La jueza llama a declarar como investigados a cinco jefes del hospital de Medina por el caso del traumatólogo

Los responsables del centro hospitalario fueron denunciados por pasividad ante los presuntos abusos. De hecho, la acusación pública basa su demanda contra los directivos de Sacyl en que el propio sistema recoge una incidencia el 30 de septiembre de 2019.

Igualmente, ha acordado tomar declaración a los tres testigos propuestos por el ministerio público. La causa está abierta por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El traumatólogo leonés de 53 años Alfonso Díez, sospechoso de los abusos sexuales a pacientes en el quirófano –que al menos se remontan a 2019–, falleció el pasado junio en un siniestro de tráfico poco después de que se le abriera expedientesancionador, lo que supuso el archivo de las denuncias contra él al extinguirse con la muerte la responsabilidad penal.

Pero el ministerio público decidió continuar investigando los hechos denunciados por la Gerencia de Salud «por una necesidad de transparencia» y por si se pudieran derivar otro tipo de responsabilidades por la «inacción» de la cúpula del hospital medinense.

La Fiscalía ha detectado indicios, al menos, de omisión en el deber de denunciar delitos ante la autoridad policial o judicial y puso el expediente en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Medina.

Ahora, la magistrada titular ha abierto diligencias y llamado a declarar, en calidad de investigados, a cinco responsables del hospital que habían sido informados por miembros de la plantilla de lo que estaba ocurriendo.

El escándalo se cobró en la primera semana de salir a la luz el caso las primeras víctimas administrativas, casi toda la cúpula del hospital medinense, que ahora pasarán por la sede judicial, bien en calidad de testigos o como investigados: el director gerente del Hospital Clínico de Valladolid, José Manuel Vicente y la directora médica del Hospital Comarcal, Laura Gil, que presentaron su renuncia coincidiendo con la publicación de un comunicado de Sacyl en el que informaba sobre la apertura de un expediente de información reservada a un profesional del Hospital Comarcal tras conocer que varios trabajadores habían presentado una denuncia por una «presunta conducta irregular».

Tan solo una semana más tarde renunciaron a sus puestos también la responsable de Enfermería, Teresa Sánchez Muñoz, el jefe de Traumatología, José Sanz y el coordinador del bloque quirúrgico, Juan Carlos Álvarez.

Pocas semanas después de saltar el escándalo y tras el fallecimiento de Alfonso Díez, más de cuarenta profesionales sanitarios, en su inmensa mayoría médicos, 29 de ellos traumatólogos, algunos muy conocidos, difundieron a través de las redes sociales entre trabajadores de hospitales de la comunidad, incluido el de Medina del Campo, una carta abierta de apoyo a la «presunción de inocencia» de su compañero.

Los firmantes del manifiesto, entre los que se incluían siete médicos del propio Hospital Comarcal (cuatro traumatólogos y tres anestesistas), consideraban que «era preciso anteponer la presunción de inocencia a cualquier otra consideración» y apuntaban que «esto se hacía más evidente a la vista de las acusaciones genéricas e inconcretas y a las numerosas contradiciones que se plasman en el escrito de acusación».

Los firmantes del manifiesto pusieron en duda la veracidad de dichas acusaciones.