Encausados tres médicos por desoír quejas contra el traumatólogo de Medina del Campo acusado de abusos

La jueza ha dictado el auto por el que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y da trámite a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de acusación en los que han de concretar el delito o delitos de los que acusan a los investigados y la pena que solicitan para ellos.

En esta fase procesal también pueden pedir el archivo de la causa y, excepcionalmente, solicitar la práctica de nuevas diligencias, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

En su resolución, la instructora considera que «de modo indiciario y sin ánimo o valor de prejuzgar», la actuación atribuida a quienes en el momento de los hechos eran el director del hospital, la directora médica y otra doctora, podría ser constitutiva de un delito de omisión del deber de impedir determinados delitos.

Según se recoge en el auto, los tres médicos fueron informados verbalmente de las quejas contra el traumatólogo, ya fallecido, por la supervisora de enfermería de quirófano, pero «no habiendo observado incidente alguno y, a falta de documentación escrita sobre ello, se abstuvieron de actuación alguna».

También habrían desoído la petición de esta sanitaria en 2019, cuando la denuncia por el supuesto comportamiento inadecuado del traumatólogo con la menor se registró por escrito en el SISNOT, el sistema de notificación de incidentes sin daño en los centros del Servicio Regional de Salud de Castilla y León.

La jueza acuerda el archivo de la causa respecto a otros dos facultativos que también fueron denunciados por la Fiscalía.

Fue precisamente la acusación pública la que remitió al Juzgado Decano de Medina del Campo las actuaciones realizadas tras la comunicación por parte de la Consejería de Sanidad de la denuncia firmada por 26 trabajadores del Hospital medinense sobre presuntos actos realizados por el médico del centro hospitalario ya fallecido.

La investigación detectó posibles contactos físicos inadecuados del médico fallecido a algunas mujeres en ese hospital, que no podían ser investigados a causa del fallecimiento del presunto autor de los mismos.

Fiscalía de Valladolid, por contra, sí entendía necesario que se investigase judicialmente la falta de remisión a ella misma o al Juzgado de la comunicación reflejada en el sistema del propio hospital de fecha 30 de septiembre de 2019 en la que se relataba y describía un presunto abuso a una menor de edad, de la que tampoco fueron informados los padres de la paciente, por lo que formuló denuncia frente a los responsables del hospital y directores de servicios que tuvieron conocimiento de tales hechos, pues tal inactividad pudiera ser constitutiva de un delito de omisión.

A raíz de que estos hechos trascendieran públicamente, se produjo una serie de dimisiones en cadena en dicho centro sanitario, primero la del director gerente del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, cargo que también ostentaba en el centro medinense, José Manuel Vicente, luego la directora médica, Laura Gil, y más tarde de la directora de Enfermería, Teresa Sánchez, así como encargado del área de Traumatología, José Ángel Sanz, y por último del jefe de Anestesia, Juan Carlos Álvarez.

Estas cinco dimisiones se conocieron después de que la Gerencia Regional de Salud procediera el 4 de junio de 2021, y «de manera inmediata», a abrir «una información reservada, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir» a un médico del Hospital de Medina por la denuncia presentada por varios trabajadores por «presunta conducta irregular».

El médico era un traumatólogo que un día antes, el 3 de junio, perdió la vida la colisionar frontalmente el coche que conducía con un camión en la carretera de León, a la altura del municipio de Ceinos de Campos, un accidente que también fue investigado por si hubiera sido un intento de suicidio.

Dos semanas después, un total de 41 profesionales sanitarios- principalmente médicos pero también enfermeros o administrativos y que afirman haber mantenido trato profesional con el facultativo fallecido-firmaba un escrito en el que respaldaban la presunción de inocencia del traumatólogo y recalcaban que, ante las investigaciones abiertas, era preciso «anteponer la presunción de inocencia a cualquier otra consideración».

Todo ello, responde a las «acusaciones genéricas e inconcretas y a las numerosas contradicciones» que afirmaban haber leído o escuchado en algunos medios de comunicación y que, añadían, se plasman en los fragmentos que aseguran conocer del escrito de acusación. De hecho, negaban de manera «radical» la certeza de esas «insidiosas manifestaciones».

Esas conductas denunciadas, apuntaban, se vendrían produciendo desde 2019 «sin solución de continuidad y de forma constante y habitual», por lo que interprestaban que «de ser así, resultaría que dichas ignominiosas prácticas serían observadas siempre por el personal del área de quirófano y reanimación» y ellos «conocerían todas las circunstancias, como días en los que se cometieron, modo en el que sucedía, persona que sufría los abusos».

Si ello fuera totalmente cierto, añadían, «se convertirían con su silencio cómplice en el tiempo, en sujetos activos de un delito de encubrimiento pasivo, algo realmente inverosímil». Por ello, además de por «la ausencia de ningún tipo de denuncia formal durante el periodo que se menciona», entendían que dichas acusaciones están «en tela de juicio».

En cualquier caso, incidían en que lo obligado es «ser prudentes y esperar el resultado de las investigaciones con la premisa de aplicar la presunción de inocencia».

Además, señalaban que todos los firmantes habían mantenido «durante años» una relación profesional con el fallecido y aseveraban no haber sido testigos de actuaciones «innobles, indecorosas o atentatorias contra la libertad sexual o la dignidad de persona alguna».

Asimismo, subrayaban que el protagonista de dicho caso era considerado «un buen profesional, dedicado a su trabajo, riguroso en el ejercicio de la profesión y de trato cordial con el enfermo». Añadían que era «muy exigente» y que su profesionalidad le empujaba a requerir de todos los miembros del equipo «el mayor rendimiento y los más altos niveles de calidad».

También pedían que si no se pudiera probarse que existieron conductas encubridoras, «susceptibles de investigación, persecución y castigo», quede «lavada» la memoria del fallecido, para la cual y para su familia pedían «respeto».