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Tres ayuntamientos de Valladolid no rinden cuentas desde hace tres años o másTodas las entidades locales están sometidas a controles para «salvaguardar la integridad de los bienes y caudales de la Administración pública y para garantizar una adecuada gestión», según recuerda el Tribunal de Cuentas. Esto implica que deben informar sobre la actividad económica, financiera y presupuestaria ... que realizan cada año, mediante la elaboración de un conjunto de documentos.
De fiscalizarlos se encarga el Consejo de Cuentas de Castilla y León, institución creada en 2002 que depende de las Cortes regionales. Su presidente, Mario Amilivia, ha presentado este lunes en el Parlamento autonómico el último informe anual que resulta de esa labor de análisis, donde se refleja que a 31 de octubre de 2023 una docena de ayuntamientos de Valladolid –el 5,3% del total– había incumplido con su obligación durante tres ejercicios o más.
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José Antonio Bravo
Los municipios de la provincia que no habían rendido cuentas durante al menos tres años eran Curiel de Duero, Esguevillas de Esgueva, Gallegos de Hornija, Piña de Esgueva, San Salvador, Tamariz de Campos, Tordehumos, Torrescárcela, Valverde de Campos, Vega de Valdetronco, Villagarcía de Campos y Villanueva de San Mancio, que sumaban 2.010 habitantes. Desde esa fecha se han puesto al día la totalidad de ellos excepto Tordehumos, Valverde de Campos y Villagarcía de Campos, lo que les convierte en los tres únicos consistorios de los 225 que hay en la provincia que se encuentran en esa coyuntura.
Hay otro que, de no tomar medidas, pronto ingresará en esa lista. Se trata del Ayuntamiento de Medina del Campo, que acumula dos ejercicios (2021 y 2022) sin facilitar datos sobre su situación contable. Esta circunstancia le hace merecedor de una mención expresa en el informe, por cuanto se trata de uno de los seis municipios de la comunidad que, sin ser capital de provincia, tienen una población de entre 20.000 y 50.000 personas. En ese mismo grupo hay otros dos de la provincia que sí cumplieron sus obligaciones a tiempo: Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero.
Si el análisis se limita al último ejercicio fiscalizado, 2022, el resultado es que el 58,7% de los consistorios vallisoletanos (en concreto 132), facilitaron la información requerida dentro del periodo estipulado, que siempre se extiende hasta el 31 de octubre del año siguiente al que es objeto de examen. Desde entonces hasta ahora ese porcentaje se ha incrementado hasta el 89,3%, lo que eleva hasta los 201 los municipios que han hecho los deberes. La cifra está ligeramente por encima de la media regional, que se sitúa en el 88,4%.
En este momento está en proceso la rendición de la cuenta general de 2023, trámite que se realiza a través de una plataforma informática única y para lo que hay de plazo hasta el último día de octubre de este 2024. Para intentar que las entidades locales no lo agoten el Consejo de Cuentas les remite una carta en primavera, cuando se abre, y unas semanas antes de que concluya envía otra a las que no han presentado sus números. Y cuando ya ha caducado el organismo con sede en Palencia vuelve a insistir a las incumplidoras para que desistan de su actitud.
Todos los grupos parlamentarios de las Cortes mostraron este lunes su apoyo a la recomendación del presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, de establecer por ley medidas coercitivas para las entidades locales que no informen de su posición económica, presupuestaria y financiera, según Ical. Se trata de una reivindicación histórica de la institución, que se ve respaldada por el hecho de que los niveles de cumplimiento más elevados se dan en aquellas autonomías que así lo tienen establecido. En este sentido, Mario Amilivia ha reiterado la necesidad de que la Junta extienda a todas las convocatorias de ayudas públicas los requisitos de la orden del Fondo de Cooperación Económica Local de 2021. Ese año se fijó por primera vez como imprescindible para cobrar las ayudas que las entidades beneficiarias rindieran cuentas, un requisito que se ha reforzado en 2024 con la obligatoriedad de que lo hagan en plazo. Junto a esto, el máximo responsable del Consejo ha destacado la importancia de que las diputaciones, además de ser un ejemplo a seguir por los ayuntamientos, refuercen sus servicios de apoyo a los municipios y cumplan con su obligación legal de asesoramiento.
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