Piden dos años de prisión para el alcalde de Ceinos por acoso laboral

Collantes fue elegido en 2019 como presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Zona Norte de Valladolid, puesto al que se incorporó en septiembre. En dicha mancomunidad prestaba servicios desde 1989, con la categoría de técnico superior de la administración, la licenciada en Derecho María del Pilar Izquierdo Paredes. La trabajadora, que tenía su puesto de trabajo en la sede de la agrupación de servicios municipales ubicada en Villalón de Campos, tenía contrato indefinido desde 2017.

Señala el escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía que el acusado, tras advertir a María Pilar Izquierdo, nada más llegar a la presidencia de la mancomunidad, que «las cosas iban a cambiar», ha ejercido sobre ella «una constante presión, con contínuas humillaciones, vejaciones, faltas de respeto, censuras y desprecios relativos al desarrollo de su actividad profesional« y »apartándola de funciones de su puesto de trabajo que venía desarrollando, llegando de facto a dejar casi sin contenido su quehacer diario«.

En este relato de acoso, destaca el ministerio público que, una vez que la empleada se dirigía en su coche desde Valladolid en compañía de otra compañera que trabajaba en la oficina de empleo de Villalón, al llegar a la altura de Cuenca de Campos se cruzó con el acusado, que «al percatarse de su presencia comenzó a perseguirla a alta velocidad hasta que llegaron a Villalón y una vez en la oficina le recriminó que no llegaba a su hora al trabajo».

El 18 de enero de 2021 el acusado se personó como presidente en la oficina de María Pilar y le pidió que le entregase el sello de la mancomunidad, a lo que ella no accedió por «lo sospechoso de tal petición, si bien el sello fue recogido por el acusado para, acto seguido, ponerle sobre la mesa un papel mientras le decía: fírmame esto, dame las llaves, apaga el ordenador y lárgate ya que no trabajas aquí, que te creías que los alcaldes somos tontos, que la única lista eres tú por tener una carrera». El documento que le exigió firmar, precisa el escrito de la acusación pública, era una resolución administrativa que le imponía una medida provisional de suspensión de empleo y sueldo sin que antes se le notificara la apertura de un expediente. Al día siguiente, cuando fue a trabajar, encontró que la cerradura había sido cambiada, por lo que acudió a denunciar los hechos a la Guardia Civil.

La acusación particular solicita para Collantes dos años de prisión y el pago a la denunciante de una indemnización de 6.000 euros por el daño moral.

Además de este juicio, el alcalde de Ceinos tendrá que responder ante el Juzgado de Instrucción 1 el 7 de marzo a la querella interpuesta por la exsecretaria de la mancomunidad por delitos de calumnias con publicidad e injurias relacionados con mensajes de Whatsapp mandados a vecinos de la mancomunidad. La fiscal pide que se imponga al munícipe una pena de 18 meses de multa con cuota diaria de 30 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil, como reparación del daño moral ocasionado a la querellante, pide que se le imponga una indemnización de 3.500 euros con los correspondientes intereses.

El acusado remitió en diciembre de 2021 a varios vecinos de esa mancomunidad un mensaje de voz en el que «además de numerosas expresiones dirigidas a desacreditar la actuación profesional y la persona de la querellante, le atribuía hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales y no eran ciertos como acusarle de que les estaba 'chuleando a todos el dinero, a todos los vecinos de cada pueblo de los 36 pueblos que pertenecemos a la mancomunidad zona norte'», así como de falsificación de firmas en documentos y robo de documentación.

El pleito que mantiene la extécnico de la mancomunidad por acoso laboral arrancó en el juzgado de lo social, que dio la razón a la demandante e impuso el pago de una indemnización a la que Collantes atribuye la práctica bancarrota de la mancomunidad, que apenas puede hacer frente al pago de los servicios que presta a los municipios y ha tenido que solicitar ayuda económica a la Diputación de Valladolid.