La posible instalación de la una macroplanta de biogás de Montemayor de Pililla ha supuesto un quebradero de cabeza para sus vecinos. Desde que fueron conocedores de esta noticia hace unos meses, se ha convertido en la peor pesadilla para la población. Tanto que, ya ... en el mes de marzo, se agruparon para formar una plataforma y luchar por un único objetivo; paralizar el proyecto «cuanto antes», aseguraba Susana Recio, miembro de dicha entidad.
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Después de llevar a cabo una manifestación el pasado 15 de junio frente a las puertas del Ayuntamiento de Montemayor, en la cual participaron cerca de un centenar de personas, y haber entregado al consistorio más de 4.000 firmas el pasado 23 de agosto; su voz y su protesta llegarán hasta la capital Española. Un total de dieciocho pueblos de todo el país afectados por situaciones de la misma índole, entre lo que se incluye el vallisoletano, han convocado una manifestación el próximo 14 de septiembre, a las 12.00 horas, desde la Glorieta de Cibeles hasta la Plaza de las Cortes de Madrid para conseguir una nueva legislación que regule la correcta implantación de macrogranjas y plantas de biogás.
Los convocantes son conscientes de que «es necesario avanzar hacia formas más sostenibles de generar energía y gestionar residuos», comentan, pero no están de acuerdo en hacerlo «a costa de la destrucción de nuestros pueblos», explican. Por ello, solicitan «responsabilidad, y una legislación que sea justa, que garantice un equilibrio real entre desarrollo y protección del entorno».
Así, este mismo sábado se manifestarán para solicitar al Parlamento que impulse una legislación que contemple una normativa nacional clara, unificada y de obligado cumplimiento, que regule «con rigor» la instalación de macroplantas y macrogranjas, «y que no deje en manos de intereses privados la salud y el bienestar de nuestras comunidades», puntúan.
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Además, esperan que se prioricen unos estudios técnicos, ambientales y sociales exhaustivos antes de aprobar cualquier proyecto,» garantizando que no se instalen en áreas cercanas a viviendas, escuelas o zonas vulnerables, y que se tomen en cuenta todos los impactos a corto y largo plazo», indica. También, que la participación de los vecinos y las comunidades afectadas sea «real y vinculante», con información accesible, tiempo suficiente y capacidad de decisión sobre los proyectos que les afectan directamente; que los proyectos estén dimensionados «de acuerdo con las necesidades y capacidades reales del entorno local», y se ponga en marcha un sistema de control «independiente y transparente», que supervise el cumplimiento de las normativas.
Los pueblos convocantes quieren que se escuchen sus voces. «No estamos aquí para frenar el progreso, sino para solicitar formalmente al Parlamento que revise y modifique la legislación actual sobre macroplantas y macrogranjas, para que sea justa, responsable y alineada con los principios de protección de la salud pública, el medio ambiente y el bienestar de nuestras comunidades», manifiesta.
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En el caso de Montemayor, a parte de la gran cantidad de residuos que se pretende gestionar en él; en torno a 150.000 toneladas de purines, estiércol, etc., el tránsito de 10.000 camiones al año - unos cien al día -puede llegar a generar malos olores en la localidad y en los pueblos colindantes; además de los insectos que pueden proliferar al lado de la esta macroplanta. Además, tal y como ya mencionaban hace semanas al Norte de Castillo, ningún término municipal de la comarca tiene la capacidad suficiente como para absorber cientos de toneladas de digestatos y la zona elegida para su colocación, 'El Cabezo', está declarado como zona vulnerable por contaminación de aguas por nitratos. Unos aspectos que, tal y como adelantó la entidad, en un futuro podrían acarrear problema en el asentamiento de población en las localidades cercanas.
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