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Suspenden el juicio contra la exedil de Bobadilla porque «desconfía» de su abogada
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La Audiencia de Valladolid admitió la petición de la acusada de estafa, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión,La exconcejala de Bobadilla del Campo acusada de estafar a una amiga más de 10.000 euros y falsificar certificados de Hacienda para encubrir el ... engaño se ha sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia de Valladolid tan solo unos minutos, solo para plantear la renuncia a su abogada por «pérdida de confianza». La solicitud de la suspensión del juicio, presentada 'in extremis' por la encausada el 2 de diciembre, ha sido admitida por el tribunal después de que la acusación particular no pusiera objeciones, de manera que el juicio tendrá que volver a señalarse cuando Inés María Fernández-Salinero Carrasco consiga otro abogado. Tras un receso de cinco minutos para deliberar, el presidente accidental del tribunal decidió la suspensión para evitar que, en el caso de continuar con el juicio, se planteara una cuestión de nulidad por indefensión.
El juicio arrancó ya con problemas técnicos relacionados con la videoconferencia, lo que retrasó más de media hora el comienzo de la vista oral. Como cuestión previa, la letrada de Fernández-Salinero pidió la suspensión de la vista «por falta absoluta de una relación de confianza por parte de la acusada, que me ha comunicado su intención de renunciar a mi defensa». De no concederse, anunció la letrada, solicitaría la nulidad por indefensión al verse «absolutamente incapaz de que el proceso se desarrollara con garantías».
A esta solicitud se ha opuesto la fiscal, quien ha alegado que la encausada ha presentado el escrito de «el último día hábil anterior al señalamiento de la vista, cuando ha sido citada con un tiempo muy superior para plantear esta cuestión al tribunal». La representante del ministerio público ha argumentado que se trata de «una técnica dilatoria» para retrasar el juicio y no está justificada la suspensión. «Si no estaba de acuerdo con la abogada de oficio que se le ha designado, podía haber comparecido con un letrado elegido por ella misma. La petición de condena de la Fiscalía para la encausada por el delito de estafa es de tres años y seis meses de prisión y multa de nueve meses con una cuota diaria de 10 euros, además de una indemnización de 10.072 euros más los intereses.
La acusación particular coincidió con el ministerio público en que la exedil de Bobadilla había pedido la suspensión de la vista como una «maniobra dilatoria» pero se manifestó a favor de que se le concediera porque «es un derecho de la acusada» y para «evitar indefensión», aunque solicitó que, en el caso de que el tribunal accediera también acordara para ella la prisión provisional hasta la celebración del juicio con el fin de que no pudiera eludir la acción de la Justicia. El abogado de la denunciante ha solicitado para la supuesta esfafadora una condena de seis años de prisión.
Finalmente, el tribunal, presidido de manera accidental por Miguel Donis Carracedo, ha decidido suspender el juicio hasta que se le nombre un nuevo abogado de oficio por parte del Colegio de Abogados de Valladolid o mantenga a la que ya tiene, pero no acordó prisión provisional para Inés María Fernández-Salinero Carrasco. Esta argumentó, para renunciar a su letrada, que «la había visto hablar con el abogado de la acusación» de forma amistosa en Medina. Explicó que, aunque recibió la citación para el juicio el pasado 7 de noviembre, «no había podido acercarse a Valladolid» hasta ahora ni cambiar de abogado y lo justificó en que está inmersa en un procedimiento de violencia de género como víctima de su expareja y, como consecuencia, está sometida a medidas de protección y reside en una casa de acogida en otra provincia de Castilla y León.
Según el relato de hechos del escrito de la Fiscalía, la exedil inició en septiembre de 2019 una relación de amistad con la denunciante a raíz de que los hijos de ambas iban a una guardería de Medina del Campo. Entonces, la amiga comentó a Fernández-Salinero, entonces concejala del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, que su madre y otras dos familiares habían heredado un piso que pretendían vender pero un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros se lo impedía porque no tenían capacidad económica para cancelar el embargo de forma inmediata. Sostiene la acusación pública que la acusada, «guiada por el propósito de enriquecerse injustamente a costa del patrimonio ajeno, le dijo a su amiga, faltando a la verdad, que trabajaba en ese organismo público y que podía contactar con un alto funcionario para que les permitiera pagar la deuda de forma fraccionada«. Entonces, para incrementar aún más la confianza de la víctima en ella, le comentó que era concejala.
La acusada le indicó que tenía que hacer ingresos mensuales en una cuenta bancaria y le hizo creer que era de Hacienda «cuando realmente la titular de la cuenta era ella». Posteriormente, para intentar que su amiga y la familia de esta no descubrieran que el dinero entregado no se había empleado para cancelar el embargo y retrasar la denuncia, «les explicó que la cancelación tardaría dos meses y luego envió a su amiga, el 5 de noviembre de 2020, un correo electrónico con el supuesto certificado de Hacienda con el que la madre de su amiga estaría al corriente de sus obligaciones tributarias». Ese mismo día le entregó un documento que aparentaba ser una nota simple del Registro de la Propiedad de Medina del Campo en el que se hacía constar que la vivienda estaba libre de cargas. Los perjudicados presentaron denuncia cuatro días después al descubrir la falsedad de tales documentos «ya que presentaban notables diferencias con los auténticos», concluye el ministerio fiscal.
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