Derechos laborales ·
El regidor, que presidía la mancomunidad Norte, incumple desde hace dos años la sentencia judicial que le obliga a pagar los salarios y la indemnización a la trabajadoraEl juzgado que sentenció hace dos años al alcalde de Ceinos, Ricardo Collantes, entonces presidente de la mancomunidad Norte, a abonar un año de salario y la indemnización por despido a la ex secretaria de esa agrupación de municipios, ha emitido de nuevo un requerimiento ... de ejecución de sentencia para que se cumpla el fallo. La demandante reclamó al juzgado que se ejecutara esta sentencia ante el reiterado incumplimiento voluntario por parte del regidor y las partes han sido citadas para el 18 de diciembre, según fuentes jurídicas. Ante el largo plazo transcurrido para cumplir la sentencia, la jueza puede dictaminar la ejecución forzosa y embargar los bienes del condenado.
Publicidad
No es la primera vez que el Juzgado de lo Social 1 de Valladolid ordena la ejecución de la sentencia a favor de la ex secretaria de la Mancomunidad de Municipios Zona Norte Valladolid, que contempla una indemnización por el despido de la extécnico Pilar Izquierdo de 126.239 euros más otros 25.000 euros en concepto de intereses de demora. Unos intereses que en estos dos años de impago habrían aumentado considerablemente.
El Juzgado de lo Social 1 de Valladolid estimó parcialmente la demanda de Pilar Izquierdo Paredes, ex técnico de la mancomunidad de Municipios Zona Norte de Valladolid desde 1989, contra la asociación de municipios. La técnico superior de la administración empezó con contrato temporal bajo el mandato de Mazariegos y en 2017 pasó a ser indefinido. Desde que Ricardo Collantes fue elegido presidente en 2019, refiere la sentencia, «él y la trabajadora han mantenido continuos enfrentamientos motivados por diferencias en la gestión».
El 18 de enero de 2021 se le abrió a la trabajadora un expediente disciplinario y le supendieron de empleo y sueldo. Collantes nombró como instructor del expediente a un primo carnal suyo, un expediente en el que se alegaban incumplimiento como no comunicar las vacaciones o ausentarse de la oficina, que «nunca se resolvió», precisa la sentencia. La técnico se reincorporó a su puesto el 19 de julio al expirar la suspensión de seis meses y no le abonaron las retribuciones.
Publicidad
La jueza considera probado «el hostigamiento persistente» y el «despojo de funciones» a la técnico, que le quitaron las llaves, le cambiaron arbitrariamente los horarios de trabajo y le impidieron acceder a los ordenadores, una situación que ha llevado a la demandante a necesitar tratamiento psicológico. Además del impago de salarios, reconoce la sentencia, «ha existido una vulneración de la dignidad de la trabajadora».
Al conocer la sentencia, el entonces presidente de la mancomunidad, Ricardo Collantes, anunció que esta suscribiría un crédito para pagar a plazos la indemnización impuesta por el Juzgado de lo Social 1 de Valladolid por el despido de la administrativa que hizo las veces de secretaria de la organización supramunicipal durante treinta años. El fallo judicial le impone no solo el pago de los salarios que no se le retribuyeron durante los seis meses que estuvo suspendida de empleo y sueldo, sino también una cuantía por vulnerar sus derechos fundamentales por las «vejaciones» sufridas, según indica la sentencia.
Publicidad
La insumisión judicial de este cargo público alcanza también a la vía civil. Ricardo Collantes mantiene desde hace años un enconado conflicto con su ex pareja respecto del hijo de ambos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Medina de Rioseco, de 14 de julio de 2022, resolvió concediendo a la madre, en exclusiva, la patria potestad y la custodia del niño, que tenía entonces 10 años, estableciendo para el padre un régimen de visitas en Aprome de Valladolid de dos horas, los sábados o domingos. Collantes apeló esta sentencia, que la Audiencia de Valladolid ha ratificado por entender que «resulta evidente que la conducta del demandado constituye una causa que entorpece gravemente el ejercicio de la patria potestad por la madre y justifica ampliamente la privación de su ejercicio de padre». Menciona, en este sentido, que el padre «incumple sistemáticamente las resoluciones judiciales dictadas, no sólo en materia de visitas, sino también el pago de pensiones alimenticias, lo que ha provocado múltiples ejecuciones contra él y una condena penal«. Además, le recrimina que »manipule« al menor para ponerle en contra de su madre y le acusa de »utilizar abuso emocional« hacia su hijo »al impedirle, sin razón objetiva que lo justifique, mantener contacto con la madre«. Concluye el juzgador que el padre «está ejerciendo violencia vicaria hacia el menor, tanto por hacer daño a la madre, como por que se haga lo que él quiera, imponiendo su punto de vista». La situación del menor, concluye la Sección Primera, «es asimilable a un secuestro emocional».
Collantes argumentó, por el contrario, que desde que fue elegido para presidir la mancomunidad en 2019 fueron constantes los enfrentamientos con la trabajadora porque esta «no solo incumplía constantemente en su puesto de trabajo, sino que cuestionaba en todo momento mis decisiones como presidente», sino que «no había transparencia y la mancomunidad se ha visto inmersa en problemas con proveedores porque decidía no pagar ciertas facturas sin consultar con nadie, así que se han dado casos de que no nos suministran porque tenemos una deuda con ellos».
Justificó el despido de Izquierdo «porque esta señora se creía que la mancomunidad era suya y yo le impedí el acceso al ordenador porque se llevó documentos importantes para el funcionamiento de la mancomunidad». Tener que hacer frente a la indemnización por despido de esta trabajadora no iba a suponer, aseguró, una distorsión en las prestaciones de servicios de la mancomunidad a sus ayuntamientos.
Publicidad
Además de las cuantías por el despido, el ex presidente de la mancomunidad tiene que hacer frente a otra indemnización de 3.000 euros impuesta por el Juzgado a raíz de la querella interpuesta por la exsecretaria de la mancomunidad por delitos de calumnias con publicidad e injurias relacionados con mensajes de Whatsapp mandados a vecinos de la mancomunidad.
El acusado remitió en diciembre de 2021 a varios vecinos de esa mancomunidad un mensaje de voz en el que «además de numerosas expresiones dirigidas a desacreditar la actuación profesional y la persona de la querellante, le atribuía hechos que pudieran ser constitutivos de ilícitos penales, como acharcarle que les estaba 'chuleando a todos el dinero, a todos los vecinos de cada pueblo de los 36 pueblos que pertenecemos a la Mancomunidad Zona Norte'», así como de falsificación de firmas en documentos. La indemnización impuesta por esta sentenca condenatoria tampoco ha sido abonada a la querellante, quien ha anunciado que solicitará al juzgado la ejecución de la misma una vez que sea firme.
Publicidad
Así como la sentencia de lo social da la razón en parte a la trabajadora respecto del «hostigamiento», otra sentencia, otra en la vía penal, más reciente, le absuelve de acoso laboral relacionado con este despido. La resolución, del Juzgado de lo Penal 4 de Valladolid, fue emitida poco antes de que Collantes concurriera a las elecciones municipales del pasado mayo en las que volvió a ser reelegido alcalde de Ceinos. El regidor ya no es presidente de la Mancomunidad Zona Norte, que recientemente se ha constituido y nombrado a un nuevo presidente, Alfredo Castro, concejal de Gatón de Campos, informan desde la Diputación de Valladolid.
0,99€ primer mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.
