Valladolid

Conrado Íscar, con la «espina» de la transformación digital incompleta

Eso sí, reconoció que tiene la «espina muy grande» de no haber completado el plan director que pretendía la transformación digital de todos los municipios de la provincia, que incluía la telefonía móvil, la velocidad de internet y la señal de televisión TDT, ya que la Diputación no tiene competencias y ser algo que depende del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Pese a ello, precisó que la situación actual es mejor que al inicio de la legislatura.

Íscar valoró, según recogió la Agencia Ical, como «muy positiva» la gestión durante su mandato pese a los «imprevistos» que surgieron con la pandemia, que obligó a adoptar medidas extraordinarias y conceder ayudas a los ayuntamientos. «Los municipios y sus vecinos han marcado, en todo momento, las líneas de acción del equipo de Gobierno», aseveró. A su juicio, la «buena» situación financiera y económica ha permitido conseguir y mantener unos niveles de endeudamiento muy bajos y cerrar las sucesivas cuentas con un superávit presupuestario, además de reforzar, de forma «muy considerable», el apoyo económico y los servicios de asistencia de asesoramiento a los pueblos, sin olvidar el esfuerzo en las políticas de servicios sociales.

No en vano, subrayó que la cifra en materia de cooperación económica directa con los ayuntamientos se ha disparado hasta los 151,9 millones de euros, con una subida del 35% respecto a la legislatura pasada, y supone la cifra más alta desde el mandato de 2003-2007.

En concreto, el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, explicó que la buena capacidad financiera de la institución se debe al incremento de las transferencias del Estado y la Junta en los últimos años y, sobre todo, en 2022, que han permitido financiar los planes provinciales. También, se refirió a la enajenación de parcelas en Villa del Prado, con el que se ingresó 2,3 millones cada año, y la transferencia del Ayuntamiento por la demanda de ese barrio de la capital, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), por el que tiene que abonar un total de 4,6 millones. Por último, relacionó la adecuada capacidad económica de la institución por tener un endeudamiento «muy muy bajo», que ronda el nueve por ciento, y la utilización de los remanentes que no se pudieron usar durante varios años. No en vano, los remanentes han permitido financiar el plan extraordinario para destinar a los ayuntamientos hasta 18 millones en tres anualidades.

El presidente de la Diputación de Valladolid sacó pecho con el apoyo económico a los ayuntamientos, con cifras que no se alcanzaban desde hace cuatro legislaturas. Subrayó los planes provinciales de cooperación, convocados de carácter bienal, han aumentado un diez por ciento las cantidades percibidas por los consistorios, además de los anticipos del 70 por ciento de la inversión, una vez publicada la obra.

También se refirió al plan de libertad de gasto, que se puso en marcha la pasada legislatura y se ha incrementado un 40 por ciento, hasta los 2,1 millones de euros, además de establecer un sistema de reparto «claramente» favorable para los municipios más pequeños.

En presencia de la vicepresidenta Gema López, de Ciudadanos, Íscar enumeró el plan extraordinario de emergencia energética para ayudar a los ayuntamientos a «sobrellevar» el «enorme» incremento del precio de los combustibles, la energía eléctrica y el gas, con una aportación de seis millones de euros en los dos últimos ejercicios. También recordó el plan de choque para hacer frente a la covid, aprobado por todos los grupos políticos, dotado con 3,7 millones; el plan de ayudas del fondo de cohesión de la Junta para municipios de menos de mil habitantes, con 2,4 millones en 2021 y 2022; el plan de depuración de las aguas residuales, con 5,6 millones; el plan de fomento de la zona de Medina del Campo, 1,5 millones y el Consorcio Provincial de Medio Ambiente, al pasar de un presupuesto de 710.000 euros en 2019 a dos millones en 2023, entre otros.

Por último, valoró la labor que ha prestado la Diputación en los servicios de asesoramiento y asistencia con el fin de facilitar la tarea de nuestros alcaldes como la asistencia judicial y en materia urbanística presencial, el proyecto 'Smart Comunidad Rural Digital', el archivo electrónico, la actualización de inventarios de los ayuntamientos, la prestación de las funciones de secretario-interventor en municipios pequeños y el apoyo en materia de contratación electrónica y de protección de Datos.

El presidente de la Diputación declaró que el compromiso de la institución con los servicios sociales y las personas más vulnerables se ha hecho «más grande» y «más fuerte» durante la última legislatura. Prueba de ello es el gasto social en los Presupuestos de 2023 alcanza la mitad del total, hasta los 72 millones de euros. En el periodo 2019-2023, los recursos destinados al bienestar de los ciudadanos han alcanzado los 244,5 millones, con un crecimiento de más del 25% con respecto al periodo anterior.

En este sentido, valoró el esfuerzo realizado en el servicio de ayuda a domicilio, pasando de los 7,3 millones en el presupuesto de 2019 a los 11,1 de las cuentas de 2023. Tambén citó la Red Provincial Integrada de Servicios Sociales, con la puesta en marcha de la vivienda tutelada de Nava del Rey, con lo que ya hay 17 centros ubicados en diez municipios de la provincia; el programa Crecemos, para la conciliación de la vida personal y familiar; la Unidad de Convalecencia Socio Sanitaria en la Residencia Cardenal Marcelo; el Plan de Vivienda Provincial; el Programa Comercio Rural Mínimo; el Servicio de Transporte a la Demanda y la inversión en la Red Provincial de Carreteras, al que se ha destinado 16,7 millones de euros en los últimos cuatro años. Por último, señaló el Plan de Servicios Financieros de Proximidad, con la puesta en marcha de cajeros automáticos y el cajero móvil en los pueblos.

Otro de las prioridades del equipo de Gobierno de la Diputación ha sido promover el desarrollo económico y la creación de empleo en la provincia, lo que se traduce en estar al lago de los autónomos, los agricultores y los sectores agroalimentario y vinculados con la actividad turística y de ocio. En concreto, la institución provincial ha destinado en este mandato 73,4 millones de euros en diferentes programas, un 27 por ciento más que en la legislatura anterior, que han permitido -según Conrado Íscar- que la provincia de Valladolid haya cerrado el año 2022 con una tasa de paro del 7,8 por ciento, la quinta más baja de España.

Entre las actuaciones que mencionó, están la puesta en funcionamiento del Centro de Promoción Agroalimentario 'Espacio La Granja'; las ayudas al sector agrícola y ganadero (565.000 euros en 2023); la consolidación de la Marca Alimentos de Valladolid; las campañas de promoción, bonos descuentos y sorteos para apoyar al pequeño comercio y la hostelería; la Oficina de Proyectos Europeos para presentar proyectos por importe de 51 millones; el II Plan Estratégico de Turismo y la Villa de Oro del Vino.