La Junta defiende la legalidad de la nueva regulación del Toro de la Vega

Y continúa, «en segundo lugar, en relación a la declaración realizada por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, (en referencia al discurso de Lilith Verstrynge) señala que «es importante que todas las autoridades conozcan la distribución competencial y funciones que corresponde a los distintos poderes que conforman el actual Estado de Derecho, algo que las declaraciones de la secretaria de Estado pone en evidencia que no es así», finalizan desde el gobierno regional.

Por su parte, desde la delegación del Gobierno en Castilla y León -organismo dirigido por Virginia Barcones- reconocían que la decisión por parte del Ejecutivo de presentar ante la Fiscalía un escrito para que paralice de forma cautelar la celebración del Toro de la Vega les ha pillado de sorpresa. «Lo que sabemos es lo que hemos leído hoy en la prensa, nos hemos enterado por los medios de esta decisión y al respecto poco podemos decir», han señalado, a la vez que han derivado la responsabilidad de dar explicaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, «deben ser ellos quienes hablen al respecto».

El procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha dado también su opinión sobre la polémica creada en torno al Toro de la Vega de este año, «nosotros siempre defendemos la fiesta nacional y en función de la defensa que hacemos de la tradición y de la tauromaquia plantearemos nuestras propuestas en torno al Toro de la Vega», ha señalado Hierro este jueves durante la primera corrida de toros con motivo de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Ante la petición del grupo municipal de Vox de volver a dar muerte al toro con lanza, Hierro se ha limitado a decir que «es una cuestión que entra en el grupo municipal y que habrá que plantear desde el partido».

Por su parte, el que exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y principal artífice del decreto que desde 2016 impide la muerte de reses de lidia en espectáculos públicos, José Antonio de Santiago-Juárez (actual concejal del grupo popular del Ayuntamiento de Valladolid), ha afirmado que «el Ayuntamiento de Tordesillas se ha equivocado, se está saltando una norma con rango de ley en la Castilla y León», ha expresado en RNE añadiendo además que «si el actual torneo del Toro de la Vega hace sufrir al animal, no es legal».

La callada por respuesta llega por parte del Ayuntamiento de Tordesillas tras conocer la decisión del Gobierno central de intentar paralizar este festejo taurino. «No vamos a hacer ningún tipo de declaración al respecto ni ante ningún medio de comunicación», ha señalado el regidor del municipio, Miguel Ángel Oliveira, quien prefiere mantenerse al margen, al menos «por el momento».

Silencio total ante la posibilidad de quedarse sin torneo, «no va a haber de momento, nota de prensa al respecto, porque además es una petición a Fiscalía que no es nada concluyente», aseguran.

No obstante, Oliveira sí se pronunció hace apenas dos días en referencia a la decisión del grupo municipal Vox Tordesillas que presentó el 6 de septiembre una moción para conseguir que en el tradicional Torneo del Toro de la Vega se vuelva a alancear hasta la muerte. Un escrito en el que se pretendía derogar el Decreto Ley 2/2016 de 19 mayo por el que se prohíbe dar muerte al animal durante el festejo.

Para Oliveira esta petición «llega tarde y está fuera de lugar». El grupo político Vox abandonó el equipo de gobierno el pasado 3 de agosto tras considerar «el incumplimiento del acuerdo de Gobierno por parte del PP», algo que Oliveira tildó como «un brindis al sol, necesitan buscar protagonismo de alguna forma y presentan la moción pidiendo a la Junta que se derogue», señalaba este martes el alcalde de Tordesillas.

El equipo de Gobierno de la localidad aclaraba entonces respecto al torneo que han estado inmersos «en una vía judicial muy dura, el Tribunal Supremo nos lo negó y no pudimos acudir al Tribunal Constitucional. Las vías jurídicas se han acabado por eso se ha modificado la nueva ordenanza con la colocación de las divisas por la Junta de Castilla y León».