restaurará durante la ejecución de unos trabajos complejos por la obligación de conservar la estructura de la edificación.
Pedro González, propietario del establecimiento hostelero El Rincón de Lagunilla, en la calle Dos de Mayo, se conoce el entorno al dedillo. Lleva en él muchos años. Primero como empleado en el bar El Tapeo de la Plaza (ahora Romero) y después como propietario de su propio negocio. «Se notó muchísimo la bajada de clientes, hay que tener en cuenta que además de los funcionarios por aquí pasaba una población flotante de mil o dos mil personas al día. Si eso vuelve, habrá locales que podrán reabrirse, al menos eso esperamos», comenta mientras recoge las mesas tras los desayunos. Un vistazo tanto a la plaza como a las calles aledañas permite percatarse de la pérdida de atractivo que sufrió la zona, con locales cerrados ahora en la esquina con Gamazo – antiguos emplazamientos de Deportes Halcón y Caixa Galicia– y también en la confluencia con Divina Pastora, donde permanece vacante una enorme tienda que ocuparon Ibana Rue y la inmobiliaria Parqueolid.
El actual dueño del Romero, Álvaro, que lleva desde 2020 detrás de la barra de este bar, también está esperanzado con la reforma del edificio, al igual que Gracia Higelmo, de la Peluquería Pacheco. «Después de la pandemia, el ambiente empezó a florecer, pero con esta crisis ha vuelto a notarse que está todo muy lento; creemos que cuando abra la nueva sede nos va a venir genial, porque habrá más movimiento de gente y al estar en una zona de paso podemos ganar clientes», subraya una de la empleadas.
Las intervenciones constructivas previstas en este inmueble afectarán al refuerzo de la estructura del edificio, el reacondicionamiento de espacios interiores, la dotación de instalaciones y equipamientos tecnológicamente avanzados para su eficiencia energética, así como la mejora de las condiciones de aislamiento térmico y acústico. La intención es lograr un consumo de energía casi nulo.
Por el momento, la Consejería de Economía y Hacienda no concreta qué servicios acogerá este reconocible inmueble. En su momento, se apuntó a los servicios de Familia e Igualdad de Oportunidades, ahora en alquiler en un edificio de la calle Mieses, y también se ha barajado la posibilidad de reagrupar sedes territoriales. Hay tiempo para tomar la decisión. Quedan aún más de dos años para su reapertura.
La mudanza de las dos grandes sedes administrativas fuera del centro entre 2014 y 2015 activó las alarmas por las consecuencias que tenía para el comercio y la actividad en el cogollo de la capital y llevó a la oposición entonces, ahora gobierno municipal, a tomar una de las decisiones de ciudad más trascendentes: cambiar la ubicación de la Ciudad de la Justicia, prevista entonces en una parcela entre Villa de Prado y Girón, para dejarla en el entorno de San Pablo. Desde que el PSOE y Toma la Palabra accedieron a la Alcaldía comenzaron las gestiones para poder levantar esa dotación en la plaza de San Pablo y evitar un nuevo éxodo de operadores judiciales y justiciables más allá de la avenida de Salamanca. Ocho años después, se acaba de firmar el convenio para afrontar esta obra en el Colegio El Salvador y en parte del aparcamiento del antiguo Río Hortega. Ese acuerdo contempla una inversión de 80 millones de euros para iniciar la construcción de ese Campus Judicial en 2024 y que puede estar plenamente operativo tres años después.
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