194 pueblos de Valladolid se acogen al plan de ruinas para intervenir en 376 inmuebles

A 1 de enero, el número de solicitudes de actuación en materia de inmuebles en ruinas incluidas en este plan asciende a 376, la mayoría en poblaciones con un censo inferior a 1.000 habitantes (337). Entre los municipios que se han acogido al plan desde su puesta en marcha –tras contemplar uno propio hace 10 años–, está Corrales de Duero, ubicado en la comarca de Peñafiel, el cual ha incluido un destacado número de viviendas en avanzado estado de ruina de su casco urbano: veintiuna.

Cumplidos todos los trámites, en estos momentos, tal y como explican desde el Consistorio de Corrales de Duero, desde la Diputación se está notificado a los propietarios la obligación que ejecuten el derribo y el posterior desescombro de sus edificios ruinosos. Es más, ante la amenaza de derrumbe de una construcción que se ubica en la travesía de la carretera VA-VP-3017, incluso antes de que llegue la notificación de la Diputación el Ayuntamiento –tras hablar y acordarlo con el propietario– ya ha tramitado todos los permisos para que se proceda a demoler lo que queda en pie de esa casa.

Propiedad

Igualmente ya ha procedido a retirar el alumbrado público y el cableado que se fijaba en la fachada del edificio. «En 15 días hemos realizado todos los trámites y concedido los permisos», apuntan desde la Alcaldía, desde donde corroboran que «se está notificando a los dueños de inmuebles que más peligro corren de venirse abajo, propiedad de vecinos que llevan años fuera y que desconocían que eran propietarios de una casa en el pueblo, edificios que suponen un peligro, señala el alcalde, Adolfo Monedero.

Para el edil de Corrales de Duero el Plan de Ruinas es una buena iniciativa, cuyo engranaje administrativo arranca con la identificación, por parte de los Ayuntamientos, de los propietarios de inmuebles en ruinas, algo que según reconoce Monedero a veces no resulta fácil, pues en algún caso la propiedad de un inmueble se diluye en muchos herederos –hasta casi 30, como un caso en particular de su pueblo con el que ejemplifica–, o en todo lo contrario: en la falta de los mismos al no formalizarse la herencia. Asimismo, señala que en el caso de que un inmueble pertenezca a varias personas, quien haya pagado el IBI en los últimos cuatro años es quien debe responder de cara a la administración; «luego ya se pondrá de acuerdo con el resto de propietarios de la familia», anota. Otro escollo está en lo ya expuesto, que los dueños residan fuera del municipio desde hace años y además desconozcan su titularidad. Pero una vez conseguida la identificación, se remite la pertinente documentación a la Diputación quien notifica el aviso de derribo, el cual, si no lo llevan a cabo los propietarios en el plazo estipulado, lo realiza la propia Institución provincial, quien luego les pasa la factura a través de REVAL, ente dependiente de la Diputación que gestiona la recaudación de tributos de otras administraciones.