Los pueblos de Valladolid, bajo el creciente temor de convivir con los okupas

La okupación el pasado 5 de febrero de la vivienda propiedad de Francisca y Santiago, un matrimonio de ancianos de La Cistérniga, ha reabierto el debate social ante una problemática que genera preocupación, malestar e indignación entre los vecinos afectados por los problemas de convivencia que, en muchas ocasiones, surgen tras la presencia de okupas. La presión mediática, la movilización en redes sociales y el movimiento vecinal dieron sus frutos esta vez, aunque no siempre sucede, pues son varios los pueblos que llevan años denunciando casos de ocupación ilegal en sus municipios, hechos que despiertan el temor en la provincia a toparse con vecinos indeseados.

No obstante, los letrados de la Administración de Justicia de Valladolid –las personas que coordinan legalmente el proceso– explican que «los lanzamientos por ocupación ilegal no son tan numerosos en el caso de Valladolid», donde se han detectado este 2022 (en capital y provincia) un total de 5 procedimientos tramitados de desahucios a okupas, cifra que aumenta hasta los 35 casos registrados durante todo 2021.

Aunque hay zonas en las que la ocupación es una constante. Se trata de pueblos cercanos a Valladolid en los que existen gran cantidad de viviendas vacías que se convierten en objetivo de ilegales inquilinos, como sucede desde hace años en Santovenia de Pisuerga. Allí llegaron a detectar más de 60 casos de ocupación en 2016, aunque la cifra ha disminuido según su alcalde, Bernardo Canedo. «Ahora hay unas 45 personas que viven en 23 casas, pero hace tiempo llegaron a un acuerdo con el banco propietario por el que pagan el alquiler, los gastos de luz y agua, eso sí, andan con juicios por el impago de la comunidad». Dos intentos de ocupación frustrados en 2020 y otro más el pasado verano ponen de manifiesto una tendencia que preocupa en municipios como Zaratán, donde el pasado mes de agosto abortaron un intento de ocupación.

Pero no ha sido el único, pues en mayo y agosto de 2020 la calle Naval fue objetivo de molestos inquilinos que se adueñaron de varias viviendas. «La presión vecinal fue clave para echarlos», aclara su regidor, Roberto Migallón. Cabezón también se suma a la lista. «El problema llega cuando los okupas no saben convivir y faltan al civismo generando tensión como sucedió en 2020 en una vivienda de la calle La Barca», comenta su alcalde, Sergio García. Actualmente hay una vivienda ocupada en la travesía Real del Norte «que se encuentra en proceso judicial para su desalojo» y dos en la zona de la Estación, «aunque no hay denuncias al respecto».

En Cigales la situación por ahora «está bajo control» pese a la presencia de dos familias de okupas –una en la calle Zapatilla y otra en el Camino del Río–. El Ayuntamiento ha logrado echar a tres familias desde 2020 y están pendientes de la resolución de otra sentencia. «Hemos puesto en marcha procesos legales denunciando a los okupas que quitan los precintos para disponer de luz y agua, porque ahí están cometiendo un delito grave», explica la concejal de Participación Ciudadana, María Jesús García. Los inquilinos ilegales más conflictivos fueron los de la calle Reina Juana y los de Frechilla, «que hacían la convivencia insoportable al resto de vecinos. Hay que cortar de raíz las mafias que cobran a las personas que después entran a vivir e instar también a los bancos a que pongan medidas que eviten este tipo de hechos», asevera García.

A raíz del revuelo causado por la ocupación de La Cistérniga, el subdelegado de Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, quiere zanjar lo que considera «una falsa y muy extendida creencia» que se está creando en torno a los procesos de desahucio. «No es cierto que solo es posible el desalojo si no han transcurrido 48 horas desde la ocupación, la ley actual permite agilizar los trámites en beneficio del propietario, pero hay que tener clara la diferencia entre usurpación de la vivienda y allanamiento de morada», explica. Entonces, ¿qué diferencia hay? La usurpación –considerada como delito leve– tiene lugar cuando la casa no tiene consideración de morada, es decir, no está habitada, por lo que el proceso legal para desalojar a los ocupantes puede demorarse años como sucede en el caso de las viviendas a medio construir o las que son propiedad de bancos. ¿Cómo agilizar el proceso? En ambos casos –allanamiento y usurpación– el propietario puede solicitar la medida cautelar de expulsión anticipada, un recurso poco conocido pero al que a menudo recurren las entidades financieras propietarias de inmuebles que permite agilizar los trámites de desalojo para que estos sean resueltos en apenas unas semanas. ¿Y si la vivienda es de mi propiedad?

«El primer paso es denunciar en el cuartel o la comisaría cuanto antes, así se pone en marcha el proceso», asegura Álvarez. Después, los agentes comprueban toda la información y si en la casa ocupada vive alguien –ya sea de forma permanente o temporal– «el desalojo es inmediato, incluso sin orden judicial, porque se trata de un allanamiento y está considerado como un delito flagrante que no prescribe», puntualiza. Aclara además que este tipo de desahucios exprés «no solo se refieren a la vivienda habitual, también incluye las segundas residencias, como sucedió hace mes y medio en Herrera de Duero, donde en apenas unas horas lograron desalojar a los okupas», añade el subdelegado de Gobierno, quien puntualiza además que, «casos como el de La Cistérniga en el que la vivienda no estaba habitada se han resuelto de forma rápida gracias a los cambios en las leyes que permiten agilizar los trámites».

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