La REA pro infancia pide ejercer la acusación contra el entrenador de Puente Jardín

En el escrito de personación, la REA se considera completamente legitimada para ejercer la acusación en este caso, que ha entrado en la recta final de instrucción, y considera que no tendría que abonar una fianza para ejercer estas acciones al tratarse de «una asociación de víctimas, tal y como queda acreditado en la Declaración de Utilidad Pública que se aporta al juzgado». En este momento, la personación de esta asociación de protección a la infancia está en manos de la Audiencia de Valladolid, que tendrá que decidir si revoca o confirma la decisión del juez instructor, quien declinó la entrada de esta entidad en el procedimiento, lo que motivó la interposición de un recurso ante el tribunal provincial que está pendiente de resolver, según ha confirmado Antonio Rodríguez Marcos, el secretario general de la Asociación Castellano y Leonesa para la Defensa de la Infancia y Juventud.

Mientras la Audiencia decide este extremo, las diligencias en el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid se han reactivado una vez que se ha recibido el informe policial sobre las comunicaciones, ordenadores y otros dispositivos digitales del sospechoso que fueron incautados durante la entrada y registro en su domicilio y en una nave de su propiedad en el Polígono de San Cristóbal, reconvertida en un 'loft' y equipada con todo tipo de juegos y entretenimientos, alcohol y juguetes sexuales. Fuentes próximas al caso han indicado que, del 'vaciado' de los equipos informáticos no se desprenden indicios de que puedan existir otras víctimas de delitos sexuales o pornografía infantil.

Después de que la familia del menor pusiera la denuncia el pasado mes de febrero en el cuartel de una localidad del alfoz de la capital, informando de que el chico había recibido mensajes sexuales por parte del delegado del club en la categoría infantil, la Guardia Civil abrió una investigación por supuesto delito contra la libertad sexual de un menor que llevó a la detención del entrenador. El magistrado instructor le dejó en libertad con cargos pero le impuso medidas cautelares, prohibiéndole tanto el acercamiento y comunicación con el menor y su familia a menos de 300 metros. Además, el auto judicial le impidió seguir entrenando a menores de edad, aunque no el desempeño de trabajos en los que pudiera estar en contacto con niños.

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Como consecuencia de esta denuncia, el técnico fue expulsado del club «antes de que la madre aportara la documentación del juzgado y nada más tener conocimiento de esos whatsapp», según subrayó en su día el presidente de Puente Jardín y La Victoria, Isidoro del Río, quien incidió en que los hechos investigados se habían producido «en periodo vacacional y fuera del ámbito deportivo y de las instalaciones».

Posteriormente, la Policía Nacional tramitó una segunda denuncia respecto del entrenador que fue derivada a la Benemérita, si bien los mensajes que habría recibido otro menor con anterioridad tendrían un contenido inapropiado pero sin un explícito carácter sexual.