El exalcalde de Íscar se sentará en el banquillo por prevaricación pero no por malversación en la obra de la Plaza de Toros

Tampoco procede la apertura de juicio oral por el delito de malversación, precisa la instructora, «toda vez que excede de la competencia del procedimiento abreviado, siendo firme el auto de imputación, sin que la parte (acusación particular) plantara la inadecuación de procedimiento sobre este punto«.

La defensa del exregidor ha explicado que, en virtud de este auto, que es firme, su representado será juzgado por el delito de prevaricación que solo lleva aparejada pena de inhabilitación y sin efectos económicos, y no por el delito de malversación por el que la acusación pedía penas de seis años cárcel y mas de dos millones de responsabilidades civiles. «La acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Íscar, no recurrió en su día el auto de imputación, que solo hablaba de prevaricación, por lo que es firme», ha apuntado el letrado del exalcalde del PP, Alejandro García Sanz.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid acordó en junio de 2019 abrir procedimiento abreviado contra Alejandro García Sanz, así como contra otras tres personas más como consecuencia de las obras del Centro Multiusos cuyo presupuesto inicial, de 2,5 millones, se disparó finalmente a más de 5 millones y hallar indicios de delito en la forma en que fue tramitada buena parte del proyecto. En el auto se imputaba también al entonces concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Juan Carlos Lázaro; el arquitecto municipal, José Luis Pérez Frutos, y el representante de la empresa Construcciones Mego SA, Luis González Chozas. El pleno del Ayuntamiento aprobó en sesión extraordinaria, el día 22 de marzo de 2006, adjudicar la ejecución de las obras a esta empresa por el precio ofertado de 2.322.250 euros (IVA incluido), siendo inferior al presupuesto de licitación, que era de 2.500.000 euros, IVA incluido, si bien las obras se dispararon finalmente a 5.150.000 euros, de los cuales casi 2,5 millones corresponden a modificados del proyecto inicial.

Según la Fiscalía, los encausados, a pesar de saber que estaban saltándose el procedimiento de contratación y a pesar de los informes en contra del secretario y la intervención, acordaron llevar a cabo unas obras no previstas en el proyecto inicial de 2006 ni en el modificado de 2008 incrementando el coste de dos a cinco millones y pagándolas, sin haberlas sometido a una nueva licitación.