El equipo de Gobierno de Laguna defiende con dos informes su protocolo de transparencia

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento -gobernado por el PP, Independientes por Laguna y Vox- responde a la denuncia presentada ante el juzgado de instrucción de guardia de Valladolid contra el alcalde, Avelino Álvarez; la primera teniente de alcalde, Lucía Castro (Independientes por Laguna); la segunda teniente de alcalde, Isabel Pérez (VOX), y contra la vicesecretaria municipal, la vulneración del artículo 23 de la Constitución, el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional al respecto, por el incumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local y por el incumplimiento del Reglamento Orgánico Municipal.

El Ayuntamiento afirma que cuenta con dos informes elaborados por « dos delegados de protección de datos contratados al efecto», con fechas de marzo de 2023- durante la anterior etapa municipal- y otro de febrero de 2024, en los que «se sustenta la decisión tomada por el actual equipo de Gobierno sobre el acceso a la información de los miembros de la Corporación Municipal».

Así, afirman que se ha establecido un protocolo pero no se ha restringido el acceso a los expedientes. Se debe presentar una solicitud motivada que se pondera y valora antes de permitir el acceso a la información solicitada por cada concejal y aseveran que hasta el momento «no se ha negado el acceso» a solicitud alguna «presentada por parte de ningún edil de ningún partido político».

De hecho apuntan que los concejales que forman parte del Equipo de Gobierno deben hacer la misma solicitud.

Defienden también que se trata de un protocolo que no es «único» del Consistorio lagunero pues aseveran que el Ayuntamiento de Valladolid capital ha seguido «este mismo proceder» desde la etapa del exalcalde socialista y actual ministro, Óscar Puente.

El equipo de Gobierno recalca que la decisión se tomó para «cumplir con la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno» y considera que el acceso por parte de la totalidad de los concejales a todos los expedientes «podría ser contrario al principio de minimización del Reglamento General de Protección de Datos.

Además, critican que se hable de «falta de transparencia» cuando consideran que «todos y cada uno de los puntos citados» en las informaciones del PSOE «han sido respondidos de manera afirmativa» e, insisten, «a ningún concejal se le ha negado información si se sigue el procedimiento establecido y conocido por todos».

Igualmente consideran que no es «entendible» la acusación de vulnerar el artículo 23 de la Constitución Española.

Por ello, reprochan que es «intolerable tratar de manchar el nombre de la institución representada por toda la Corporación Municipal», de la que apostillan que «forma parte el mismo Grupo Municipal Socialista, mediante declaraciones que faltan a la verdad con el único objetivo de desgastar al Gobierno municipal».