La CVE rectifica tras causar indignación por querer obviar a los mayores para la desescalada

La patronal vallisoletana lamentaba por la mañana que la Junta utilizase el cómputo de víctimas en residencias de ancianos, «colectivo no productivo desde el punto de vista económico», para retrasar el cambio de fase y con él la reactivación de, sobre todo, el comercio y la hostelería.

Las 'reflexión' de la organización que preside Ángela de Miguel en el sentido de que «si se excluyeran los datos de focos de riesgo como pueden ser las residencias de ancianos, que no es sociedad productiva que vaya a incorporarse a puestos de trabajo», las empresas podrían recuperar la normalidad más rápidamente provocaron el rechazo e indignación de partidos políticos y sindicatos.

En su análisis «de los datos que proporciona la Junta de Castilla y León, la CVE tiene la sospecha de que el número de fallecidos por COVID en residencias son los que están provocando que los datos de las áreas de salud estén por encima del criterio que se ha marcado la Junta de Castilla y León», señalaba la CVE que, eso sí, se declaraba «alineada con la necesidad de salvaguardar de forma prioritaria la salud y la seguridad de los ciudadanos».

A continuación, no obstante, afirmaba que «tener criterios más restrictivos y avanzar de forma más lenta que otras comunidades autónomas en la desescalada va a traer graves consecuencias para nuestra economía en términos de pérdida de competitividad, dejando a nuestras empresas en clara desventaja frente a otras, acompañado, previsiblemente, de un incremento de empresas cerradas y ciudadanos en desempleo».

Tras conocer estas opiniones, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, pedía «más prudencia» a la patronal vallisoletana y recordaba a De Miguel que los ancianos que viven en residencias son «ciudadanos con derechos». Según manifestaba el dirigente de Ciudadanos, «todas y cada una de las vidas de los ciudadanos de Castilla y León y Valladolid importan».

Para el responsable de Acción Sindical de UGT en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, las de Ángela de Miguel «son las palabras y propuesta mas denigrante hacia la sociedad» que ha escuchado durante la pandemia, por lo que demandó a la que es también portavoz de la patronal autonómica que pidiese «perdón» y se apresurase «públicamente a contar con los ciudadanos por vidas y no por productividad».

Los comentario en Twitter no se hicieron esperar:«He pasado un muy mal rato cuando he leído las declaraciones de la CVE. Son intolerables. Exigimos una explicación, una rectificación y una disculpa», señalaba el concejal vallisoletano de Valladolid Toma la Palabra Alberto Bustos.

«Sensibilidad y el contenido de lo que dice la CVE no va muy a la par...», sostenían desde la juventudes de CC OO. «Las declaraciones de la patronal CVE son vergonzosas e inhumanas», escribían desde IU. «Urge una disculpa», tuiteaba la Federación de Vecinos de Valladolid, al igual que lo hacía el líder del PSOE en la comunidad, Luis Tudanca: «Lo mejor es una rectificación inmediata y una disculpa. Debemos tanto a nuestros mayores, han hecho tanto por este país que, además de tener todos los derechos intactos, se merecen nuestro respeto».

Y la rectificación, o más bien aclaración, llegaba por parte de la CVE a media tarde.

«Desde el inicio de esta crisis, el compromiso del empresario de Valladolid ha sido la superación de esta pandemia, y sobre todo, la salud de todos los ciudadanos, sin distinciones –señalaba la patronal–. Manifestamos nuestro máximo respeto a todas las personas y sobre todo a nuestros mayores, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento durante esta crisis a toda la sociedad y desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios sentimos que nuestra nota de prensa haya podido dar lugar a otras interpretaciones, lamentando si se ha podido ofender a alguien».

La patronal vallisoletana señalaba en el comunicado original que acompañaba a las declaraciones de su presidenta que «la Comunidad de Madrid da por hecho que pasará a la Fase 1; la Comunidad Valenciana ha solicitado que pasen los 14 departamentos que se quedaron fuera; Andalucía confía en que Málaga y Granada se incorporen a la fase 1 junto al resto de las provincias y va a reclamar que la autonomía pueda pasar al completo a la fase 2 el próximo lunes y Castilla-La Mancha espera que Albacete, Ciudad Real y Toledo se incorporen a la fase 1».

Por el contrario, lamentaba que en Castilla y León se estén «aplicando criterios más restrictivos, desescalando por zonas básicas de salud en lugar de por provincias, y sólo se pedirá avanzar en aquellas con tres o menos casos por 10.000 habitantes y uno o ninguno la última semana».

Para la CVE, la Junta debe permitir avanzar en la desescalada y activar la economía, para lo que «debería salir de una posición cómoda de medidas pasivas para combatir la pandemia, como puede ser el mantener confinada a la sociedad e hibernar la economía, y comenzar a aplicar medidas activas que garanticen la salud de las personas».