Una exedil de Bobadilla se enfrenta a tres años y medio de cárcel acusada de estafar 10.000 euros

La exedil se expone a una posible condena de tres años y seis meses de prisión, al pago de una multa de 2.700 euros y al abono, en favor de los perjudicados, de indemnizaciones que suman más de 1.000 euros, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press. La acusación particular, por su parte, eleva la petición de condena hasta los seis años por un delito continuado de estafa y, de forma subsidiaria, rebaja la pena a cuatro años y medio.

Los hechos se iniciaron en septiembre de 2019 a partir de una relación de amistad entre la acusada y la víctima, al llevar ambas al mismo colegio a sus respectivos hijos en Medina del Campo.

En esa relación de confianza, la perjudicada comentó a la edil que su madre y otras dos familiares habían heredado un piso que pretendían vender pero que no podían hacerlo al existir un embargo de Hacienda por importe de 10.041 euros respecto del que carecían de capacidad económica para levantarlo.

Fue entonces cuando, siempre según la tesis de la acusación pública, la imputada aseguró a su amiga que trabajaba en Hacienda y se ofreció a contactar con un alto funcionario del organismo para lograr que pagara la deuda de forma fraccionada. Y para generar en la víctima una sensación de confianza también le dijo que era concejala en el Ayuntamiento de Bobadilla, circunstancia esta que sí se ajustaba a la realidad en aquel momento.

De este modo, la víctima comenzó a realizar ingresos mensuales en una cuenta bancaria que Inés María Fernández Salinero le había facilitado, haciéndole creer que pertenecía a Hacienda, cuando en realidad era ella la titular de la misma. Así, entre el 12 de diciembre de 2019 y el 9 de julio de 2020 la citada cuenta recibió ocho ingresos por importe global de 1.000 euros, a los que también se sumaron tres trasferencias bancarias que sumaban 9.972 euros.

Con posterioridad, la acusación pública sostiene que la entonces edil, para intentar que la estafada y sus familiares no descubrieran el engaño, les explicó que en un principio la cancelación del embargo llevaría un plazo de unos dos meses, al tiempo que el 5 de noviembre de 2020 remitió a su amiga un correo electrónico con un supuesto certificado de Hacienda en el que se aseguraba que su madre estaba al corriente de sus obligaciones tributarias.

Ese mismo día también le hizo llegar un documento que aparentaba ser una nota simple del Registro de la Propiedad de Medina del Campo en la que se hacía constar que la vivienda estaba libre de cargas. Sin embargo, los perjudicados presentaron denuncia el día 9 de ese mismo mes al descubrir rápidamente la falsedad de los documentos, ya que presentaban notables diferencias con los auténticos.