Valladolid

Los pueblos piden el derribo de 60 inmuebles en ruinas este año, el máximo desde 2016

Prueba de ello es que, conforme pasan los años, cada vez son más las localidades que se adhieren al Plan de Ruinas de la Diputación de Valladolid, un programa puesto en marcha hace una década para prestar apoyo –económico y en la tramitación– a los municipios en materia de ruinas y que en lo que va de año ha registrado sesenta peticiones.

En la actualidad, son 209 –de un total de 221, el 95%– los pueblos suscritos al proyecto de la institución provincial, siete más que hace tres años. Además, la gran mayoría –179– son pequeños, de menos de mil habitantes. Municipios en los que en ocasiones es difícil toparse con un solo alma, donde la sangría demográfica ahoga sin posibilidad de dar un respiro. El mal estado de muchas de sus edificaciones y el valor sentimental que les dan sus dueños lastra una hipotética –y cada vez más utópica– recuperación.

De hecho, en los últimos diez años se ha requerido la intervención hasta en 662 inmuebles que se despedazaban. Casi todos –555–, nuevamente en pueblos de menos de mil empadronados. Tuvo el programa una buena acogida desde el primer momento –en el primer año hubo 92 solicitudes de actuación–, aunque el pico en sus diez años de vida se alcanzó en 2016, cuando la Diputación recibió 159 demandas de derribo.

Desde ese momento, hubo una caída en picado en cuanto a solicitudes en el Plan de Ruinas, disminuyendo de forma progresiva hasta alcanzar el mínimo de peticiones en los dos últimos años, con 19 en 2023 y 22 en 2022, según los datos facilitados por la entidad provincial.

Un mínimo histórico en el programa debido a «múltiples factores» ajenos en cualquier caso al Servicio de Asesoramiento Local de la Diputación, que ha mantenido e incluso incrementado recursos e inversión –el gasto total asciende a 742.165 euros, con unos ingresos de 62.128 euros– durante todos estos años.

Una de las circunstancias que supuso que hubiera tan pocas peticiones fue la propia actividad municipal. En 2023, con elecciones municipales y los posibles cambios en las alcaldías, ha sido ahora cuando los nuevos regidores han empezado a conocer la existencia del Plan de Ruinas y han solicitado, en 2024, la actuación de la Diputación. Otro de los motivos fue las inclemencias meteorológicas:con más lluvia y más viento, más deterioro de las edificaciones, principalmente las de adobe, sobre las que no se reailzan actuaciones de conservación. Por último, la tercera razón que barajan en la institución provincial sobre este descenso en los requerimientos es por los propios vecinos, ya sea porque no denuncian la situación o bien porque han desatendido los deberes de conservación.

Pero no todas las solicitudes llegan a buen puerto. Sin ir más lejos, la Diputación ha desechado, por diferentes, motivos, la intervención en 37 inmuebles, mientras que 149 están ya archivados, 262 concluidos y 106 pendientes de tramitación. A todo ello, además, cabe destacar las 124 ejecuciones subsidiarias realizadas. Tienen claro desde el Servicio de Asesoramiento Local la importancia del plan, y aunque abogan por seguir creciendo en cuanto a la gestión, hacen hincapié en resolver «en la medida de lo posible todas aquellas incidencias y situaciones especiales» registradas durante todo este tiempo, como tratar de dar solución a la gestión de residuos, el problema de los inmuebles vacantes o una mayor implicación de las administraciones responsables en la conservación y protección de edificios actalogados que están en ruina.