La Audiencia de Valladolid ha desestimado la apelación que planteó el alcalde de Ceinos y presidente de la Mancomunidad de Municipios Zona Norte, Ricardo Collantes Méndez, contra la sentencia que le condenaba por calumnias con publicidad dirigidas a la secretaria de la mancomunidad Norte en ... un mensaje de voz por Wathasapp que fue replicado «a numerosas personas tras ser reenviado muchas veces». En este mensaje le atribuía a la trabajadora «hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales y que no eran ciertos», como insinuar que podría haber falsificado su firma y «robado» documentación. Contra esta resolución cabe recurso de casación por infracción de ley ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El tribunal ratifica el fallo del Juzgado de lo Penal 1 que impuso al regidor el pago de una multa de 6.480 euros (18 meses con cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas). Además, Collantes tendrá que abonar una indemnización de 4.000 euros por daño moral, más los intereses y la mitad de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular en dicho porcentaje) causado a la querellante, María del Pilar Izquierdo Paredes.
La Sección Dos de la Audiencia considera acreditado «sin ningún género de dudas» que fue Collantes quien, en diciembre de 2021, colgó en un grupo de esa red social compuesto por concejales y amigos un mensaje de audio en el que atribuía a la secretaria «la comisión de diversos hechos que serían constitutivos de ilícitos penales y que no obedecían a la realidad», como la de «chulear dinero a todos y cada uno de los vecinos de la mancomunidad». El alcalde reconoció en el juicio que, efectivamente, fue él quien envió el archivo de audio al grupo, que luego fue difundido por varios de los participantes. Uno de estos envíos llegó al anterior presidente de la mancomunidad, que se lo mandó a Pilar Izquierdo, «por lo que no se ha producido ninguna vulneración del principio de presunción de inocencia», uno de los argumentos del escrito de apelación.
Subraya el tribunal vallisoletano que cuando el alcalde colgó el archivo de audio en Wathsapp en diciembre de 2021 tenía «cabal conocimiento» de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social 1 en la que se indicaba que la secretaria había percibido, además de las nóminas, la cantidad de 200 euros mensuales en concepto de indemnización por desplazamiento, por lo que el regidor «no podía hablar de que se chuleara el dinero de la mancomunidad» ni tampoco de sustracción de documentación«. No hay pruebas, señalan los juzgadores, »de que lo que se llevara la querellante no fueran efectos y documentos de su propiedad, máxime cuando ella llevaba prestando servicios desde el 1 de mayo de 1989, por lo que era perfectamente lógico que tuviera papeles y objetos de su propiedad que retiró de su puesto de trabajo al marcharse«, algo que hizo en presencia de agentes de la Guardia Civil.
«El señor Collantes ya conocía que judicialmente se habían examinado estos pagos y se había determinado que no obedecían a una apropiación irregular por parte de la trabajadora», concluye la Audiencia, que alude al juicio perdido por la mancomunidad por el despido improcedente de la secretaria. La agrupación de municipios fue condenada por el Juzgado de lo Social 1 el 22 de octubre de 2021 al pago de una indemnización por la extinción del contrato de trabajo de 119.988 euros y otra por vulnerar derechos fundamentales, de 6.251 euros. Sin embargo, el procedimiento penal en su contra por acoso laboral no prosperó y fue absuelto.
Collantes tiene en su haber varias condenas por los tribunales pero sigue desempeñando el cargo de alcalde de Ceinos tras concurrir por el partido Ceinos y Punto a las pasadas elecciones y obtener la mayoría. Aunque fue condenado en este caso en 2021 y se ha promovido la ejecución de la condena, dos años después la trabadora despedida sigue sin cobrar las indemnizaciones por la extinción del contrato y los salarios de un año. La mancomunidad tiene previsto reunirse el próximo 29 de diciembre y es previsible que se aborde en esa sesión cómo se va a hacer frente al pago de estas cuantías.
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