No hay delito de maltrato animal en el Toro de Tordesillas pero sí infracción administrativa porque la adaptación del festejo realizada por el Ayuntamiento no cumple al pie de la letra el Decreto Ley de 2016 de la Junta para que el animal no sufra, ... así que se suspende. Casi al mismo tiempo, la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid han dado a conocer este viernes su decisión sobre la legalidad del Toro de la Vega de Tordesillas, apremiados por las fecha de la celebración del espectáculo, programado para el próximo martes 13 de septiembre.
La Fiscalía ha archivado la denuncia del Gobierno en la que se pedía la suspensión del festejo porque no ve delito, pero el TSJ ha estimado el recurso planteado por la asociación animalista PACMA a las nuevas bases y ordena a la Junta y al Ayuntamiento que garanticen dicha suspensión, aunque las dos administraciones tienen cinco días de plazo a contar desde hoy para recurrir la resolución judicial. No obstante, el TSJ deja abierta la puerta a pueda celebrarse, siempre y cuando se ajuste a la normativa autonómica, al igual que se hizo entre 2016 y 2019.
No hay delito, según el oficio remitido por el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo en respuesta al escrito del director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres del pasado jueves 8 de septiembre, en el que se pedían medidas cautelares para paralizar el festejo con el argumento de que las nuevas bases reguladoras del torneo establecen la posibilidad de colocar hasta siete divisas en el toro, lo que incumpliría el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León y «podría derivar en un delito de maltrato animal».
El fiscal responde al director general de Derechos de los Animales que las diferencias en las interpretaciones de la normativa tienen que resolverse en la vía contenciosa y no en la penal
El ministerio público considera que «no existen indicios de la comisión de delito alguno», sin perjuicio «del análisis del concreto ajuste a la legalidad administrativa» de la Orden MAV/946/2022 de 5 de julio, por la que se declara la conformidad de la adaptación de las bases del espectáculo taurino tradicional del Toro de la Vega, ajuste y control (así como la adopción de medidas cautelares) que, en su caso, corresponderían dilucidar a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al ministerio fiscal». Por ello, ha acordado el archivo de las diligencias preprocesales, si bien informa al director general que puede llevar esta denuncia a un juzgado de instrucción.
Lo que no ha logrado la denuncia en vía penal del Gobierno sí lo ha hecho el recurso contencioso de PACMA. El partido animalista ha conseguido que el TSJ haya emitido un auto que acuerda la medida cautelar de suspensión, por un lado, de la Orden MAV/946/2022 de 5 de julio dictada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que declara la conformidad de la adaptación de las bases del Toro de la Vega a lo previsto en el Decreto Ley 2/2016 de 19 de mayo que prohíbe la muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León. Por otro, del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Tordesillas del pasado 3 de mayo, que aprueba las nuevas bases reguladoras del desarrollo del torneo.
Los animalistas basan su argumentación en un informe de José Enrique Zaldívar, presidente de la asociación de veterinarios AVTMA, en el que se subraya que con las nuevas bases se conculca el espíritu del decreto ley de la Junta, al permitirse el uso de hasta siete divisas, «instrumentos cortantes y punzantes que se clavarán en los músculos del toro, lo que evidencia la existencia de maltrato: dolor, heridas y contusiones».
Las magistradas ponentes consideran que las administraciones demandadas no han acreditado el perjuicio que puede suponer la suspensión y que celebrar este año el torneo arreglo al texto del decreto ley no ocasionará «un perjuicio irreparable»
La Junta, una de las administraciones demandada, alegó que ni siquiera había dictado la autorización del festejo y, en todo caso, que la competencia de la suspensión sería de un juzgado de lo contencioso de Valladolid y no de la Sala del TSJ. Por su parte, el Ayuntamiento, la otra administración demandada, alegó que la ordenanza reguladora del festejo se ajustó a la normativa de la Junta, que se iba a dar «un trato digno y respetuoso al toro, en un torneo exento de crueldad» y apeló a que el torneo es «un acto inmemorial» de hondo arraigo en la villa y que el animal no iba a sufrir daño alguno. Además de que la suspensión en este momento va a ocasionar «un perjuicio irreparable» a los vecinos y al Ayuntamiento.
Las magistradas ponentes desestiman los planteamientos de las administraciones demandadas y recuerdan además la reforma del régimen jurídico de los animales en el Código Civil que reconoce «su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad». Consideran que los perjuicios económicos a los que se refieren «ni siquiera se han acreditado indiciariamente» y destacan que «durante más de cinco años han tendo lugar las fiestas de Tordesillas con el vigente decreto de la Junta, por lo que no ocasiona ningún perjuicio irreparable a las mismas porque se celebren este año como han tenido lugar anteriormente con arreglo al mencionado decreto ley, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto».
Contra el auto de suspensión pueden presentar un recurso de reposición en cinco días, a contar desde este 9 de septiembre. El festejo está programado para el 13. La Junta aún no se ha pronunciado y el Ayuntamiento de Tordesillas ha emitido un comunicado en el que destaca que la decisión judicial «se ha tomado condicionada por la presión mediática y la política, aquí hay más ideología que Justicia», ha declarado el alcalde, quien considera que «con la denuncia de PACMA se ha tratado de hacer el mayor daño posible, sabiendo que con los cinco días que nos dan para recurrir nos quitan cualquier oportunidad de realizar las celebraciones taurinas este año con normalidad».
Críticas ante las decisiones precipitadas
«Cuando empezamos con todo este proceso del cambio de normativa de la ordenanza, hace dos años, sabíamos que podría haber un proceso judicial, pero no sospechábamos que fueran a aprovechar la cercanía del Festejo para manipular, mentir y hacer una campaña de desprestigio al municipio», ha añadido.
Según Oliveira «se ha manipulado deliberadamente difundiendo falsedades para buscar apoyo y atacar a este municipio y a sus habitantes, y una vez más esto forma parte de un ataque sistemático al mundo rural y a las tradiciones. Somos un municipio pequeño y hemos hecho todo lo posible con nuestros medios, pero es difícil defendernos de toda campaña de desprestigio orquestada por Podemos o PACMA, y que cuenta con el respaldo de grandes grupos de comunicación».
«En todo momento hemos intentado conjugar las tradiciones con la legislación vigente, hemos cumplido con todas las exigencias y creemos que el marco legal debería ser igual para todos».
Asimismo, en el comunicado el Ayuntamiento ha anunciado que acelerará los trámites «para que el Torneo del Toro de la Vega pueda categorizarse como Festejo Popular para poder mantener la celebración estas Fiestas de la Peña. De esta forma, se buscará una alternativa viable dados los plazos con los que cuenta el Consistorio en este proceso. Pese a la situación, desde el Ayuntamiento se invita a los vecinos a disfrutar de las Fiestas en honor a la Virgen de la Guía y la Peña con tranquilidad y serenidad, disfrutando de la mejor manera posible en estas fiestas en las que retorna la normalidad tras la pandemia».