Cinco pueblos de Valladolid crean un frente común para «buscar una solución» contra los okupas

Así lo confirma la regidora de Renedo, Raquel González, quien asegura que, pese a que en la actualidad en su pueblo –al igual que en Zaratán «ya no tenemos okupas» (los vecinos se movilizaron el pasado sábado 19 y lograron echar a la única familia de okupas que había), han decidido sumarse a la iniciativa porque «sabemos lo que es y queremos seguir apoyando». «La idea es seguir quedando, ver cuál es la situación de cada uno y estudiar cómo podemos abordar esta realidad que de verdad es un dolor de cabeza. Ni nosotros ni Zaratán lo sufrimos ya, pero creemos que la unión hace la fuerza;sabemos lo que se siente y no queremos dejarles solos», argumenta González.

En el encuentro, mostraron cuál es la situación actual en sus municipios e intercambiaron impresiones sobre cómo abordar una realidad que les «trae de cabeza». «Valoramos los instrumentos legales con los que contamos; a ver si podíamos crear algún tipo de ordenanza, nos estuvieron asesorando y la verdad es de momento hay tal vacío que poco podemos hacer», lamenta.

Por el momento, explica Raquel González, la única baza con la que cuentan pasa por la recaudación de la tasa por abastecimientos de aguas. Ante la imposibilidad de cortar el suministro, solo plantean «denuncia por defraudación de agua».

Uno de los ayuntamientos que ya ha ganado una batalla judicial por este asunto es el de Cigales. La concejala de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, María Jesús García, que acudió al encuentro en representación del consistorio cigaleño, afirma que «no hay reclamaciones y hemos ganado un juicio por tema de agua» y anticipa que «empezaremos a denunciar por la electricidad». «Optamos por hacerlo con el agua porque lo recaudamos nosotros y lo tenemos controlado, pero hemos visto que hay pueblos que también se querellan por la luz y haremos lo mismo», apostilla la edil, quien insta a los propietarios a «tomar la iniciativa y ser responsables» porque, dice, «lo que nosotros podemos hacer son pequeñeces, ellos tienen el poder mayor». Según informa la Subdelegación del Gobierno, en la provincia, de 2008 a 2020 se han contabilizado 42 casas ocupadas de forma ilegal (26 de ellas, en Santovenia, y el resto, la mayoría entre Cabezón, Renedo, Cigales y Zaratán).

Hace meses, los regidores de estos pueblos mantuvieron una reunión con el subdelegado, Emilio Álvarez, y si bien esta vez «no vino porque era una toma de contacto entre nosotros», confirma González, solicitarán «ayuda a las instituciones y que nos echen una mano». «Al final, los vecinos recurren primer a la administración más cercana, que son los ayuntamientos, y poco podemos hacer nosotros. Todos tenemos la misma preocupación y esperemos que nos ayuden», sentencia.