La defensa de Óscar S. contraatacará con informes periciales para desmontar el atestado de la UCO

La comparecencia de S. M. tuvo lugar en la sala de vistas 6 y duró algo menos de una hora, aunque se hizo eterna para los familiares y vecinos de Traspinedo que, concentrados en la calle y despreciando el intenso frío, mantuvieron viva hasta el último minuto la esperanza de ver salir al agente de viajes con los grilletes y trasladado en un furgón de la Guardia Civil con destino a la prisión de Villanubla. Pero eso no ocurrió ni ocurrirá hasta el final del procedimiento. La magistrada Soledad Ortega ha considerado, tras el interrogatorio del sospechoso, que a estas alturas de la instrucción -va a hacer dos años el próximo enero-, «no existen motivos para pensar que el investigado pretenda eludir la acción de la justicia».

E incluso, subraya en el auto, «aunque ha estado sometido a una gran presión mediática, siempre ha comparecido a los llamamientos policiales y judiciales, ha colaborado en cuantas diligencias se han practicado sin oponer resistencia alguna, facilitado teléfono, correos, coche, llaves del mismo...» Su actitud durante las diligencias y su arraigo «personal, familiar y profesional» ha sido valorado por la instructora para descartar la prisión provisional comunicada que habían solicitado las acusaciones. Y también que todavía no está claramente definido el tipo delictivo que se le atribuye dentro de las variantes del homicidio.

Que sea titular de una agencia de viajes, apunta la jueza, no es suficiente argumento para el riesgo de fuga que esgrimen las acusaciones «porque ello no supone una mayor facilidad para salir de territorio nacional, cuando hoy en día los billetes de avión se pueden obtener a través de Internet, sin necesidad de acudir a una empresa especializada».

La magistrada concluye que el riesgo de fuga «se puede conjurar con otras medidas menos drásticas e igualmente eficaces», como la comparecencia apud-acta, todos los lunes en las dependencias de la Guardia Civil más cercanas a su domicilio y la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte o prohibición de expedición de uno nuevo». También entiende que no es necesario imponerle una fianza «por un mínimo importe que carece de efecto disuasorio», en relación a la petición de la Fiscalía para que se le impusiera prisión soslayable con 20.000 euros de multa.

La próxima decisión que tomará la instructora es la de si se prorrogan las diligencias del caso, lo que es previsible que ocurra porque todavía quedan pruebas por practicar que ha solicitado la defensa.

El investigado, que entró caminando por la puerta principal de Angustias acompañado de sus letradas y bajo la protección de un escolta mientras vecinos de Traspinedo y periodistas se concentraban en la calle Torrecilla, estuvo declarando desde las nueve y media hasta las once menos diez de la mañana. Respondió a las preguntas de su letrada, de la fiscal y de la magistrada instructora, que dirigió el interrogatorio, y declinó contestar a las dos acusaciones particulares. Según relató al término de la comparecencia Guillermo Ruiz Blay, el abogado de la hermana de Esther López, Óscar S. M. se mostró más que tranquilo, casi «impasible» en los gestos y sus respuestas apenas se apartaron de las que dio en su primera declaración de abril de 2022.

«No ha aportado nada diferente salvo anunciar que están preparando informes periciales para contradecir el informe de la UCO», ha señalado el letrado de la acusación particular. Al parecer, el investigado volvió a reiterar que «no sabía» el motivo por el que determinados posicionamientos tecnológicos situaban sus dispositivos móviles y su vehículo en escenarios como la calle Dos donde la Guardia Civil sostiene que se produjo el atropello o la curva de la carretera de Traspinedo junto a la que apareció el cadáver de Esther López, entre otros datos incriminatorios del atestado policial en el que se fundamenta la acusación.

Para la acusación particular, este informe de la Guardia Civil recoge indicios suficientes para sustentar una imputación «por múltiples delitos, incluso hasta el de detención ilegal asociada a unos hechos que están muy acreditados, un delito contra la seguridad vial y hasta puede acreditarse la manipulaciçon de pruebas». Para la familia, Óscar S. M. es culpable de asesinato y persigue que sea un jurado popular el que emita veredicto.