Valladolid

Fabio se queda sin transporte escolar

Fabio, ante un dolor o estímulo indeterminado tiene conductas disruptivas. Eso fue lo que le ocurrió los días 14 y 18 de marzo. Este joven sufrió dos episodios de crisis que no pudo controlar, algo propio de su condición. Ante esta situación, los responsables del centro educativo contactaron con Elisa para que fuera a buscarlo alegando cierta preocupación por su propia seguridad y también por la de los demás ocupantes del transporte escolar.

Elisa y el director del centro, acordaron la implementación de un protocolo de actuación para futuros episodios similares, que incluía medidas para calmar a Fabio y, si fuera necesario, contactar a los padres. En caso de no poderles localizar, entonces recurrir al servicio 112 de emergencias. Sin embargo, la sorpresa llegó para esta familia el 19 de marzo, cuando recibieron una llamada de la jefa de estudios del Pedro I, comunicándoles que el transporte escolar para Fabio había sido suspendido, «una decisión tomada de manera repentina y sin previo aviso por la Dirección Provincial de Educación», explica Elisa, quien se vio obligada a abandonar su trabajo de forma precipitada para recoger a su hijo en el colegio. «No recibo nada por escrito hasta el día 21 a las 13:15 horas, cuando Fabio sale de clase a las 14:15. Yo estaba en una reunión y hablo con la tutora que me confirma que el chico está bien pero que la dirección del centro la comunica que no hay transporte para Fabio. También sobre las 14:15 horas, el encargado de los vehículos contacta conmigo para decirme que la persona responsable del transporte escolar en la Dirección Provincial de Educación, le avisa que la línea de transporte de Fabio está anulada», añade esta madre, que esa misma tarde acudió a denunciar los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Tordesillas, argumentando discriminación y vulneración de derechos fundamentales. «Se denuncia la discriminación de un joven discapacitado del mundo rural y se denuncia el castigo de la Dirección Provincial, cuando el Procurador del Común en el año 2021 nos comunicó que no se puede castigar a un discapacitado, ni a su familia por hechos inherentes a la discapacidad. Se denuncia el daño moral, económico, laboral y psicológico que se está creando a la familia», expresa con firmeza.

Falta de comunicación formal

La familia de Fabio denuncia también la falta de una comunicación formal y adecuada sobre la supresión del servicio, conforme a los principios administrativos: por escrito, motivado y con posibilidad de recurso. «Es evidente que en este caso la Junta de Castilla y León y la Dirección del centro, han actuado como una vía de hecho y sin procedimiento ninguno», afirman. Los padres de este joven consideran que esa falta de un procedimiento adecuado constituye un acto de arbitrariedad y desamparo hacia las personas con discapacidad.

Firme en su lucha por la justicia y la inclusión, esta familia, acompañada del diputado provincial de IU-TLP Julio Pereda, en la Diputación Provincial y de un representante de la Federación de AMPAS de Valladolid, han querido denunciar esta situación ante los medios de comunicación. Este diario ha consultado con fuentes de la Consejería de Educación, que informan que, «no se ha eliminado el transporte del menor. Se ha suspendido el servicio tres días en lo que se encuentran soluciones para un transporte seguro para todos los que viajan en el vehículo: el menor, el conductor y una monitora. Tras las vacaciones se retoma el transporte». Sin embargo, estos padres tienen la incertidumbre de qué ocurrirá si Fabio vuelve a tener otra crisis. «¿Volverían a suspenderlo de forma unilateral y de un día para otro, pese al protocolo pactado con la dirección del centro y a la normativa del transporte escolar», se pregunta Elisa. «Deben dotar el servicio de transporte escolar de los medios necesarios y formar a la monitora para que aprenda a calmar a niños como Fabio. No están transportando paquetes, están trasladando niños con ciertos trastornos TEA. A Fabio le han castigado sin transporte por dos crisis que ha tenido y que no puede controlar. Esto nos está afectando psicológicamente de una manera brutal y también a nivel laboral. Es una situación totalmente injusta y discriminatoria», remata Elisa.