La lucha contra los okupas llega a la Diputación, que exige medidas «urgentes»

La Diputación Provincial, con el apoyo de todos los grupos políticos, ha aprobado las bases de la convocatoria para las ayudas energéticas que recibirán hasta 224 municipios de la provincia por valor de tres millones de euros. Será previsiblemente durante el próximo pleno, en el que la institución vallisoletana resolverá la cuestión con el objetivo de que las subvenciones para hacer frente al incremento de los gastos en los suministros de los últimos meses, llegue lo antes posible a los ayuntamientos. La cantidad recibida por cada localidad tendrá forma de préstamo a largo plazo.

La primera de las proposiciones debatidas fue a propuesta del Partido Popular y estaba relacionada con exigir al Gobierno central que no ponga en marcha la denominada «armonización fiscal». Frente a esta medida, el PP sugiere una bajada de impuestos. Así lo defendió el portavoz del Grupo provincial Popular, Agapito Hernández, quien acusó a Pedro Sánchez de utilizar el instrumento de la armonización como «mero pretexto para continuar con sus subidas de impuestos» para calificar después al Gobierno de coalición de «máquina de recaudación y confiscación» y recordar que la deuda pública actual alcanza los 1,4 billones de euros.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Ferreira, dio réplica a Hernández alegando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) «no cree que bajar los impuestos sea la solución a la inflación» y, por contra, insta a los gobiernos a «dar ayudas y apoyos a los más vulnerables» para aliviar la subida generalizada de precios. Finalmente la proposición salió adelante con los votos favorables de PP y Ciudadanos, la abstención de Vox y la negativa de PSOE y Valladolid Toma la Palabra

«Al okupa, patada»

La diputada de Ciudadanos, Gema Gómez, volvió a poner encima de la mesa una propuesta encaminada a la adopción de «medidas urgentes» contra la okupación ilegal de viviendas, que genera «inseguridad», lo que unido a la «insuficiente» protección de la propiedad privada y la dilación de los procesos judiciales suponen a juicio de Gómez un «grave problema» para muchos propietarios y familias. En este sentido, aclaró que Valladolid aglutina una de cada tres denuncias en Castilla y León (73 de las 639 denuncias de la región durante los 9 primeros meses del 2021), lo que supone «la cifra más alta desde 2015», donde tuvieron lugar 130 sucesos de este tipo.

A este respecto, Vox evidenció su posición: «Frente a la okupación ilegal de viviendas es necesaria firmeza legislativa. Al okupa, patada». El portavoz del grupo en la Diputación, Mario de Fuentes, recordó que su partido ya llevó al Congreso de los Diputados iniciativas para reformar el Código Penal, y una proposición de ley que permitiera «sacar a los okupas de las viviendas ocupadas en 24 horas».

El portavoz de Toma la Palabra, Marcos Díez, se encargó de recordar que solo el 14% de los propietarios de viviendas okupadas acuden a la vía judicial. «En Valladolid, en 2020, se judicializaron cinco denuncias por okupación de vivienda». Además, Díez afirmó que en España «se ponen al día 40 denuncias por okupación y se admiten 11 a trámite» mientras que los desahucios diarios ascienden a 117.

La propuesta de Ciudadanos quedó aprobada con los 'síes' de PP, Vox y la propia Gómez y el voto negativo del resto de grupos.

Los últimos puntos del día fueron a propuesta de Mario de Fuentes, instando a la Diputación de Valladolid a elaborar sendos estudios sobre eficiencia energética en edificios y la flota automovilística de la institución, y sobre la defensa del pino de Castilla y león, respectivamente.

El primero de ellos contó con el apoyo de todas las formaciones provinciales a excepción del PSOE, que se abstuvo, y propuso dos enmiendas de sustitución que fueron rechazadas por el diputado de Vox, quien sí incluyó una de los populares para que, aprovechando los informes y trabajos elaborados sobre este asunto, la institución provincial elabore un estudio sobre la eficiencia energética en los edificios y la flota de automóviles de su titularidad con el objetivo de ahorrar energía.

La segunda de las propuestas de De Fuentes hizo hincapié en la defensa de los pinares piñoneros a través de un informe técnico en el que la Diputación de Valladolid recoja su situación en la comunidad, con especial preocupación en las plagas de orugas procesionarias, así como otro tipo de organismos que han reducido la productividad de los pinares un 10% en los últimos años, con lo que ello conlleva para el sector del piñón. Aprobada, con la abstención de Valladolid Toma la Palabra y el voto favorable del resto de grupos tras aceptar de Fuentes sendas enmiendas del PP y PSOE, la proposición solicita finalmente a la Junta de Castilla y León incrementar, por un lado, la inversión en los pinares elevando el número de investigaciones que permitan tratamientos para mejorar la situación de los mismos y, por el otro, elaborar un informe técnico valorando la situación de los pinares llevando a cabo una posterior actuación.

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