Valladolid

El Procurador del Común insta a Medina a evaluar posibles daños en la Iglesia de San Miguel

Esta problemática se remonta a octubre del 2024. Una vecina de la localidad se dirigió a la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de un correo electrónico, con el fin de denunciar el riesgo que suponía para la Iglesia el tráfico de vehículos pesados por la inmediaciones del inmueble, después de haberse dirigido al consistorio, en varias ocasiones, para exigir que se actuara ante el estado de deterioro que presenta el paso subterráneo al que se ha hecho referencia, sin que, a pesar de ello, se adoptara medida alguna al respecto.

«Desde el equipo de gobierno estábamos al corriente. Esta vecina presentaba un hundimiento en la acera y ella lo achacaba al mal estado del subvial. La realidad es que ya se reparó. Se había producido un lavado del terreno provocado por una rotura de saneamiento. Que eso es una cosa habitual que está en el día a día de la ciudad», explica Borja del Barrio, concejal de Urbanismo. «En este caso, no está conforme con eso y ella cree que es del paso subterráneo y ha presentado varias quejas relacionadas con lo mismo», añade.

Si bien, tal y como menciona el expediente del Procurador del Común, el enclave presenta un «deficiente situación» tanto en su estructura como en la superficie de tránsito peatonal y vehicular, además de un hundimiento de la acera, «con ondulaciones en el terreno de varios centímetros, desprendimiento de solados y posible afectación a las canalizaciones de agua y otros servicios que trascurren por este punto», puntúa; lo que podría causar «daños a los inmuebles más cercanos», sobre todo en el tramo que se sitúa frente al número 7 de dicha vía.

Pero, desde el consistorio medinense apunta a la existencia de «unas roturas en la zona de las juntas de dilatación». «En cualquier caso, eso no es una infraestructura municipal», señala del Barrio. Y es que ni la carretera, ni el propio túnel pertenecen a la administración local. «Entendemos que pertenece a la Junta de Castilla y León o bien a ADIF, no lo tenemos claro. Es una de las cosas que estamos investigando, ver quién es el titular», aclara. Unas grietas que, tal y como cerciora el concejal, «en ningún caso», afectaría a los inmuebles colindantes, pues la estructura es «íntegra»

Entre las reclamaciones, la ciudadana solicita restringir el paso de camiones por el casco urbano; es decir, limitar su tránsito por la calle Claudio Moyano. Sin embargo, el ayuntamiento señala que esta travesía pertenece a una carretera autonómica, concretamente a la CL 602, no pudiendo limitarse el tráfico al no existir una ronda sur. «Es una carretera regional por la que tienen que pasar los vehículos. A parte, el ayuntamiento tiene la potestad de organizar el tráfico en función de sus necesidades. Para eso, la unidad de tráfico escribió un informe en el cual lo dejaba claro», expresa el edil.

La creación de esa ronda sur es un «anhelo» por parte de la villa, pero desde el ayuntamiento son conscientes que es una obra imposible de afrontar por el gasto que conllevaría. Por ello, no hay más remedio de autorizar el paso al tráfico pesado. «No tiene más problemas que una mayor sonoridad o una mayor incidencia a nivel ambiental, pero no supone un problema de que la vía de circulación no resista el peso o que esté provocando un hundimiento en otros edificios», asegura.

La queja de la vecina de Medina del Campo también pone el foco en el estado de la Iglesia de San Miguel, próxima al mencionado paso subterráneo. Por su parte, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte hace hincapié en que la parroquia no está declarada Bien de Interés Cultural y, por lo tanto, tampoco cuenta con un entorno de protección. Si bien, se encuentra registrada en el Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

«No tenemos acreditado que haya ningún tipo de daño. Ni creo que haya un criterio técnico para decir que se están produciendo, porque habla de unos daños genéricamente, pero no habla de cuáles», indica el edil. No obstante, el edil recuerda que la iglesia está datada del siglo XVI y que, hace años, por ese cruce transcurría también la N-6. «Ha tenido tráfico vehicular desde tiempo inmemoriales y presenta un estado de conservación que tiene una parroquia de esa antigüedad; que es bueno», cerciora. Por otro lado, el concejal recuerda que la titularidad tampoco es municipal, sino del Arzobispado de Valladolid. «No tenemos constancia de que ellos hayan dicho que se estén produciendo unos daños», sostiene.

Con el fin de dar respuesta a la resolución planteada por el Procurador del Común, el Ayuntamiento de la Villa de las Ferias ya se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla y León para determinar el protocolo de actuación que se debe establecer. «Se hará una inspección en la iglesia en el que se determinará su estado y los daños que pudiera tener, pero yo entiendo que no son provocados por la circulación», apunta del Barrio. Del mismo modo, evaluarán los posibles desperfectos que presenta el paso subterráneo de la calle Claudio Moyano y decidirán qué medidas se deben tomar para asegurar su seguridad y funcionalidad.