Seis años de batalla judicial por su hijo, que su esposa se llevó de Íscar a Tailandia

«Si esto le hubiera ocurrido a una madre, estoy segura que la sensibilidad habría sido distinta y la Fiscalía ya habría actuado para tratar de recuperar al menor, que es español», señala la letrada. Esto fue en 2015 y el padre iscariense lleva seis años inmerso en pleitos judiciales para conseguir abrazar a su hijo, al que solo ve cuando su madre lo muestra en fotos y videos que cuelga en redes sociales. Fue por casualidad, por la televisión, en un programa en el que su exmujer hacía una publicidad de un taller en el que trabajaba en Altea (Alicante), cuando José Ramón se enteró que P. K. estaba en España y no en Tailandia. Allí dejó a su hijo Samuel, al parecer, con una tía abuela, pero a día de hoy no sabe con quién está, si se encuentra bien o si el niño sabe que tiene un padre que le busca.

«Sigo y seguiré luchando por mi hijo, tiene que saber que tiene un padre y una familia aquí que le quiere y con la que puede contar el día de mañana si lo desea, yo no he negado que pueda estar con la madre, pero que conozca a las dos familias. Su abuela, que tantas ganas tenía de tener un nieto, está destrozada. Mi familia no ha vuelto a ser la misma desde entonces, esto nos ha cambiado la vida», se lamenta el padre con los ojos enrojecidos, al borde de las lágrimas. «Quiero poder ser padre, de eso se trata. Yo soy su padre».

Lo que empezó como un bonito romance en Íscar en el contexto de las convivencias previas de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, donde se hicieron pareja, siguió con la boda civil en Tailandia y posterior celebración aquí, luego la alegría por la llegada de su primer hijo, se ha transformado, relata José Ramón, de 43 años, «en una pesadilla» que dura casi los mismos años que tiene el niño. Un tiempo en el que las pesquisas familiares han evidenciado, dicen José Ramón y Nuria, su única hermana, que 'May', como se hacía llamar, «nos utilizó y nos engañó desde el principio, no sabemos quién es, solo que considera al niño como un objeto de su propiedad».

El asunto civil sigue su curso en el Juzgado de Primera Instancia 3 (Familia) de Valladolid pero está varado en la vía penal, donde se siguen diligencias por un presunto delito de sustracción internacional de menores. Se trata de un delito permanente hasta que se devuelve al menor. La guardia y custodia la tiene el padre, a quien le fue concedida el 28 de febrero de 2020 por el juzgado de familia. La madre, a través de su abogado, quiere negociar una modificación de medidas con el padre, pero este teme que si accede a ellas sin que el niño esté en España, su ex, a quien la Audiencia de Valladolid ha devuelto el pasaporte, regrese a Tailandia y perder para siempre el rastro de su hijo. Por ello, su letrada, María González Ortiz, va a volver a solicitar medidas cautelares «porque la madre no tiene arraigo aquí y puede marcharse en cualquier momento y el padre no sabe en qué condiciones está el menor ni con quien está, ni puede contactar con él de ninguna forma».

La primera querella que se puso fue archivada porque no se localizó a la denunciada, pero cuando se supo que P. K. reside en España se solicitó la reapertura de la causa en septiembre de 2021 y el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid ordenó medidas cautelares como la retirada del pasaporte, que fue recurrida por la madre de Samuel en la Audiencia de Valladolid, que estimó el recurso y le devolvió dicho pasaporte porque estimó la alegación de que llevaba residiendo en España desde 2020, si bien el niño no está con ella.

«Todo parte de un engaño, porque cuando ocurrió todo estaban casados, no existía discordia y él accedió de buena fe a que se fuera por un mes y que luego retornaría a España», resume la letrada. Hasta 2016, el criterio jurisprudencial para que se considerara que había delito es que el progenitor no custodio se llevara al menor, pero nada se decía en los supuestos en que ambos convivieran con el niño y no existiera una crisis matrimonial. Pero ese criterio ha cambiado y tanto la Audiencia Nacional como el Supremo consideran que trasladar al menor de lugar de residencia tiene que ser de mutuo acuerdo para que no tenga trascendencia penal. El interés del menor tiene que pesar sobre «el ejercicio arbitrario del derecho de custodia» y si no se ponen de acuerdo, lo decidirá un juez. Pero la sustracción de menores del artículo 225 bis del Código Penal español se topa con un considerable escollo: la legislación de un país asiático con el que no existen convenios en esta materia, apuntan los juristas consultados.

En la denuncia se detalla que el padre no ha tenido ningún contacto con su hijo, «que fue sacado del país con engaños», desde 2015 y que lo ha visto en contadas ocasiones «a través de videoconferencia cuando la madre lo ha decidido para obtener algún beneficio», sin que el padre tenga ni un número de teléfono donde pueda llamar al menor. «Esta historia es retorcida. Es algo que ves en los informativos, no crees que te pase, pero es muy real. Es como si te arrancaran el corazón. Te afecta hasta cuando ves a padres con sus hijos jugando en el parque», manifiesta José Ramón antes de despedirse.

Este periódico se ha puesto en contacto con el letrado que representa a la madre de Samuel, colegiado en Elche, pero no ha sido posible recabar la versión de la parte denunciada.