La provincia se blinda con cámaras de vigilancia para luchar contra el vandalismo

El ejemplo de Tudela se empieza ya a ver por todos los rincones de la provincia. Sobre todo, en municipios con Policía Local. Sus ayuntamientos, después de superar un amplio mar burocrático de licencias con la Delegación del Gobierno, apuestan por la instalación de videovigilancia para preservar el patrimonio en tiempos de despoblación o evitar, principalmente, delitos medioambientales al arrojar todo tipo de vertidos en puntos incorrectos.

Son esos hechos lo que preocupan a los regidores de la provincia, cansados de ver cómo cada cierto tiempo alguna pintada o destrozo obligaban al ayuntamiento de turno a rascarse el bolsillo para una nueva reparación. «Tenemos tres murales y se están respetando al 100%. Este patrimonio es cultura en la calle y las cámaras están cumpliendo con su función», continúa Gómez, que empezó hace unos años a solicitar este tipo de instalaciones ante el avance de escombros en los denominados puntos negros. «No ha sido un camino fácil, pero nos has permitido poner bastantes sanciones en esos puntos. Las grabaciones cogen las matrículas y eso facilita la identificación del autor. Evidentemente tiene un coste económico, pero más cuesta convivir con la contaminación», añade el regidor.

Hasta el punto de que avisa que alguna de esas 'pilladas' se están tramitando como delito ecológico. «No nos va a temblar el pulso para llevar esos delitos por lo penal. Estamos contentos con las cámaras porque surgen su efecto y las infracciones en esos puntos negros han descendido ya un 50%», prosigue el alcalde sobre los ochos aparatos que ya tiene Tudela de Duero y cuyo coste se mantiene anualmente entre los 5.000 y 8.000 euros.

La casuística es muy similar en otros rincones de la provincia. Delitos de diversa índole que se repiten con asiduidad y que se atajan con unos artilugios que emplean, normalmente, red wifi para grabar en servidores externos a los que solo tienen acceso los Cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado. Como es el caso de Medina de Rioseco.

Todo arrancó hace cuatro años, cuando empezaron a robar combustible de los camiones estacionados en el mercado de ganado. Precisamente, los conductores optaban por otro sitio para aparcar sus camiones. Hasta que el Ayuntamiento de la localidad decidió instalar dispositivos de seguridad para asegurar la zona. «Dijimos a los afectados que íbamos a dar la mayor de las garantías. Y así fue. Desde entonces no hemos vuelto a tener esos problemas», explica el regidor de la localidad, David Esteban, que no descarta seguir con estas medidas para evitar otros incidentes en el municipio, aunque plantea también el debate ético de la protección de datos. «Sabemos que la normativa es compleja y que no se pueden instalar en cualquier punto. Existen unos derechos que no se pueden vulnerar, pero no descartamos más cámaras. Es una herramienta útil y la mejor forma de ejemplificarlo lo encontramos en el mercado de ganado», detalla Esteban.

De esta forma, más de 40 municipios en Valladolid, incluida la capital, ya han instalado cámaras en sus calles con el objetivo de tener más ojos en la calle y ser un elemento disuasorio. Es la situación en Laguna de Duero, que cuenta ya con quince cámaras en sus terrenos y con el objetivo de aumentar ese número. «Estamos pensando en preparar un expediente administrativo para enviarlo a la subdelegación y poder instalarlas en puntos negros como en los entornos del lago, en la plaza de Valladolid, lugares en los que los jóvenes se reúnen. Todo lo que sea para evitar violencia y vandalismo lo vamos a hacer», detalla el alcalde del municipio, Román Rodríguez.

Precisamente son muchas las localidades que ya se aventuran a afirmar la idea firme de aumentar el número de dispositivos o iniciar los trámites para contar con estos en la vía pública. Arroyo de la Encomienda anunciaba hace escasas semanas que ya tiene el pliego para empezar a recibir ofertas de empresas y poder ubicar cuanto antes las 16 cámaras. «Son unos artilugios empleados para prevenir, además de unos elementos disuasorios que ayudarán a la Guardia Civil y a la Policía Local», apunta el regidor Sarbelio Fernández.

Una cifra de municipios con videovigilancia que aumentará sin ninguna duda en los próximos años, como ya ha venido sucediendo hasta el momento. Muchos equipos de gobierno de diferentes ayuntamientos ya tienen la idea de iniciar el proceso tedioso de llevar estos aparatos a sus pueblos. En la provincia, por poner unos ejemplos, se lo plantean ya los alcaldes de Pedrajas de San Esteban, La Cistérniga, Medina del Campo y Boecillo.

Todos los ediles tienen la máxima de que, aunque no tengan ningún proyecto concreto, poseen un pensamiento que en un futuro quieren ejecutar. «Es complicada la tramitación para ponerlas, pero en algunos puntos determinados nos vendría muy bien», inciden de forma genérica los alcaldes de estos municipios.

Un proceso de instalación cuya competencia recae en la delegación del Gobierno en Castilla y León y que se limita para grabar sonidos e imágenes en lugares públicos abiertos o cerrados y su posterior tratamiento. Solo se pueden utilizar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuya finalidad es contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, erradicación de la violencia, utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos e infracciones relacionados con la seguridad ciudadana.

Pueden existir videocámaras instaladas para otras finalidades, como por ejemplo las cámaras de control, regulación y vigilancia del tráfico en las vías públicas (este trámite es más sencillo), cuya autorización corresponde a la administración competente en materia de tráfico.

La instalación fija de videocámaras utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Corporaciones Locales es autorizada siempre por la delegada del Gobierno previo informe de un órgano colegiado, denominado Comisión de Garantías de la Videovigilancia, presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del que también forman parte el Fiscal Jefe del TSJ, un abogado del Estado y un representante de la Federación de Municipios y Provincias. En este informe, preceptivo y vinculante, se considera si concurren o no las circunstancias que motivan su instalación, como son el aseguramiento de la protección de edificios públicos, la constatación de infracciones de seguridad ciudadana o la prevención de daños a personas y bienes.

Después, la delegación del Gobierno emite una resolución motivada y referida al lugar público concreto donde se prevé la instalación de las videocámaras. En esa resolución se incluyen otras limitaciones o condiciones de su uso, como la prohibición de tomar sonidos, excepto si concurre un riesgo concreto, el ámbito físico de grabación, las especificaciones técnicas de las cámaras y la duración de la autorización, que tendrá una vigencia máxima de un año, a cuyo término habrá de solicitarse su renovación.