La okupación de la casa del autor del doble crimen de Santovenia vuelve a movilizar a los vecinos

Unos hechos que suceden dos días después de que la familia de El Chiqui completara la mudanza para abandonar el municipio ante un amplio despliegue de la Guardia Civil. Agentes del instituto armado, al igual que este jueves, han controlado los accesos de la calle Alfredo Martín con la intención de evitar represalias de la familia de la víctima y asegurar la zona que el pasado 1 de julio fue la escena de dos muertes.

Las intervenciones de la Guardia Civil han sido las primeras después de los sucesos que conmovieron a los vecinos de Santovenia de Pisuerga. Desde el 1 de julio, con una calma tensa, los habitantes del municipio situado en el alfoz de la capital empezaban a recuperar la normalidad. La vigilancia por parte del instituto armado era esporádica y desde las muertes de las dos personas no se habían registrado incidentes hasta esta semana.

Una presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ha derivado en nuevas protestas vecinales, porque esta tarde en la vivienda de El Chiqui han aparecido carteles de 'Santovenia no se okupa'. Unos letreros que se han instalado también en el interior del portal número 8 de la calle Alfredo Martín para colocarlos, visiblemente, junto a la puerta de la vivienda del presunto autor de los disparos.

Precisamente, la localidad, especialmente la calle que fue testigo de las dos muertes, vive inmersa en un problema de okupación desde hace más de diez años en la que el presunto agresor y la víctima también fueron protagonistas.

En 2012, y en un bloque de viviendas con un gran porcentaje de pisos vacíos (el bloque número 8 de la calle Alfredo Martín), okupó una de esas casas la familia de Dionisio Alonso. En la misma calle, su suegra, que había sido desalojada de una propiedad en la calle Paraíso de Santovenia, también se instalaba de forma ilegal en el número 4 de la calle Alfredo Martín.

Al poco de aterrizar la familia de Dionisio Alonso, llegaba también de forma ilegal la del presunto autor de los disparos, la de Pablo Antonio Santamaría Herranz. En esta ocasión, al bajo A del número 8. Hasta el punto de que en ese bloque había más pisos okupados que comprados. «Al principio no daban guerra. No pagarían, pero no eran problemáticos para la convivencia», señalan los vecinos de la zona. «Eso sí, los gastos de comunidad, al no abonarlos, corrían de nuestra cuenta y prácticamente teníamos que subir las cuotas para cuadrar las cuentas», recalcan vecinos del municipio vallisoletano.

Tras llegar a un acuerdo con la promotora de las viviendas en junio de 2018, los 24 inquilinos ilegales, entre ellos Dionisio y El Chiqui, firmaron un acuerdo con la promotora para pactar unos alquileres sociales que rondaban los 200 euros. Tesitura que se mantiene hasta la actualidad.

Con esos antecedentes, los habitantes de Santovenia no quieren que se repita lo vivido entre 2012 y 2022, año que se ha quedado marcado tras presenciar el doble crimen de Santovenia.