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Casi a diario llegan quejas o peticiones de auxilio a la Diputación Provincial de Valladolid para poner coto a la proliferación descontrolada de gatos callejeros en algunos municipios. Las más acuciantes proceden de Herrera de Duero y de Valoria la Buena, ambos pueblos con colonias ... de 50 y 46 gatos identificados. «La reproducción desbocada de estos animales supone un problema para los vecinos; algunos les dan de comer de todo, procrean y eso se traduce en falta de limpieza e insalubridad en algunas zonas, además de molestias», explica Francisco Javier Calvo, alcalde de Valoria la Buena. En este pueblo la petición de ayuda no es nueva. «La Diputación ya intervino en otra ocasión, pero ahora se ha vuelto a disparar la población felina; gatos callejeros ha habido toda la vida, pero no tenían camadas tan grandes porque no se les daba alimento de forma masiva y sin control», añade.
Que la presencia gatuna indiscriminada es un asunto que genera episodios de conflictividad y en ocasiones enfrentamientos entre vecinos lo atestigua Francisco López, jefe del servicio de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua de la Diputación Provincial de Valladolid. «La petición de ayuda para localizar y actuar sobre las camadas es una demanda muy recurrente entre los alcaldes de la provincia. Todos los días recibimos un par de llamadas de gente que se queja por la presencia de orines, excrementos, por la molestia de maullidos, de que se les meten en los patios o en casa... los ayuntamientos nos reclaman y actuamos».
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La estancia de los animales callejeros en algunos pueblos se ha convertido en algo más problemático de lo que a primera vista pudiera parecer, en opinión de Francisco López. «Genera episodios de disputas entre vecinos, sobre todo entre alimentadores que les proporcionan comida sin atender a recomendaciones y quienes se sienten molestos por la cantidad excesiva de animales; por eso se dan unas pautas para que no los sobrealimenten y se les ofrezca un cuidado más ordenado; así que intentamos tenerlos controlados en colonias y una vez localizados se les esteriliza para que no se reproduzcan y se conviertan en un problema; después se les vuelve a soltar en el mismo lugar».
A la sede del Procurador del Común han llegado quejas de municipios de Castilla y León donde la presencia masiva de felinos ocasiona conflictos entre ayuntamientos y diputaciones al no estar claramente definido quién debe de intervenir. Una de las resoluciones emitidas el Procurador establece que «mientras no se implemente en las diputaciones un servicio de control (...) se adopten medidas por parte del Ayuntamiento para el control de los gatos abandonados».
La Diputación interviene a través de un contrato con una empresa que se encarga de capturar a los gatos en jaulas y se les traslada a un centro veterinario donde son sometidos a una operación de esterilización. Esta intervención, más complicada en el caso de las hembras, suele tener un coste de cien euros, y de 25 si se trata de machos.
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El último escrito solicitando la intervención de los técnicos de la institución provincial procede de Ciguñuela. Desde 2017 se ha intervenido en más de medio centenar de municipios vallisoletanos –en algunos hasta en tres anualidades diferentes– para poner freno a la procreación gatuna. A través de estas actuaciones se ha llegado a esterilizar a más de 3.000 ejemplares, en algunos casos enfrentando una presencia masiva de estos animales.
El último escrito solicitando la intervención de los técnicos de la institución provincial procede de Cigüeñuela. Desde 2017 se ha intervenido en más de medio centenar de municipios vallisoletanos –en algunos hasta en tres anualidades diferentes– para poner freno a la procreación gatuna. A través de estas actuaciones se ha llegado a esterilizar a más de 3.000 ejemplares, en algunos casos enfrentando una presencia masiva.
En Laguna de Duero se realizó en julio del pasado una de las intervenciones más numerosas, que afectó a 127 gatos, además de otra reseñable en San Miguel del Pino sobre cien ejemplares, Valdestillas en 2020 con 80 y en Viana de Cega, donde en 2017 se llegaron a localizar hasta ochenta. «En los pueblos donde actuamos siempre queda algún animal que no entra en la jaula y puede seguir reproduciéndose, pero en la mayoría de lugares donde se aplica el control de población el problema de la presencia masiva desaparece en dos o tres años, pues la colonia no incrementa el número de sus miembros».
La institución provincial dispone anualmente de unos 20.000 euros para sufragar operaciones de esterilización, una partida que, dada la demanda creciente de los ayuntamientos, se queda pequeña. «Hay en la provincia una necesidad de seguir trabajando en este tema», sostiene Francisco López. «El año que viene el presupuesto se aumentará bastante, a ver si podemos subirlo hasta los 50.000 o 60.000 euros para actuar cuanto antes; intentaremos sacar otro concurso en diciembre para comenzar a esterilizar colonias en enero y así lograr que el ritmo de reproducción sea menor».
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