Ciudadanos exige «medidas urgentes» contra la okupación de inmuebles en Valladolid

El grupo provincial Ciudadanos ha presentado una proposición para ser debatida en el pleno de la Diputación de Valladolid del viernes 22 de abril, para instar al Gobierno de la Nación a promover, de forma urgente, todas las reformas y modificaciones legales que sean necesarias para garantizar plenamente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad ciudadanas, y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles en nuestra provincia.

En octubre de 2020, el pleno de la Diputación, a instancia de Ciudadanos, aprobó promover la puesta en marcha de iniciativas con las que se defendiera la propiedad privada, se garantizara la convivencia y la seguridad ciudadana y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles. Sin embargo, «el Gobierno de España ha hecho oídos sordos y este fenómeno social sigue aumentando y convirtiéndose en un problema en nuestros pueblos», lamenta la portavoz del grupo provincial, Gema Gómez.

Y es que, durante este mes de abril, la ocupación ilegal de viviendas ha vuelto a crecer y, según los últimos datos del Ministerio del Interior, la provincia de Valladolid es la que más problemas presenta en Castilla y León al respecto.

En localidades de la provincia se han vivido varios episodios protagonizados por la okupación de viviendas en localidades de la provincia como La Cistérniga, Renedo o Santovenia de Pisuerga. En todas ellas, la población se movilizó para intentar echar a los okupas.

«El Gobierno no puede ser cómplice de la okupación y mucho menos, alentarlo», reprocha Gema Gómez, también vicepresidenta de la Diputación Provincial de Valladolid.

«Reiteramos la necesidad urgente de introducir diversas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que lo afronten en su integridad», ya que, a pesar de que sí que se han producido algunos avances legislativos, «es necesario reforzar el derecho a la propiedad privada y medidas específicas para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles».

Cada vez que sufren una ocupación ilegal, las comunidades de vecinos se encuentran desprotegidas para actuar y poner fin a una situación que amenaza la convivencia y la seguridad, ya que no tienen las herramientas legales para enfrentarlo. También los Ayuntamientos se ven limitados cuando precisan actuar contra este tipo de hechos en sus municipios, pese a ser la administración más cercana a los vecinos y las que lo sufren de manera más directa.

«Una vez más, se está dando la espalda al problema de la ocupación ilegal de viviendas», ha puesto de manifiesto Gema Gómez, quien asegura que «desde Ciudadanos queremos proteger a todas las familias y vecinos de esta lacra social».

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